*** Manaiza también se refirió a los conflictos dentro de la Secretaría de Seguridad.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
El diputado nacionalista David Manaiza expresó su preocupación sobre la política de seguridad en Honduras, calificándola de “no eficiente”, país actualmente sometido a un estado de excepción parcial.
Según Manaiza, “hasta el momento no presentan un mecanismo de seguridad que nosotros podemos decir que el Estado tiene una agenda de seguridad efectiva, están improvisando”.
Manaiza también se refirió a los conflictos dentro de la Secretaría de Seguridad, destacando que “la viceministra (Julissa Villanueva) no se siente segura en el país, es un hecho alarmante, un reflejo de la inseguridad que vivimos”.
El legislador detalló que, aunque no hay ninguna convocatoria oficial para sesiones en el Congreso Nacional, la bancada nacionalista “está lista” para abordar estos temas urgentes.
Petición al Congreso
En otra declaración, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, afirmó que un pandillero “ya es un criminal”, y propuso declarar como terroristas a los miembros de estructuras criminales.
“Estamos solicitando al soberano Congreso Nacional, en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, es decir, todos los poderes del Estado agrupados, que se tipifique como terroristas a los miembros de las estructuras criminales, llámese pandilla 18, MS-13 o narcotraficantes”, señaló.
Sánchez Velásquez mencionó el trágico incidente en el que cinco jóvenes fueron asesinados por mudarse a una casa, utilizando este ejemplo para subrayar su punto de vista. “El que es pandillero, ya es un criminal”, aseveró.
Estado de excepción
La medida del estado de excepción en Honduras, prorrogada ocho veces desde finales de 2022, ha sido criticada por activistas y analistas que señalan violaciones a los derechos humanos. La activista hondureña Hedme Castro dijo que las cifras de violencia “gritan” en Honduras y que el estado de excepción “no ha podido disminuir” los homicidios y otros delitos.
Castro añadió que el uso prolongado del estado de excepción “es una violación a los derechos humanos”, ya que suspende algunas garantías constitucionales, lo cual estaría siendo utilizado para criminalizar a las personas más pobres.
Asimismo, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indicó que, desde la declaratoria del estado de excepción, con el objetivo de combatir la extorsión, han transcurrido más de 500 días con “escasos” resultados y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La ASJ destacó que no se han cumplido los requisitos establecidos en la Constitución, llamando la atención sobre la necesidad de revisar y evaluar la eficacia y legalidad de esta medida. OB/Hondudiario
