miércoles, febrero 5, 2025
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“El Estado Constitucional del Derecho», debe ser el propósito de los servidores públicos y del pueblo

Tegucigalpa, Honduras

*** Es de coincidir con esas reflexiones. Las diferentes generaciones lo hemos vivido y sabemos que esa situación  tiene como causa principal las acciones y omisiones de los ciudadanos (as) que, a título de representantes y servidores del pueblo en diversos períodos, han gestionado indebidamente el Gobierno del Estado

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El ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, ante el clima de incertidumbre socio político que se vive en el país, señaló que;  “servidores públicos y pueblo, en afirmación de nuestra nacionalidad, debemos seguir y cumplir el propósito superior de la independencia y del Estado Constitucional de Derecho en el país, renovando e innovando con una nueva y diferente realidad de respeto a la dignidad humana y al bienestar común, para toda la población».

Herrera Cáceres, al respecto también agregó que «con la debida determinación de unión patriótica constitucional por el impulso efectivo de nuestro Estado democrático pluralista y el desarrollo sostenible local y nacional, compartamos internacionalmente dicho mensaje y afiancemos mayor solidaridad con otros pueblos del mundo, que tienen similares expectativas en sus respectivos Estados”.

En tal sentido, al aproximarse la celebración de la independencia patria, es importante recordar su objetivo fincado principalmente en la transición de provincias coloniales a Estados gestionados por gobiernos electos libremente  y dedicados a corregir la situación de violación generalizada de la dignidad humana, desigualdad, pobreza, corrupción y de falta de respeto a la libre voluntad de los pueblos.

¿Se ha mantenido y concretado esos objetivos en el Estado Constitucional de Derecho, hasta la fecha?.- «La independencia y el Estado Constitucional de Derecho están históricamente vinculados por el objetivo supremo de dignificación humana y bienestar común de la población en Honduras. Independencia cuyo alcance se enfatiza al proclamarse expresamente, en las primeras constituciones de 1825 y 1839, que el Estado de Honduras es libre, soberano e independiente “de toda  potencia o gobierno extranjero, y no será jamás patrimonio de ninguna familia ni persona”; y al centrarse en el funcionamiento del Estado por medio de gobiernos responsables primordialmente de los derechos humanos y libertades fundamentales de los habitantes y del fomento del bien común del pueblo con la utilización exclusiva, a ese efecto, de los recursos y riquezas del país, por medio del desarrollo. Lo que sucedió también en el resto de los Estados centroamericanos que, desde el siglo XX, asumieron la forma política de «democracia constitucional».

Sin embargo, hemos avanzado significativamente poco en la observancia de nuestra propia libre determinación como pueblo, en el ejercicio auténtico de nuestra independencia y en la aplicación cierta, en la realidad social, de nuestras constituciones para materializar la esencialidad legítima de ese propósito superior, tal como lo evidencian la pobreza y el subdesarrollo nacional que siguen siendo históricamente males públicos que afectan la seguridad humana a que tiene derecho la gran mayoría de nuestro pueblo.

¿Cómo se explica entonces que, siendo ese el objetivo supremo de la independencia nacional y del sistema político constitucional de Honduras, la mayoría del pueblo viva en situación de pobreza y desigualdad social y que seamos todavía un país subdesarrollado, a pesar de nuestros recursos, riquezas y potenciales?

Hace más de cuarenta años, el ciudadano y jurista don Pedro Pineda Madrid expresó excepcionales reflexiones documentadas sobre ello, en sus Notas Sobre el Derecho Constitucional Hondureño. En esas notas afirmó que por la falta de mística de servicio público en los ciudadanos (as) que ejercen los poderes del Estado: las constituciones no han significado el correspondiente ejercicio de la democracia, en Honduras. A su cívico y documentado juicio, ello se debe a la falta de civismo profundamente arraigado en la conciencia nacional y nos advierte que mientras no hallemos como pueblo un medio eficaz y duradero para lograrlo, éste será un mal que no se curará con agregar una Constitución más, a la serie de constituciones ya puestas en vigencia.

