*** Los imputados están acusados de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
El Ministerio Público, a través de Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra una supuesta estructura que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014, acusada de desviar más de 96,9 millones de lempiras (unos 3,9 millones de dólares) destinados a capacitar a jóvenes y mujeres en extrema pobreza.
Entre los imputados se encuentran Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo del PRAF; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer, junto a otras 37 personas, incluyendo exempleados de la institución, representantes de empresas y ONG’s.
Todos ellos están acusados de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Según las investigaciones, los acusados habrían defraudado al Estado hondureño a través de 596 contratos vinculados a los programas Bono Juvenil y DiMujer, diseñados para ofrecer capacitación en oficios y carreras técnicas a personas en situación de pobreza extrema. Los fondos desviados ascendieron a 96.976.218,21 lempiras.
El esquema de corrupción incluyó la adjudicación directa de contratos a empresas y ONG’s sin capacidad técnica, utilizando “empresas de relleno” y fragmentando las contrataciones para evadir los procesos de licitación pública.
Además, los imputados habrían presentado informes falsos que justificaban capacitaciones que nunca se realizaron o que, en los pocos casos en que se llevaron a cabo, fueron de calidad deficiente.
El Ministerio Público determinó que existió una colusión entre los implicados, quienes fabricaron expedientes para ejecutar el pago total de los contratos, a pesar de no haber cumplido con los objetivos establecidos. Este fraude no solo causó un desfalco millonario al erario público, sino que también privó a miles de jóvenes y mujeres de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que los programas afectados, destinados a brindar herramientas para el emprendimiento y la superación personal, fueron utilizados como mecanismos para enriquecimiento ilícito.
En un comunicado, el MP señaló que este caso es un ejemplo más de cómo la corrupción afecta directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, limitando su acceso a oportunidades de desarrollo y perpetuando el ciclo de pobreza en el país. OB/Hondudiario
