***Los republicanos del Senado ponen la frontera como parte del debate de salud pública y exigen suspender la cancelación del Título 42 o de lo contrario no habrá ni asistencia suplementaria para combatir la pandemia, ni tampoco paquete de gasto social, este último pieza clave para incluir la regularización de millones de indocumentados.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
Los republicanos del Senado ponen la frontera como parte del debate de salud pública y exigen suspender la cancelación del Título 42 o de lo contrario no habrá ni asistencia suplementaria para combatir la pandemia, ni tampoco paquete de gasto social, este último pieza clave para incluir la regularización de millones de indocumentados.
El Título 42 es una regla de salud pública que impide el procesamiento de migrantes en la frontera sur debido a la pandemia, por lo que son devueltos a México.
Tras los tres fracasos registrados entre septiembre y diciembre, luego que la principal abogada del Senado (Parlamentarian), Elizabeth MacDonough, rechazara planes de incluir la legalización de unos 6.5 millones de indocumentados en el paquete de gasto social, el liderazgo demócrata se guardó un as debajo de la manga para utilizarlo en las últimas dos semanas de este mes.
MacDonough argumenta que el plan de legalización propuesto por los demócratas “aumentaría el déficit fiscal en $131,000 millones durante los próximos 10 años” si se aprueba la anhelada reforma.
A mediados de marzo Univision Noticias reportó que, tras el receso legislativo de Semana Santa, el liderazgo llamaría a un voto para aprobar el plan de gasto del presidente Joe Biden “con la enmienda” de inmigración.
En ese momento la oficina del Senador Bob Menéndez (D-Nueva Jerrsey) confirmó los planes y dijo que “esperamos incluir el tema del camino a la ciudadanía para dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores del campo y trabajadores esenciales”, similar a lo que aprobó la Cámara de Representantes el 18 de marzo del 2021.
Para llegar a un voto, los demócratas deben garantizar que los 50 miembros de la bancada estén de acuerdo, entre ellos el senador Joe Manchin (West Virginia), quien ha dicho en reiteradas ocasiones que no apoya el proyecto de gasto social de la Casa Blanca.
Sin un acuerdo sobre esta iniciativa no hay espacio para una enmienda de inmigración como parte de un paquete de reconciliación. Se necesitan los 50 votos demócratas más el de la vicepresidenta Kamala Harris, quien rompe el desempate.
La semana pasada el sitio The Hill reportó que dos senadores, uno demócrata y otro republicano, se preparaban para comenzar a convocar a reuniones con el objetivo de reiniciar los esfuerzos de reforma migratoria interrumpidos en diciembre tras el tercer rechazo de MacDonough.
Los encuentros están previstos para la próxima semana, pero primero se harían a nivel de grupos interesados en debatir el tema, según dijeron los senadores Dick Durbin (D-Illinois) y Thom Tillis (R-Carolina del Norte). Pero a diferencia de los debates del año pasado, cuando se intentó agregar una Enmienda al paquete de gasto social, esta vez se habla de 60 votos. Es decir, un proyecto de ley completo como lo hizo la Cámara el año pasado.
Sin embargo, a pesar del optimismo de Durbin y Tillis, la posibilidad de aprobar por esa vía una reforma migratoria en un año de elecciones de medio término parece cada vez más lejos. El liderazgo republicano reitera que no aprobará ningún tipo de beneficio migratorio mientras el gobierno no ponga fin a la crisis en la frontera con México.
Y la oposición ha renovado su estrategia de ataque a la política migratoria de Biden tras el anuncio de la eliminación del Título 42 del Código de Estados Unidos, activado en 2020 en respuesta a la pandemia del coronavirus y que en los últimos 25 meses ha permitido la deportación acelerada de unos 2 millones de indocumentados en la frontera con México.
El expresidente Donald Trump acusó a Biden de “abrir las compuertas a un maremoto de inmigración” al abandonar el Título 42 y pidió a los republicanos que despidan al secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, si retoman el control del Congreso.
A principios de abril, los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) anunciaron el retiro del Título 42 tras una revisión de las medidas implementadas en marzo del 2020 para controlar la propagación del covid-19. Poco después, el DHS dijo que retirará la medida a partir del 23 de mayo.
La suspensión de la controversial política reactivará el debido proceso migratorio en la frontera, permitiendo que los extranjeros puedan pedir asilo y sus casos sean procesados tal y como lo dispuso el Congreso.
Simultáneamente, el gobierno anunció medidas para mitigar la avalancha ( el DHS estima procesar entre 6,000 y 18,000 casos de asilo diarios) entre ellas otorgar poderes extras a fiscales de inmigración y agentes de asilo para descongestionar la Corte de Inmigración que tiene más de 1.7 millones de expedientes acumulados.
A su vez, advirtió que seguirá deportando de manera acelerada bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA) a inmigrantes que no califican para asilo, y anunció la ampliación y construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes.
A pesar de los cambios y anuncios, los republicanos no ceden y mantienen el ataque al retiro del Título 42. Entre las cargas se cuenta una demanda entablada por los estados de Arizona, Louisiana y Missouri en la que piden a una corte que frene la eliminación de la cuestionada política y evite el ingreso masivo de extranjeros y el país se vea “envuelto en un caos”.
Los demandantes citan opiniones de legisladores demócratas quienes expresan dudas respecto a la capacidad de respuesta del gobierno para procesar la avalancha de casos que se espera después del 23 de mayo, cuando se retire el Título 42. Univisión/Hondudiario