¿Gobernanza y Gobernabilidad en Honduras? Gobiernos y sociedad deben funcionar como medios para garantizar la dignidad humana y el bienestar común del pueblo en paz y libertad, conforme a la democracia real y al Estado constitucional de Derecho.
Por: Roberto Herrera Cáceres
Todos los seres humanos, en todo el mundo, somos personas con dignidad, con personalidad jurídica que nos da existencia efectiva ante la sociedad y el Estado como titulares de derechos humanos cuyo disfrute efectivo nos posibilitan vivir libres del temor y de las necesidades.
Proteger y promover esa dignidad con seguridad humana y bienestar común es lo que siempre hemos buscado como pueblo, manteniéndonos firmes en el compromiso de vivir en sociedad jurídicamente organizada como Estado democrático con la finalidad social del disfrute de vida con dignidad y bien común para toda la población, mediante la seguridad humana y el desarrollo que deben ser fomentados por los diferentes gobiernos que se suceden, a lo largo del tiempo, como servidores de las personas que habitamos Honduras, y quienes, a ese efecto, deben siempre actuar conforme a lo que ordenan la Constitución y las leyes compatibles.
No obstante, sufrimos de problemas coyunturales y estructurales que angustian a numerosos pueblos, entre ellos a la población hondureña, al afectarse la vida digna de las personas en democracia, con el debilitamiento de la participación ciudadana y de su confianza en la institucionalidad estatal y social, debido al mal funcionamiento del Estado y de la sociedad, que se han desviado del propósito de bien común y marginado o excluido del mismo, a la mayoría de la población en el territorio de su propio Estado y, con ello, han lesionado su dignidad y seguridad humana.
Entre los viciados hábitos que han contribuido a ello y caracterizan el sistema político, económico y social imperante, se encuentran: la democracia simulada o fingida que ha revelado, en general, el comportamiento y resultado de las actuaciones de dirigencias de partidos y de servidores públicos; la falta de prevención y solución de los diferentes casos y situaciones que amenacen y puedan vulnerar los derechos humanos de las personas individuales y de la población hondureña incluyendo sequías, inundaciones y otros efectos del cambio climático; el poco empeño en la lucha contra la pobreza, el hambre, el desempleo, las enfermedades; los niveles bajos de aprendizaje y educación; la corrupción; la falta de capacidad y compromiso en favor de la seguridad humana y del mejoramiento continuo del bienestar común, por medio de la implementación de la planificación del desarrollo sostenible, en el corto, mediano y largo plazo; la violencia, la delincuencia y la falta de trabajo decente que fuerzan a nuestros (as) compatriotas y sus familias a abandonar Honduras.
En síntesis, en Honduras, se vive en medio de la pobreza que afecta a más del setenta y cuatro por ciento de la población, negando el derecho de esa mayoría de personas a disfrutar de vida con dignidad, con lo que el Estado les vulnera gravemente sus derechos humanos y lo hace ante la pasividad del resto su propia sociedad, incumpliendo también la prohibición internacional de privar a un pueblo de sus propios medios de subsistencia, negándoles su derecho a vida digna como seres humanos.
A esa situación estructural se agrega la coyuntural que agrava también el incumplimiento del deber, del Estado y de la sociedad, de inmediata protección y defensa de todas las personas consumidoras y usuarias, en especial de las personas en condiciones de vulnerabilidad que, aún en la Honduras actual, han visto agravada su pobreza e inseguridad humana, por el aumento arbitrario y creciente del precio de los alimentos y servicios esenciales básicos, incluyendo la pérdida de su calidad.
Todo ello en negación de condiciones que permitan atender la necesidad vital de las personas de toda la población a la disponibilidad y acceso a la alimentación que garantice buena nutrición y otros determinantes sociales de la salud que favorecen el rendimiento productivo individual para el bienestar personal, familiar y de la comunidad nacional.
Malos hábitos que, en la práctica diaria, violan (sobre todo a los (as) pobres cuyo número continúa aumentando) el derecho a tener acceso y disponibilidad sobre esos bienes y servicios esenciales para una vida con dignidad: lo que es contrario a su derecho a la personalidad jurídica y a la solidaridad humana que debe prevalecer en una sociedad democrática; y que desconoce, a las personas, población o pueblo hondureño, el derecho fundamental que tienen de disponer, en Honduras, de sus propios medios de subsistencia.
Todo lo que nos lleva, como partes del pueblo, a llamar la atención de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a estudiar y considerar esta situación en la óptica de caracterizar su perfilamiento jurisprudencial y doctrinario como una figura de “explotación del hombre por el hombre”, al tenor de lo que prescribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ese contexto estructural y coyuntural de nuestra realidad nacional, revela una situación de transgresión grave del Estado Constitucional de Derecho; de la autodeterminación del pueblo en cuanto a su soberanía y derechos sobre los recursos naturales del territorio del Estado; del derecho a la personalidad jurídica; del derecho a la vida y demás derechos humanos de la mayoría de los integrantes de la población.
Ante esa realidad nacional, el Estado de Honduras ya debería estar diligentemente ocupado y dando soluciones progresivas a esos atentados contra la democracia real y el Estado constitucional de Derecho, transformando e innovando para corregir y evitar que sea el Estado mismo que, por medio de sus gobiernos y grupos determinados, victimice al pueblo soberano y titular de la democracia y de la Constitución.
Por su parte, la población tiene del derecho de expresar cívicamente su voz, sus derechos y obligaciones, sus necesidades, sus aportes o contribuciones y su solidaridad con los buenos gobiernos que cumplan con su responsabilidad de proteger y promover sus derechos humanos, garantizando la efectividad de soberanía y derecho a la democracia y a la Constitución de la población, para lograr disfrutar de su dignidad humana y bien común, conforme a la vigente Constitución de la República.
En esa dirección, es necesario no detenerse, frustrarse o desanimarse ante el humanamente inseguro sistema de vida que seguimos teniendo. Al contrario, necesitamos actuar solidariamente con opiniones, reivindicaciones y participación de la ciudadanía hasta lograr transformar ese sistema injusto en otro de vida con dignidad. Así, encarrilaremos o conduciremos, vigilaremos y aseguraremos la buena gestión pública de los diferentes gobiernos, según los mandatos imperativos y lineamientos constitucionales conducentes al logro de dignidad y bienestar común mediante el funcionamiento eficaz del Estado democrático y social de Derecho, actualmente vigente en nuestra República.
Concretar lo anterior requiere de un pronto diálogo y consenso social, municipal y nacional, que la ciudadanía y sociedad deben impulsar y peticionar. En efecto, la transformación hacia la dignidad de las personas y su bienestar común: debe iniciarse inmediatamente por decisión propia de la población y de la gestión de un buen Gobierno, contando con nuestros propios recursos naturales, riquezas y talentos humanos que aseguren la confianza nacional en la disponibilidad y accesibilidad a nuestros propios medios de subsistencia, en general para toda la población y dando prioridad a quienes viven en situación de pobreza; y con la aplicación efectiva del Estado Constitucional de Derecho que garantice la sostenibilidad de nuestro desarrollo conducente al bienestar común y a relaciones internacionales justas de prosperidad equitativamente compartida, como el mejor estímulo a mayor e incesante inversión y cooperación internacional, en y desde Honduras.
