*** La audiencia contó con la participación de Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como “El Cachiro”.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, afirmó que el Ministerio Público tendría la obligación de actuar contra los diputados involucrados en casos de corrupción relacionados con sobornos provenientes del narcotráfico.
Sus declaraciones hacen referencia a los hechos revelados durante la audiencia del exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez, realizada en un tribunal federal de Nueva York.
La audiencia contó con la participación de Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como “El Cachiro”, quien ofreció testimonios sobre el pago de sobornos a líderes de tres partidos políticos en Honduras, así como su implicación en asesinatos y el tráfico de drogas. Rivera también señaló cómo el dinero ilícito habría influido en la elección de una junta directiva del Congreso Nacional.
“Con dinero de los narcos se eligió una junta directiva del Congreso Nacional, según pruebas evacuadas en juzgados federales gringos. Seguramente, el MP procederá contra los diputados corruptos que aceptaron sobornos de los narcos. Es su ineludible deber constitucional y legal”, expresó Orellana, también exfiscal.
Durante el proceso judicial, se presentó evidencia que vincula a Midence Oquelí con diversas actividades criminales, incluidas conspiraciones para cometer asesinatos. Uno de los casos mencionados fue el homicidio del periodista Nahún Palacios y de otras cinco personas, crímenes que, según las declaraciones, estarían conectados con el cártel de “Los Cachiros”.
Además, las revelaciones apuntan a que Oquelí habría proporcionado entrenamiento a estructuras criminales para que operaran como sicarios al servicio del mencionado cártel.
Devis Leonel Rivera detalló en su testimonio que dirigentes de tres de los principales partidos políticos hondureños (Partido Liberal, Libertad y Refundación (LIBRE), y Partido Nacional) habrían recibido sobornos. Este hecho ha causado conmoción, al mostrar cómo el narcotráfico infiltró la política nacional, comprometiendo a actores del sistema democrático.
La audiencia subrayó una preocupante interacción entre el narcotráfico y el aparato político de Honduras, dejando al descubierto la magnitud de la corrupción. El caso ha generado presión pública para que las autoridades hondureñas investiguen y procesen a los implicados, en cumplimiento de sus responsabilidades legales y constitucionales. OB/Hondudiario
