*** Solo una mínima parte de los implicados en la extorsión reciben sentencia.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), informó este jueves que solamente un 3 por ciento de las denuncias interpuestas por los hondureños que son víctimas de la extorsión han acabado en una sentencia condenatoria en contra de las personas implicadas.
De tal manera que los resultados se muestran en el Monitor de Impacto de la Extorsión en Honduras, diseñado por ASJ para proporcionar un seguimiento continuo de los resultados obtenidos por el sistema de justicia penal en el combate contra la extorsión.
Detallaron que, desde diciembre de 2022, cuando se declaró el estado de excepción realizado por el gobierno hondureño con el objetivo de combatir la extorsión con mayor contundencia, han transcurrido 596 días; sin embargo, con un aproximado de 283,952 hogares que manifiestan ser víctimas de extorsión, según una encuesta efectuada por ASJ en 2023.
“De enero a mayo, 891 denuncias han sido interpuestas ante la Policía Nacional, pero sólo se reportan 484 detenciones y apenas 27 casos han derivado en una condena contra los acusados ante los juzgados competentes”, expresó la ASJ en un boletín .
La herramienta digital muestra un Índice de impunidad en extorsión de 99 por ciento, considerando las variables del número estimado de hogares víctimas de la extorsión y el número de sentencias condenatorias reportadas por el Poder Judicial. No obstante, considerando únicamente los datos oficiales presentados por las instituciones del sistema de justicia penal, con el número de denuncias registradas y el número de sentencias condenatorias, el Índice de impunidad por extorsión es de 97 por ciento, mismo que no está alejado de la percepción de la ciudadanía.
Añaden que, desde la sociedad civil organizada, la ASJ mantiene este monitoreo permanente de las estrategias implementadas por las instancias de seguridad y justicia para combatir el flagelo de la extorsión, para que se ejecuten en el marco de la ley, sin la necesidad de continuar con modelos de seguridad que limitan derechos humanos y garantías constitucionales de la ciudadanía como lo es el estado de excepción.
Terminando, la ASJ recomienda a la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Poder Judicial y demás instancias vinculadas a resguardar y colaborar con la seguridad nacional, a mejorar e implementar estrategias antiextorsión que resulten efectivas para el combate integral de la problemática que atraviesa la población hondureña, mediante la unión de esfuerzos con los sectores afectados, fiscales, jueces, sector financiero y sociedad civil. AB/Hondudiario
