*** El Recurso impugna la suspensión de garantías constitucionales y advierte sobre los riesgos para el Estado de derecho.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), presentó este miércoles 05 de febrero de 2025 un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el Estado de Excepción decretado por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2022.
El recurso presentado por ASJ impugna la suspensión de garantías constitucionales establecidas en los decretos ejecutivos emitidos desde el PCM-29-2022 hasta el PCM-30-2025 por considerar que vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía y contravienen el marco constitucional y los tratados internacionales suscritos por Honduras.
La medida adoptada por el gobierno ha significado la suspensión, por más de dos años, de derechos constitucionales fundamentales como la libertad de asociación y reunión, circulación y la inviolabilidad del domicilio (allanamientos); así mismo, tiene un tiempo de duración limitado que no debe de exceder de 45 días, a menos que se dicte un nuevo decreto que implique la restricción de garantías constituciones por un nuevo periodo de tiempo.
El capítulo en Honduras de Transparencia Internacional argumenta en el recurso presentado que la extensión prolongada y la aplicación generalizada del Estado de Excepción violan principios básicos del Estado de derecho y crea un precedente peligroso en el ejercicio de las garantías democráticas.
ASJ sustenta su acción legal en la obligación del Estado de garantizar que cualquier restricción a los derechos fundamentales debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En ese sentido, ASJ subrayó que la implementación del estado de excepción ha excedido el plazo máximo de 45 días previsto en la Constitución y que, además, el procedimiento utilizado para la implementación del estado de excepción es incorrecto debido a que contraviene lo establecido en el artículo 187 de la Constitución.
A su vez, de las 18 declaratorias solo una cumple el procedimiento establecido, las demás carecen de los requisitos constitucionales requeridos, por lo tanto son ilegales.
“El Estado de Excepción no puede convertirse en una política de seguridad permanente. Su uso desmedido no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también evade la necesidad de implementar estrategias integrales para reducir los índices de violencia, extorsión e inseguridad generalizada que a diario enfrentan los hondureños”, afirmó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ.
Finalmente, la ASJ instó a la Corte Suprema de Justicia a cumplir su rol de garante del orden constitucional y a declarar con urgencia la inconstitucionalidad de los decretos que han sostenido el estado de excepción, especialmente en un escenario previo al proceso electoral del próximo 9 de marzo, en donde la garantía de elecciones libres y democráticas se ve amenazada ante un estado de excepción que coarta las libertades personales de los hondureños. AB/Hondudiario
