*** Varios sectores económicos consideraron que esta acción es otro “golpe” a las aspiraciones de desarrollo y progreso, prácticamente “le tira la puerta en la cara” a la inversión extranjera.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading
El economista del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kafatti, señaló que, aunque Honduras e retire del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), siempre deberá responder por las demandas millonarias que enfrenta actualmente.
En primera instancia dijo que es un “sabotaje” que pone en riesgo la estabilidad económica, “Honduras siempre tendrá que responder ante demandas, no se va a librar”.
Añadió que, con esta decisión, “hay malas señales” que son enviadas a los inversionistas a quienes prácticamente se les está diciendo “no vengan a Honduras” e insistió en que es un “autosabotaje” económico.
El Estado de Honduras enfrenta varias demandas millonarias, que han sido interpuestas por Inversiones y Desarrollos Energéticos, S.A., Juan Carlos Arguello & Ernesto Arguello, Norfund and KLP Norfund Investments AS, Scatec ASA, Autopistas del Atlántico, S.A. de C. V., JLL Capital S.A.P.I. de C.V.
La cantidad total de las demandas ascienden a 12 mil millones de dólares, que se refleja en una carga significativa para las finanzas del país. Durante el 2023, el Congreso Nacional derogó la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, (ZEDE), pero está pendiente la ratificación constitucional obligatoria.
Por lo que, Próspera ZEDE interpuso una demanda contra Honduras por 10 mil 775 millones de dólares.
En el 24 de febrero del presente año, el Banco Mundial recibió una notificación escrita de denuncia al Convenio CIADI por parte de la República de Honduras, pero la denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de la notificación, es decir, el 25 de agosto de 2024.
Varios sectores económicos consideraron que esta acción es otro “golpe” a las aspiraciones de desarrollo y progreso, prácticamente “le tira la puerta en la cara” a la inversión extranjera y la comunidad internacional, enviando un mensaje “alarmante” de que en Honduras no se valora la seguridad jurídica ni el diálogo.
De su lado, la actual administración justificó que los contratos acordados en administraciones pasadas son lesivos y afectan al país lo que “obliga a este Gobierno a defender los intereses del Estado y se hace muy difícil llevar una docena de casos a un tribunal de arbitraje”. PC/Hondudiario