Es de coincidir con esas reflexiones. Las diferentes generaciones lo hemos vivido y sabemos que esa situación  tiene como causa principal las acciones y omisiones de los ciudadanos (as) que, a título de representantes y servidores del pueblo en diversos períodos, han gestionado indebidamente el Gobierno del Estado. Ciudadanos (as) hondureños que, en representación de nosotros el pueblo, han ignorado o no han tenido presente el fin supremo constitucional hacia el cual deben orientar siempre todas sus actuaciones, por medio del fomento efectivo del desarrollo para lograr bienestar y efectividad de la dignidad humana. Lo que inclusive los ha conducido a infringir la prohibición, a todo Estado, de privar al pueblo de sus propios medios de subsistencia. Lo que ha afectado también el logro del disfrute de los demás derechos humanos de la mayoría de la población hondureña.

Ha habido también responsabilidad ciudadana de nuestras sucesivas generaciones porque, como pueblo, hemos desatendido la necesidad e incumplido el deber de mantener unión solidaria en la exigencia del funcionamiento legítimo, de todos esos servidores públicos, en su conducta debida en la gestión del Estado hacia el fin supremo de asegurar progresivamente la dignidad humana y el bienestar común.

 ¿Cómo solucionar, en Honduras, esa situación injusta u orden de cosas inconstitucional y contrario a nuestra independencia nacional?

La solución está en la aplicación cierta y real de la Constitución de la República y leyes compatibles con ella y en educar o capacitar, al pueblo, en cultura democrática y derechos humanos incluyendo la consideración especial del derecho al desarrollo. Algo se ha iniciado ya en esa dirección.

Por ejemplo, desde el 2015, propusimos, siendo asumido posteriormente por el Estado, el compromiso de insertar estratégicamente la educación formal en cultura democrática y derechos humanos en el currículo nacional básico, para lo cual, hasta el 2020, se avanzó significativamente, pero el compromiso estatal está aún pendiente de ser cumplido.

No obstante, desde el 2016, para demostrar la factibilidad, eficacia y eficiencia de esa educación o capacitación básica en la construcción de ciudadanía, pusimos paralelamente en práctica un programa de educación continua no formal de educación en cultura democrática y derechos humanos.

Programa que dio frutos estimulantes en treinta y seis “Municipios de Bienestar Solidario” al posibilitar avances en la implementación pluralista de democracia desde lo municipal, con la” Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Sostenible Local” que, hasta el 2020, generamos, empoderamos y se puso en práctica en esos ámbitos territoriales.

Esa Estrategia centrada en el bienestar de la población, con atención especial a los sectores poblacionales más desfavorecidos de los territorios municipales, involucró también a los alcaldes y otras autoridades presentes en el municipio respectivo, por el deber constitucional del Estado de promover el desarrollo nacional.

Deber cuyo cumplimiento la Constitución sujeta a una planificación estratégica en la que el Plan de Nación para el desarrollo integral y los respectivos programas son de obligatorio cumplimiento por los sucesivos gobiernos.

Mandato constitucional que está complementado por la vigente Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras que prescribe, en este período, la adopción  y puesta en vigencia del segundo Plan de Nación de Honduras hasta el 2034, adecuando, en esa dirección, el plan de gobierno actual y en su momento los siguientes, para ser ejecutados con presupuestos nacionales y locales orientados a ello y que garanticen la eficacia y eficiencia del gasto conducente al logro de las metas de dignidad y bienestar del pueblo, en el corto, mediano y largo plazo.

Para el pueblo es vital valorar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República  como el principal instrumento del Estado para superar efectiva y concretamente la situación nacional de crisis y garantizar, cada vez más, por medio del desarrollo nacional planificado, posibilidades concretas de digno bienestar en la vida de los (as) habitantes. Por lo que debemos velar por que el presupuesto 2023 y sucesivos, sean legítimos y legales, como resultado de planificación con acciones, actividades, programas y proyectos que permitan alcanzar las metas y objetivos del  segundo Plan de Nación hasta el año 2034; y de haber sido aprobado por el Congreso Nacional, así como ejecutado de conformidad al marco normativo presupuestario y, sobre todo, a lo que ordenan imperativamente la Constitución de la República y la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.

Así, la planificación, aprobación y ejecución del Presupuesto General con el propósito de cumplir con el Plan de Nación y Visión de País, tal como lo establece la Constitución y leyes, producirá mayor confianza entre la población o pueblo de que el Estado se gestiona legitima y legalmente por un buen gobierno que dirige hacia resultados esperados y ciertos que, en todo el territorio nacional, valoren, respeten y promuevan la dignidad humana y mejoren crecientemente la calidad de vida y de trabajo, con participación y contribución del pueblo.

