*** Hasta la fecha, el Conadeh ha recibido más de 700 quejas contra agentes de seguridad en el marco del estado de excepción.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó que las acciones realizadas bajo el estado de excepción, establecido en el decreto PCM 03-2025, son ilegales mientras no sean ratificadas por el Congreso Nacional, lo que podría comprometer la responsabilidad internacional de Honduras en materia de derechos humanos.
El Conadeh expresó preocupación por la publicación del decreto en el Diario Oficial “La Gaceta”, señalando que la prórroga del estado de excepción carece de la ratificación necesaria del Congreso, tal como lo estipula el artículo 187 de la Constitución de la República.
Este artículo exige que el Congreso ratifique, modifique o impruebe cualquier decreto de suspensión de garantías, asegurando así un equilibrio de poderes entre las distintas ramas del Estado. La falta de este proceso constitucional convierte en ilegales todas las detenciones, allanamientos e intervenciones realizadas por las fuerzas de seguridad.
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, destacó la importancia de este contexto, especialmente en un año electoral, ya que el mensaje enviado podría ser malinterpretado. Asimismo, subrayó que el Congreso aún no ha aprobado el decreto enviado por el Ejecutivo.
Cáceres advirtió que, sin la ratificación del Congreso, cualquier acción llevada a cabo por los agentes de seguridad sería considerada ilegal. Esto abre la puerta para que los ciudadanos presenten Recursos de Amparo ante la Sala de lo Constitucional por violaciones a los derechos humanos.
El decreto argumenta que ha habido una reducción en la tasa de homicidios y numerosas detenciones, pero Cáceres cuestiona la efectividad de estas medidas. Según él, es fundamental conocer cuántas de estas detenciones han sido judicializadas y cuántas personas han sido responsabilizadas por el Poder Judicial, datos que aún no han sido divulgados.
Hasta la fecha, el Conadeh ha recibido más de 700 quejas contra agentes de seguridad en el marco del estado de excepción. Estas quejas incluyen temas como desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de jóvenes, y extorsión, que sigue siendo un factor clave en la migración interna.
Desde diciembre de 2022, el Gobierno ha emitido 18 decretos ejecutivos para enfrentar delitos graves como la extorsión, el homicidio, el tráfico de drogas y secuestros. Sin embargo, la falta de ratificación de estos decretos por parte del Congreso genera dudas sobre su legalidad y efectividad.
El decreto más reciente, publicado el 5 de enero, establece un periodo de 45 días de estado de excepción en 226 municipios de Honduras. No obstante, su falta de ratificación continúa siendo motivo de preocupación para el Conadeh y otras instituciones de derechos humanos. OB/Hondudiario
