*** ASJ subraya la necesidad de proteger los derechos ciudadanos, poniendo fin al estado de excepción.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
Dos años después de la implementación del estado de excepción como parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, el panorama en Honduras sigue siendo alarmante. Según un informe presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), más de 304,000 hogares en el país son víctimas de extorsión, un aumento de 74,126 desde el inicio de la medida en 2022.
El documento, titulado “Extorsión bajo la lupa: a dos años del estado de excepción”, detalla que la tasa de victimización por este delito creció del 9 por ciento en 2022 al 11.6 por ciento en 2024. El análisis se basa en una encuesta de victimización, entrevistas a expertos, solicitudes de información y revisión documental, según explicó la organización durante la presentación.
Implementado el 6 de diciembre de 2022 por la presidenta Xiomara de Zelaya como una estrategia para combatir la extorsión, el estado de excepción ha sido prorrogado 16 veces. Sin embargo, los resultados han generado controversia, pues tres de cada 10 hondureños afirman sentirse menos seguros bajo este modelo de seguridad, mientras persisten cuestionamientos sobre su impacto en los derechos ciudadanos.
Un aspecto llamativo del informe es la paradoja entre el aumento de hogares afectados y la disminución de denuncias y detenciones relacionadas con la extorsión. Mientras en 2021 se registraron 1,922 denuncias, en 2024 se proyecta un descenso a 484 casos. De manera similar, las detenciones por este delito caerían de 461 en 2021 a 175 este año, según datos recopilados hasta septiembre.
El problema afecta de manera desigual a distintas regiones del país. Ocho departamentos, entre ellos Intibucá, Choluteca y Atlántida, han registrado los mayores incrementos en tasas de victimización, siendo Intibucá el más afectado, con un alarmante 18.22 por ciento.
Además del aumento de la victimización, las violaciones a los derechos humanos asociadas al estado de excepción generan preocupación. Hasta septiembre de 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) había documentado más de 600 denuncias por atropellos vinculados a esta medida.
El informe señala que, de las 30 acciones propuestas en el Plan Antiextorsión, apenas cinco han sido implementadas parcialmente. Entre estas, se incluye la creación de mesas técnicas interinstitucionales y la capacitación de operadores de justicia. No obstante, medidas fundamentales como el fortalecimiento de unidades de inteligencia y reformas al Código Penal siguen sin concretarse.
Frente a esta situación, ASJ hace un llamado a reformular la estrategia de seguridad y a fortalecer el Plan Antiextorsión de manera integral. La organización propone la participación activa de la Policía Nacional, fiscales, jueces, el sector financiero, las comunicaciones y la sociedad civil para abordar el problema de raíz.
Asimismo, ASJ subraya la necesidad de proteger los derechos ciudadanos, poniendo fin al estado de excepción como medida permanente y restableciendo las garantías constitucionales. También insta a implementar estrategias que ataquen las causas estructurales de la extorsión, fomentando la confianza en las instituciones y promoviendo la denuncia como una herramienta clave para combatir este flagelo. OB/Hondudiario
