miércoles, febrero 5, 2025
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Ley Especial de la CICIH condicionaría proceso de negociación “del que poco sabemos”

Tegucigalpa, Honduras

*** Esta ley busca otorgar a la comisión la capacidad legal de actuar como una entidad independiente.

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Abogado Rafael Jerez

El abogado Rafael Jerez expresó su preocupación respecto a la iniciativa de una Ley Especial de la Comisión Especial Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) presentada en el Congreso Nacional por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya, hija de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Según Jerez, esta propuesta podría condicionar las negociaciones con la ONU y modificar indirectamente códigos de la República, lo cual requeriría la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además, destacó la falta de transparencia en el proceso de negociación y cuestionó por qué, si el Gobierno promovió una reforma constitucional, ahora busca una ley especial para la CICIH. También señaló que la iniciativa limitaría la capacidad de la CICIH para investigar y perseguir delitos, y vincularía la acreditación de querellantes autónomos al Fiscal General.

Diputada Hortensia Zelaya

“¿Qué dice el convenio y por qué sí sacan una ley especial, pero luego dicen que la ONU no quiere dar a conocer información?”, cuestionó el abogado.

Jerez lamentó que la iniciativa condicione el acceso a financiamiento internacional a la aprobación del Gobierno y destacó que implicaría la derogación de la inmunidad parlamentaria según la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

“De aprobarse este proyecto condiciona un proceso de negociación del que poco sabemos. Además, la ley especial implica la modificación indirecta de códigos de la República cuya reforma requiere opinión de la CSJ”, concluyó.

La diputada Xiomara Hortencia Zelaya Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó este miércoles ante el Congreso Nacional una propuesta de la Ley Especial para la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Esta ley busca otorgar a la comisión la capacidad legal de actuar como una entidad independiente en procesos legales, permitiéndole acusar y perseguir casos de corrupción tanto en el sector público como en el privado que hayan afectado al Estado. De momento, hay varias reacciones al respecto. OB/Hondudiario

 

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