***Una iniciativa de Ley que ordena la implementación de vigilancia en las áreas protegidas de la Bahía de Tela, norte de Honduras, fue introducida al Congreso Nacional y sigue sin dictaminarse.
[su_pullquote]Por: Josué Quintana Gómez [/su_pullquote] [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
La deforestación, aprovechamiento ilegal de tierras, sobrepesca y cacería se agudizan en el Parque Nacional Punta Izopo (Atlántida) debido a la indiferencia comunitaria y ausencia de consensos entre las autoridades para ejecutar acciones de protección, opinan ambientalistas en el norte de Honduras.
Para contrarrestar la degradación de este santuario natural, el Comité Interinstitucional de Ambiente y Áreas Protegidas de Tela (CIAT) impulsa la actualización del plan de manejo (2020 – 2032), que ya fue socializado con todas las comunidades, menos con Triunfo de la Cruz.
Técnicos ambientales del CIAT dijeron que en lo que resta de 2021 conversarán con las nuevas autoridades comunitarias para que “se trabaje juntos en la conservación del parque” y esperan que desde el patronato se comprometan a “la protección de sus mismos recursos naturales”.
El Parque Nacional Punta Izopo está al este de la bahía de Tela y fue declarado como tal mediante el decreto legislativo 261-2000, aunque su gestión comenzó en 1992 cuando un acuerdo presidencial (1118–92) le dio la categoría de Refugio de Vida Silvestre, instruyen documentos del mismo CIAT.
Esta área protegida forma parte del Corredor Biológico del Caribe Hondureño y se localiza entre los municipios de Tela, Arizona y Esparta, departamento de Atlántida. Su extensión total es de 21,551.69 hectáreas, entre terrestres y marinas, ilustran mapas del CIAT.
HONDUDIARIO conoció que la Procuraduría General de la República (PGR) busca algunos acercamientos con la dirigencia de la comunidad Triunfo de la Cruz, para comenzar a darle cumplimiento a la sentencia que dictó en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto al territorio ancestral garífuna, mismo que está dentro del Parque Nacional Punta Izopo.
El desacato al fallo de la CIDH tiene inconformes a los comunitarios en Triunfo de la Cruz, que bajo esa lamentación aún no llegan acuerdos con el CIAT para reunirse y socializar el nuevo plan de manejo para el santuario marino costero.
En la sentencia, la CIDH condenó hechos violatorios a derechos territoriales, cómo: la ampliación del casco urbano de Tela que hizo la alcaldía en 1989 y abarcó parte del territorio garífuna; además, el Instituto Nacional Agrario (INA) escrituró 44 hectáreas a favor de terceros, entre 1993 y 1995.
En 1997, la municipalidad de Tela traspasó a su sindicato 22.81 manzanas en Triunfo de la Cruz; la CIDH, también, condenó el desarrollo de los proyectos turísticos en la comunidad.
Andrés Matute, ambientalista radicado en Tela, opina que “es injusto” mezclar el tema de la sentencia y los delitos ambientales, porque “esa confusión” auspicia la degradación ecosistémica de la reserva.
“Punta Izopo tiene muchos años de estar declarado como parque nacional, es un patrimonio natural que deberían conocer todos los hondureños, pero es lamentable cuando en el pasado algunos dirigentes garífunas se han creído dueños del parque. Al estropear la labor de las autoridades y no haber un plan de manejo vigente, ellos impiden que se controlen todos los ilícitos ambientales”, denunció.
“Las etnias verdaderamente autóctonas de Honduras tienen menos atención del Estado y hasta desconocemos su verdadera cultura, los garífunas solamente quieren sobresalir ellos. Se burlan de nuestra forma de vivir porque los ladinos o mestizos si pagamos una infinidad de tributos por nuestras propiedades y viviendas. Ellos tienen grandes mansiones y no pagan un lempira a las alcaldías”, agregó.
Para conocer la cosmovisión del pueblo garífuna, respecto al futuro del Parque Nacional Punta Izopo, HONDUDIARIO intentó entrevistarse con dirigentes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), pero no hubo respuestas telefónicas.
Durante un conversatorio sobre los mecanismos de consulta libre, previa e informada, Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, se refirió en términos generales a la degradación ambiental.
“Estorbamos porque los últimos recursos y bienes comunes de la naturaleza están en nuestros territorios. Tenemos un gobierno dictatorial y asesino, a muchos nos tienen hambre, pero solamente por eso no nos vamos a callar”, atizó activista.
