*** Albaladejo señaló que en el país “poco se ha logrado para fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario”.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
La representante de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Isabel Albaladejo, advirtió que las dos nuevas cárceles que el Gobierno de Honduras pretende construir este año, una en las Islas del Cisne, “podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario”.
Además, Albaladejo señaló que en el país “poco se ha logrado para fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario”.
“Nuestra oficina reconoce la apertura y voluntad del Estado de Honduras de avanzar en reformas y acciones de fortalecimiento institucional que permitan el respeto y garantía de derechos humanos expresadas en la solicitud de asistencia técnica formulada a OACNUDH en materia penitenciaria, seguridad y justicia que llevó a la adopción de la resolución 5430 por el Consejo de Derechos Humanos”, afirmó.
Sin embargo, según Albaladejo, el sistema penitenciario en Honduras ha enfrentado desde los años 90 una serie de problemas estructurales como el autogobierno, la corrupción, la ausencia de una carrera penitenciaria, el hacinamiento, la infraestructura inadecuada y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia por parte de las personas privadas de libertad. “En los últimos cinco años, la población penitenciaria ha oscilado en promedio entre 18.000 y 20.000 personas adultas en los 25 centros penitenciarios del país, aunque sólo cuenta con capacidad para alojar 14.780 personas”, subrayó.
Albaladejo también destacó que alrededor del 50 por ciento de las personas privadas de libertad están en situación de prisión preventiva, es decir, que no cuentan con una sentencia firme. “La ley del sistema penitenciario adoptada en el año 2012, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, no ha podido ser implementada adecuadamente, ya que el sistema penitenciario ha permanecido en diferentes estados de emergencia, trasladando el control y gestión penitenciaria a las autoridades policiales y militares”, explicó.
Para Albaladejo, los decretos de emergencia sucesivos no han permitido que se desarrolle la institucionalidad penitenciaria civil de manera sostenible. “En 2023, tras los trágicos sucesos de la Penitenciaría Nacional Femenina, donde al menos 46 mujeres privadas de libertad murieron violentamente, se ratificó el estado de emergencia y se trasladaron las funciones de control del sistema penitenciario de la Policía Nacional a la Policía Militar del Orden Público a través del Decreto Ejecutivo PCM 282023, recién prorrogado hasta diciembre de 2024 y por el Decreto Ejecutivo 182024”, detalló.
La intervención de la Policía Militar inició con fuertes operativos de requisa de armas y objetos ilícitos en los cuatro Centros de Máxima Seguridad y, posteriormente, en los Centros de Media y Mínima Seguridad durante junio, julio y agosto de 2023. “Nuestra oficina documentó, a partir de entrevistas de alrededor 500 personas, que durante la fase inicial de dicha intervención las personas privadas de libertad, en particular los presuntamente asociados con maras y pandillas, fueron golpeados, así como sometidos a privación de sueño y racionamiento de alimentos y agua, lo que pudo llegar a constituir una forma de malos tratos”, indicó.
En este contexto, Albaladejo mencionó que su oficina recibió testimonios de personas privadas de libertad que dijeron haber sido amenazadas por agentes de la Policía Militar de orden público para no denunciar o trasladar información a familiares u organismos e instituciones de derechos humanos.
A partir de septiembre, la intervención pasó a una fase de estabilización en la que se redujo progresivamente la frecuencia de las requisas para centrarse en clasificar las cárceles por estructura criminal y otros aspectos de control penitenciario. “Si bien la oficina reconoce los avances que se han realizado en materia de seguridad desde la intervención, además de la formación de nuevos agentes y oficiales penitenciarios y el lanzamiento de un programa de rehabilitación, reeducación y reintegración social para 1.400 personas, poco se ha logrado para fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario en línea con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, conocidas, como ustedes saben, como las reglas de Nelson Mandela”, concluyó. OB/Hondudiario
