*** Uno de los puntos críticos que subrayó Orellana es que el Gobierno inicialmente intentaba otorgar a la CICIH un papel que sustituiría al del Ministerio Público.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, expresó su desconcierto respecto a la reciente propuesta del Gobierno hondureño a la ONU, que incluye una figura de “acusador privado” en el contexto de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Orellana, quien también ocupó el cargo de fiscal general de la República, mostró su preocupación por la falta de claridad en la propuesta presentada por la presidenta Xiomara Castro al secretario general de la ONU, António Guterres. “El problema son quienes están aconsejando. No entiendo qué es lo que realmente se está proponiendo, pero vamos a ver qué dice la ONU”, afirmó.
Uno de los puntos críticos que subrayó Orellana es que el Gobierno inicialmente intentaba otorgar a la CICIH un papel que sustituiría al del Ministerio Público (MP), lo que habría exigido una reforma constitucional significativa. “El gobierno pretendía que la CICIH sustituyera al Ministerio Público en el ejercicio de la acción pública penal, lo cual implicaba una reforma constitucional”, explicó.
Consciente de que esta propuesta es impracticable en el actual contexto legislativo, el Gobierno modificó su enfoque al considerar la figura del “acusador privado”, una opción que ya está contemplada en el Código Procesal Penal. Esta figura permitiría a las víctimas presentar acusaciones directamente, un cambio que Orellana ve con preocupación.
“En el caso de la corrupción, la víctima no es una persona individual, sino todos los ciudadanos, la sociedad, el Estado. Eso significa cercenar al MP de su función de ejercer la acción pública penal de oficio”, enfatizó Orellana, dejando claro que este cambio podría debilitar el papel del MP en la lucha contra la corrupción.
Además, el exministro insistió en que, para implementar la figura del acusador privado en casos de corrupción, sería necesaria una reforma constitucional, dado que se trata de un asunto de interés colectivo. “Esto es un tema de interés colectivo y el MP es el encargado de representar a la sociedad”, añadió.
A pesar de la incertidumbre que rodea la situación, Orellana hizo hincapié en que en Honduras “todo es posible”; advirtiendo que, en ocasiones, las reformas constitucionales no son discutidas por el Congreso Nacional, sino que son impulsadas por la Sala Constitucional.
En su opinión, lo adecuado sería respetar el marco constitucional actual y mantener al MP como la única entidad con capacidad para ejercer la acción pública penal, evitando cualquier modificación que pueda socavar su autoridad.
Finalmente, aunque reconoció la intención de la presidenta Castro de establecer la CICIH, Orellana cuestionó la calidad del asesoramiento que está recibiendo el gobierno. “El problema son quienes están aconsejando. No entiendo qué es lo que realmente se está proponiendo, pero vamos a ver qué dice la ONU”, concluyó el exfuncionario, dejando abierta la posibilidad de un desenlace incierto en este complejo panorama judicial. OB/Hondudiario