Futuro incierto para el santuario
Las quemas y tala no se detienen en el Parque Nacional Punta Izopo, pese a que las autoridades aseguran que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA) combate los delitos contra la naturaleza.
Un morador del Kilómetro 12, Arizona, denunció bajo el anonimato que los descombros siguen en su comunidad y otros sectores como, los bajos de Hicaque, Las Palmas, Kilómetro 16 y La Leona, todos dentro de los límites de la reserva.
“Le pido a las autoridades que paren todos esos descombros, pero que no solo investiguen a los trabajadores que hacen la limpieza de las tierras, sino que apliquen justicia a los dueños o encargados. Todo eso lo hacen para sembrar más palma (aceitera) y nos vamos a quedar sin bosque, ni fuentes de agua”, exclamó.
“Si las autoridades no hacen algo por ese parque va a desaparecer todo, lo que la gente no sabe es que esos pantanos son zonas de descarga cuando hay inundaciones y si sigue la destrucción después los afectados por la llena seremos nosotros”, añadió con lamento.
Durante una reunión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), en Tela, se planificaron varias acciones que serán financiadas desde 2022 con fondos de la cooperación alemana, se confirmó que Punta Izopo no fue priorizado entre los santuarios que serán salvaguardados mediante ese proyecto de los donantes internacionales.
Diversas fuentes del CIAT y del SINAPH dijeron extraoficialmente que Punta Izopo sería incluido “en una segunda etapa” porque actualmente “no tiene un plan de manejo actualizado”. Reiteraron que durante este segundo semestre del año trabajarían en esa socialización pendiente, previo a la aprobación del documento.
Pese a que el santuario quedó fuera de la primera etapa del Proyecto de Fortalecimiento al SINAPH, los comanejadores dijeron que buscan otras fuentes de financiamiento para ejecutar proyectos de conservación y sostenibilidad pesquera.
Operaciones de vigilancia y protección siguen en papel
Con el objetivo de resguardar a Punta Izopo, las Fuerzas Armadas (FFAA) inspeccionaron el parque a finales del año pasado, para identificar puntos y establecer destacamentos (Navales y Comando C9), pero hasta hoy todo sigue en intenciones, dijeron fuentes del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en Atlántida.
Otra promesa pendiente es la contratación de seis guardaparques más para asignarlos en Tela, porque el ICF había anunciado 10 en 2021 y solamente llegaron cuatro. Ellos que están asignados al Parque Nacional Jeannette Kawas y Punta Izopo sigue sin vigilancia alguna.
Antes de la pandemia por COVID-19, las máximas autoridades del ICF prometieron 200 guardaparques, pero apenas contrataron a 70 bajo un acuerdo con la Mesa de Organizaciones Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH). Sigue pendiente el reclutamiento de 130 más, de acuerdo al pilotaje anunciado.
Una iniciativa de Ley fue presentada en 2020 al Congreso Nacional para de forma “urgente” se ejecute un plan para aumentar la vigilancia de las FFAA, la presencia del Ministerio Público (MP) y dotar de recursos logísticos y financieros al ICF, para contener los daños en las áreas protegidas de la Bahía de Tela.
“Desde nuestra perspectiva, es importante mancomunar y respaldar los esfuerzos de los comanejadores para tratar el problema de las áreas protegidas. Ya fue introducida mi iniciativa y se le dio lectura. Está en las manos de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Nacional y espero que sea dictaminada cuanto antes”, relató Ana Rivera, parlamentaria por Atlántida.
La propuesta que Rivera ordena a la Secretaría de Finanzas proveer los recursos económicos al ICF en Atlántida, para la contratación de guardaparques y técnicos necesarios para poder dar respuesta a las necesidades de las áreas protegidas.
A la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) se le instruye en ser más rigurosa con la aprobación y renovación de licencias ambientales, con el fin de exigir y asegurar el cumplimiento de las medidas por compensación ambiental.
Todo eso quedó en papel porque la Comisión de Dictamen, que encabeza el diputado Yuri Sabas, todavía no mostrado interés en respaldar la propuesta, según Rivera.
“Sigue sin dictaminarse, supe que la Comisión está en manos de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, no hay dictamen porque no hay voluntad para estas cosas. Se pudo haber dictaminado antes. Vamos a esperar”, concluyó la parlamentaria atlantidense.
Fotos: Andrés Matute