Para complementar coherentemente ese esfuerzo interno de desarrollo sostenible de toda la hondureñidad: ¿Cómo se ejercería mejor la independencia nacional y nuestro Estado Constitucional de Derecho en las relaciones internacionales de cooperación e intercambio y en la participación en las organizaciones internacionales?

Honduras es parte del mundo y, a pesar de sus particularidades como pueblo, cultura, territorio y gobierno: la vida de sus habitantes es parte de la vida de la humanidad y sufre también las mismas amenazas y efectos dañinos del cambio climático, pandemias, divisiones y confrontación geopolíticas, guerras, crimen organizado, corrupción y otros males globales que a todos (as) afectan, con diferente intensidad, en su dignidad de personas y en la universalidad de sus derechos humanos.

Por eso y por ser Honduras un Estado democrático pluralista centrado en el respeto y protección de la dignidad humana, debe respetar la libre determinación y observar siempre conducta de buena vecindad con todos los pueblos de todos los Estados del mundo, con la salvedad de dar preferencia a relaciones diplomáticas bilaterales con Estados en donde todos los derechos humanos se respeten y protejan por los gobiernos de los respectivos Estados.

Por consiguiente, las relaciones internacionales bilaterales y multilaterales caracterizadas por la solidaridad y la colaboración, así como por el intercambio y el financiamiento, son tanto más pertinentes, oportunas y productivas, en tanto se realicen con Estados democráticos desarrollados y en desarrollo que buscan también propósitos nacionales similares y contribuyen internacionalmente, por medio de sus respectivos gobiernos y las organizaciones internacionales en las que participan, a afirmar y promover la dignidad humana  y el bienestar común de sus pueblos, así como la protección del planeta tierra.

La actual coyuntura  es excepcionalmente oportuna para avanzar e insertarnos inteligentemente en un nuevo orden mundial cuyo diseño en curso trae consigo un proceso de transformación en los países y las organizaciones internacionales. En ese contexto de cambio, el  Secretario General de la ONU, en sus recientes informes dirigidos a todos los gobiernos y pueblos de los Estados Miembros, ha constatado y señalado también que los pueblos necesitan resultados concretos en su vida cotidiana por lo que es hora de renovar, volviendo a su primer estado el cumplimiento del contrato social entre los Gobiernos y la población, y dentro de cada sociedad, para restaurar la confianza y abrazar una concepción amplia de los derechos humanos.

Ha sugerido, a todos los Estados, celebrar diálogos inclusivos, a nivel nacional, para escuchar a toda la ciudadanía y permitirle contribuir a ello. Ha llamado igualmente, en el ámbito internacional, a una “revolución de apoyo” para ayudar a los países menos desarrollados del mundo y ha reconocido asimismo que es también hora de dar mayor eficacia de las Naciones Unidas y mayor inclusión e interconexión a las organizaciones multilaterales para la aplicación de los propósitos y principios de la Carta de la ONU, y para mejorar las respuestas a los males públicos globales.

Del 18 al 25 de septiembre 2023, en ocasión de la Asamblea General de la ONU, los gobiernos al más alto nivel de los Estados miembros tendrán la oportunidad de abogar por una renovación en esa dirección, en especial en: la cumbre y el debate general sobre el relanzamiento de la Agenda 2030 para la realización esperada de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible; el Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo, a fin de movilizar recursos financieros para ello;  la Reunión de alto nivel sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias; la Reunión de alto nivel acerca de la cobertura sanitaria universal (“salud para todos”) y el reforzamiento de los sistemas sanitarios; y la Reunión de alto nivel sobre la lucha contra la tuberculosis que busca poner urgentemente fin a esa epidemia mundial. Se realizará también la Reunión ministerial preparatoria de la Cumbre del Futuro 2024, para mejorar la  gobernanza y cooperación mundial dirigida a contribuir a la vida digna de las personas.

Es de confiar en una  activa e inteligente participación propositiva y constructiva de nuestro Gobierno, en nombre de todos (as) nosotros el pueblo hondureño, para contribuir a encauzarnos por el propósito superior de la libre determinación de los pueblos, la independencia, la democracia y el Estado nacional e internacional de Derecho, afirmando nuestra nacionalidad hondureña en el impulso efectivo de un orden nacional e internacional que posibilite una nueva y diferente realidad de respeto a la dignidad humana  y de bienestar común, para todos los pueblos. MO/hondudiario

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