*** El comisionado presidencial en contra de las ZEDE, Fernando García, manifestó este sábado que las empresas que invirtieron bajo esta figura pueden acogerse a la normativa jurídica nacional.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
Diversos sectores del país reaccionaron a la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucionales las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), por violentar la soberanía nacional y calificarlas como inversiones de alto riesgo, ahora deberán acoplarse a la normativa vigente del Estado hondureño o abrir demandas que podrían costarle millones de dólares al pueblo.
Funcionarios del Gobierno celebraron el fallo que emitió la CSJ, con un pleno integrado por magistrados suplentes y delegados por la presidenta Rebeca Ráquel Obando, porque las ZEDE violentaban la soberanía de Honduras y excluían el imperio de Constitución dentro de determinados territorios.
El comisionado presidencial en contra de las ZEDE, Fernando García, manifestó este sábado que las empresas que invirtieron bajo esta figura pueden acogerse a la normativa jurídica nacional.
“Que no vengan a hablar que les estamos confiscando o expropiando, no hay nada de eso, pueden acogerse a los regímenes locales”, arguyó el funcionario.
García reiteró que desde el 09 de marzo del 2022, se les notificó a los empresarios que invertían bajo la figura de las ZEDE, que se acogieran a los regímenes fiscales y legales vigentes y acordes con la Constitución hondureña.
No obstante, cuestionó que hubo ilusionistas tanto políticos y del mismo sector privado, que les hicieron creer que la normativa jurídica de las ZEDE les iba dar estabilidad.
El dirigente de Libertad y Refundación (LIBRE) y actual canciller, increpó a los medios de comunicación por lo que él considera defender a las ZEDE, que las calificó de aberraciones jurídicas.
“Es interesante analizar cuánta capacidad de distribuir recursos tenían las Zedes para promover esta aberración jurídica, tanto en personas, intereses, voceros y hasta medios para que las defiendan en Honduras. Así como en cabildeos en el exterior para que atacaran a nuestro Gobierno por tomar una decisión soberana. Usando hasta agentes políticos extranjeros”, colgó en sus redes sociales.
Reina atizó que las ZEDE fueron una herencia de la narcodictadura, refiriéndose al gobierno anterior. “Enclaves modelo siglo XXI. Ahora quieren seguir torciendo la visión jurídica y defender lo indefendible, generando una falsa imagen de que afecta a la inversión. El daño y las terribles consecuencias de la narco dictadura siguen ahí”, concluyó el político y canciller hondureño.
Debate fuera del oficialismo:
Gustavo Solórzano, asesor jurídico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), concluyó que las son inconstitucionales y eran inversiones de alto riesgo, pero recordó que la CSJ anterior ya se había pronunciado de manera favorable y la actual con un fallo desfavorable.
El dirigente gremial de los abogados pidió al Poder Judicial ser congruente y generar certidumbre para el país. Recordó que en el pasado, los políticos destituyeron a magistrados de la Sala de lo Constitucional, por estar en contra de las Ciudades Modelo, antítesis de las ZEDE.
“Lo que encontramos fueron presiones políticas, se destituyeron magistrados por el Congreso Nacional. Después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concluyó en que las ZEDES son inconstitucionales. Este tipo de inversiones era de alto riesgo, lo dijimos desde COHEP. Se habla de que la sentencia tendrá garantías para las inversiones que ya se hicieron, habría que ver”, declaró a la radioemisora HRN.
Solórzano concluyó, que el Estado hondureño debe de tener “cuidado con la instrumentalización de la justicia”, pues eso es totalmente incorrecto y “nadie le va a aposar a un Estado donde las reglas están cambiando”.
Maribel Espinoza, jurista hondureña y diputada por el departamento de Yoro, reiteró que las ZEDE eran contrarias a la Constitución y dijo que la CSJ dio un fallo apegado a la Ley y sus deberes como máximo tribunal de la nación; no son héroes por eso.
“Las ZEDE eran una afrenta a la Constitución de la República, es un deber de la CSJ, ellos no son héroes, el único héroe es el pueblo”, dijo este sábado a medios de comunicación en Santa Bárbara, donde se encontraba en una actividad política, como precandidata presidencial del Partido Liberal.
Hizo un llamado al Gobierno para busque un arreglo y le evite al pueblo hondureño sufragar millones de dólares, por posibles demandas.
“Tendrá un impacto negativo porque hay inversionistas extranjeros, yo le digo al Gobierno, libérennos de una condena mayor y busquen un arreglo, eso es lo que corresponde, porque ellos no disponen de fondos personales, sino del pueblo hondureño. Ojalá que este pueblo tan empobrecido no vaya a ser condenado por un Tribunal en el extranjero, porque necesitamos esos recursos para más medicinas y salud”, concluyó.
¿Soberanía judicial o coyuntura política?
El dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, denunció que la CSJ declararía inconstitucionalidad de las ZEDE para motivar a la Fiscalía a presentar requerimientos en contra de los diputados de su partido y del liberalismo (Partido Liberal), para debilitar a la oposición intencionalmente durante el año electoral.
“LIBRE (Libertad y Refundación) viene a poner en el tapete las discusiones sobre las ZEDE; hay que cuidarse, ellos se han dado cuenta que son absolutamente impopulares y no puede ganar las próximas elecciones, que están siendo descubiertos en sus relaciones con el narcotráfico internacional y están acorralados”, dijo.
Jari Dixon, diputado de LIBRE por Francisco Morazán, instó a la Fiscalía para que presente acusaciones contra los parlamentarios que votaron a favor de las ZEDE, en períodos pasados del Congreso Nacional.
“Exhorto al Fiscal General para que inicie acciones penales contra todos aquellos y aquellas que impulsaron y aprobaron las ZEDE, por el delito de traición a la patria, recordándole que este delito no prescribe”, escribió Dixon en sus redes sociales.
“La patria está de fiesta, Honduras es una sola, y no la vendemos en pedazos. Felicidades y gracias a esos ocho magistrados y magistradas patriotas”, añadió, sin reconocer que como oficialismo no pudieron ratificar la derogación de las ZEDE, pese a que se tuvieron los votos en una primera instancia en 2023.
La derogación de las ZEDE debía ratificarse en una siguiente legislatura, pero el Congreso Nacional nunca volvió a agendar el tema, para la nueva votación.
Ante la incapacidad del Congreso, fue que la CSJ declaró la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las ZEDE, con efectos anulatorios por vulnerar artículos pétreos.
El siguiente paso, luego de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la CSJ, es meter a la cárcel a los que aprobaron las ZEDE , advirtió el dirigente del Partido Libre, Gilberto Ríos.
“Siguiente paso: ¡Prisión para quienes en el 2012 ZEDieron el territorio Nacional! ¡No más impunidad!”, escribió en sus redes el político. (Hondudiario)
