De los lamentos a los hechos de dirigir con sabiduría todo el Poder Judicial
Por: Doctor Roberto Herrera Cáceres
Aun cuando sea de lamentar que, en esta oportunidad, tampoco se ha logrado, de dirigentes tradicionales de partidos políticos, el fin de sus actitudes electorales, viciadas y contrarias al derecho del pueblo a la democracia representativa y participativa, así como a la Constitución de la República que es la manifestación de la voluntad popular y norma suprema o fundamental que garantiza su obligatorio acatamiento, por gobernantes ,y gobernados, para asegurar la efectividad de la defensa y promoción de los derechos humanos de toda la población hondureña: expreso mi enhorabuena a todos aquellos conciudadanos que, por sus propios méritos, integridad e idoneidad, han asumido los cargos de Magistradas y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2023 – 2030.
A ellos me dirijo como integrante del pueblo o población que es de quien emana la potestad de impartir justicia y de su legítima impartición, por el Poder Judicial, en nombre del Estado de Honduras: por lo que señalo objetivamente la primera y permanente tarea de la Corte Suprema de Justicia que es vigorizar permanentemente, con actuaciones justas y sometidas al vigente Estado constitucional de Derecho, la confianza popular en el Poder Judicial en su legítimo papel como poder público al servicio de la sociedad, sin hacer discriminaciones de índole política o cualesquiera otras.
Ello puede lograrse, en gran medida, mediante la legitimidad del ejercicio de la atribución de la Corte Suprema de Justicia de dirigir acertadamente y con sabiduría, todo el Poder Judicial, en la potestad de impartir Justicia.
Para que ello ocurra, los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a que los Magistrados y Magistradas, individual y colegiadamente, demuestren concretamente siempre actuar con integridad, independencia e imparcialidad, en la impartición eficaz, eficiente, concreta y verificable de justicia con conocimiento, actuaciones acertadas y diligencia debida, únicamente sometidos a la Constitución de la República, al bloque de constitucionalidad y las leyes compatibles; para asegurar el pleno respeto y la protección debida de la dignidad humana y del bienestar común de toda la población hondureña, con atención especial al acceso a la justicia por quienes viven en situación de pobreza y en condiciones de vulnerabilidad.
Por ello, confiaremos en que el desempeño de esta Corte Suprema de Justicia evidencie una gestión pública de verdadera integración nacional y rinda anualmente cuentas al pueblo como respetable poder público independiente, imparcial y justo, con visión democrática pluralista que rechaza influencias partidistas u otras que atentan contra derechos humanos y bien común del pueblo, en nuestro derecho individual y colectivo, a actual digna vida humana y al goce constante de progreso social por venir.
