*** Sibrían añadió que “quiere que se revele información relacionada a la estrategia de los operativos de investigación, no se puede decir cómo se preparan, que personas son las que intervienen, colaboradores”.
[su_heading]Tegucigalpa,Honduras[/su_heading]
El Ministerio Público (MP), presentó un recurso de amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de no autorizar la reserva de una información solicitada por la Fiscalía.
De acuerdo a lo anterior, la sala constitucional admitió el amparo con suspensión provisional del acto reclamado y bajo la responsabilidad del recurrente.
La resolución SO-075-2020 emitida por el IAIP en fecha 9 de octubre del 2020, que resolvió una solicitud de clasificación información pública como reservada, contenida en el acuerdo N° FGR-007-2018 de fecha 6 de abril del 2018, promovida por el fiscal general de la República Óscar Chinchilla.
En ese sentido, el fiscal adjunto Daniel Sibrían indicó que el amparo va orientado contra la determinación del IAIP, “por ejemplo, nosotros mantenemos bajo reserva información de quienes nos alquila una casa segura, donde descansan víctimas y testigos protegidos.
“Ellos dicen que no debe de ser observado como una reserva, lo cual implica que se tiene que proporcionar a detalle de donde se encuentran esas viviendas, poniendo en riesgo a las víctimas, testigos, investigadores, no están entendiendo el sentido de la reserva”, manifestó.
Asimismo, apuntó la reserva tiene que ver no solo con fuentes de información y de lo que está dentro del proceso, todo lo que puede implicar un riesgo para los fiscales, agentes de investigación, testigos y testigos protegidos y demás sujetos pasivos del proceso penal”.
Continuó que “quieren que revelemos hasta los lugares donde se ubican las casas seguras y las estrategias en los procesos de investigación, operativos, equipo de tecnología, nos están negando un acuerdo de reserva de información, desconociendo el contenido del artículo 275 del Código Procesal Penal”.
En ese sentido, manifestó que “miembros del crimen organizado que manejen esa información la puede utilizar para atentar o intimidar a testigos, fiscales, agentes, poniendo en riesgo la vida, integridad física de las personas que están participando en el proceso”.
“Son 42 puntos de reserva, vinculados a la investigación y nos deniegan 38, es decir que el crimen organizado puede pedir cualquier información y tenemos que darles hasta las direcciones de las víctimas del delito y los testigos protegidos”, señaló.
De esta manera, sostuvo que “quiere que se revele información relacionada a la estrategia de los operativos de investigación, no se puede decir cómo se preparan, que personas son las que intervienen, colaboradores, pero ellos dicen que se debe de informar porque eso se maneja con fondos públicos, efectivamente, pero no se puede poner el acceso a la información de cómo se financia un operativo, por sobre el éxito de las investigaciones, y dos por sobre la seguridad de las personas que participan en los mismos”.hondudiario/AB
