***La ASJ recordó que en el último año una serie de investigaciones sobre la situación del subsector eléctrico del país y de la ENEE, evidencian pérdidas incontroladas, así como procesos de contratación de generación de energía que no han seguido los pasos debidos.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El director de Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, aseguró este martes, que el Decreto Ejecutivo PCM 138-2020 para la construcción de 14 represas, agudiza la situación precaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y pone en riesgo la institucionalidad y finanzas del Estado hondureño
«Nos preocupa el tema de la opacidad. Lamentablemente, las decisiones que tienen sumida a la ENEE en la crisis más grande de la historia, se tomaron en períodos electorales», dijo Hernández sobre dicho decreto.
Además, que «hay que respetar la institucionalidad, la ley general de la industria, la Comisión Reguladora de Energía y del Operador del Sistema».
«Hoy más que nunca, cuando el país ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, tenemos que buscar mecanismos que sean transparentes», añadió.
«Los fideicomisos se rigen por cuestión mercantil y aunque son proyectos de interés público, el pueblo no tiene acceso a la información y nos preocupa la opacidad», reiteró.
Además, a través de un comunicado, la ASJ recordó que en el último año una serie de investigaciones sobre la situación del subsector eléctrico del país y de la ENEE, evidencian pérdidas incontroladas, así como procesos de contratación de generación de energía que no han seguido los pasos debidos.
“Como resultado, se encuentran vigentes contratos con irregularidades que no han beneficiado a la población y han incumplido la reglamentación del país, lo que ha provocado un impacto negativo en las finanzas de la empresa y del Estado”, sostuvo.
Aseveró que el Decreto Ejecutivo PCM-138-2020 “eleva nuevamente nuestras preocupaciones e interrogantes, pues el mismo no muestra garantías para la transparencia, la debida congruencia y relevante claridad legal”.
Ante este escenario, la ASJ, mencionó que: Las soluciones para el mejoramiento del subsector eléctrico empiezan por la aplicación de la Ley General de Industria Eléctrica; no obstante, la aplicación discrecional del presente decreto podría excluir las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y del Operador del Sistema (ODS). No podemos seguir adoptando soluciones apresuradas en procesos que ignoran las leyes.
-Decisiones similares en el pasado han representado un alto costo para la ENEE y actualmente la tienen sumida en la más profunda crisis de la historia. Existe el riesgo de que, con la aplicación de este Decreto, se comprometan fondos del Estado sin contar con un análisis de la Unidad de Contingencias Fiscales, situación que podría agudizar aún más la condición precaria de la empresa. Por ejemplo, no se determinan límites de inversión al banco fiduciario para el proceso de licitación o concurso, mientras que al Estado se le compromete para que en 12 meses pagué al fiduciario el total invertido.
-Hoy más que nunca Honduras demanda que todos los procesos de gran inversión sean transparentes, para generar confianza y credibilidad del pueblo hondureño y la comunidad internacional. Sin embargo, el Decreto limita la transparencia, puesto que es regulado por un fideicomiso privado que se rige bajo normativas de opacidad y discrecionalidad. Por esa razón, es necesario retomar esfuerzos para reformar la normativa de alianzas público-privadas y para reglamentar los fideicomisos públicos; fomentando la transparencia, debido proceso, igualdad de participación y rendición de cuentas.
El escrito añadió que las contrataciones indebidas, mal planeadas y ejecutadas han sido parte de los factores que más han impactado al deterioro del subsector eléctrico en Honduras y que, por ende, es necesario tomar acciones que traigan beneficios a corto y a largo plazo para la población y el Estado de Honduras.
“También es imperativo que sectores de la empresa privada, como los bancos, no participen en este tipo de procesos que van en contra de la ley. Basta ya de negociaciones dañinas para los hondureños, de procesos de planeación acelerados que poco abonan a mejorar las condiciones del país y que impactan negativamente a la institucionalidad, las finanzas y al Estado de derecho”, sostuvo.
Finalmente, afirmó que desde la ASJ se mantendrán vigilantes para buscar el aseguramiento y protección de los intereses del Estado, en beneficio de los más vulnerables y de una sociedad más justa. GO/Hondudiario
