*** ASJ insta al gobierno a mantener las Islas del Cisne como un espacio de conservación perpetua.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
La construcción de una mega cárcel en las Islas del Cisne, impulsada por el Gobierno hondureño, tiene generado un fuerte rechazo entre las comunidades del Caribe y defensores del medio ambiente, quienes denuncian la incoherencia administrativa y la exclusión ciudadana en el proceso.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, señaló que el proyecto vulnera compromisos estatales y destaca la falta de consulta ciudadana, así como la gestión ambiental deficiente bajo la cual se manejó la iniciativa.
Pese a que el gobierno expresó su compromiso con la defensa de áreas protegidas, la ejecución del proyecto en las Islas del Cisne, un territorio declarado área protegida, contradice esos compromisos, según el análisis de ASJ.
Las Islas del Cisne, la única área oceánica protegida en Honduras, fueron designadas como zona de turismo en 1982, zona de conservación ecológica en 1989 y Parque Nacional Marino en 1991. La región alberga el banco de peces Rosalinda, el mayor del continente americano, del cual dependen los pobladores locales para su subsistencia a través de la pesca y el turismo.
La construcción de la prisión en esta área podría tener un impacto devastador en la economía local, poniendo en riesgo los medios de vida de los habitantes y aumentando la inseguridad alimentaria, advierte el informe.
A pesar de las advertencias emitidas por defensores de derechos humanos, académicos y organismos internacionales, el gobierno ha seguido adelante con el proyecto, sin llevar a cabo las consultas ciudadanas requeridas. Hasta la fecha, más de 80 pronunciamientos de rechazo han sido emitidos por diversas organizaciones y comunidades originarias.
El Instituto de Conservación Forestal (ICF) ha reconocido en su Anuario Estadístico Forestal de 2022 que las Islas del Cisne forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH), lo que refuerza la obligación legal de proteger este espacio.
La ASJ también señala que la aprobación de una licencia ambiental en esta área protegida incumple la Ley Forestal, la Ley General del Ambiente y acuerdos internacionales como el Convenio de Biodiversidad y la Convención sobre la conservación de especies migratorias.
Además, se cuestiona la falta de transparencia en torno a los estudios de impacto del proyecto. No se sabe si existen análisis legales, técnicos, ambientales o financieros que justifiquen la viabilidad de la construcción en un área ecológicamente sensible.
Ante esta situación, ASJ insta al gobierno a mantener las Islas del Cisne como un espacio de conservación perpetua y propone la creación de una mesa de trabajo multisectorial para identificar otros sitios más adecuados para la construcción de la cárcel, minimizando así el impacto ambiental y social. OB/Hondudiario
