***Se estima que al menos unos diez, entre decretos y leyes, constituyen los denominados “pactos de impunidad”, un marco normativo que blinda la corrupción en Honduras y que es urgente abolir (varios de esos decretos están a la espera de un tercer y último debate).
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presentó recientemente el tercer informe del monitoreo de la Agenda Anticorrupción del Congreso Nacional (CN), con el propósito de observar su cumplimiento y aportar ideas al debate en busca de crear una institucionalidad fuerte en la lucha contra la corrupción en Honduras.
La Agenda Anticorrupción fue establecida por la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo en el año 2022 y tiene entre sus tareas, el desmontaje del viejo marco jurídico y de su institucionalidad, así como la creación de nuevas leyes y una institucionalidad más transparente, independiente y legítima.
Por eso, este tercer informe, que comprende el monitoreo del período entre el 1 y el 28 de febrero de 2023, se enfoca en la necesidad de retomar los esfuerzos para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Sin embargo, paralelo a la instalación de una Misión anticorrupción, luego de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), el siguiente escollo de trascendencia histórica para este gobierno será la elección del nuevo fiscal general y el fiscal adjunto, evento que está previsto a realizarse en agosto próximo.
El Congreso Nacional tiene seis meses en los que podrá realizar reformas importantes que allanen el camino para que la nueva Corte y la Fiscalía hagan cambios sustantivos en la aplicación de la justicia, especialmente en el tema corrupción.
Por otro lado, subyace a la instalación de la CICICH, la urgencia de que los diputados y diputadas, especialmente los que integran la Junta Directiva, pongan en la agenda la derogación de decretos que son el fundamento del modelo de corrupción de los últimos doce años.
Se estima que al menos unos diez, entre decretos y leyes, constituyen los denominados “pactos de impunidad”, un marco normativo que blinda la corrupción en Honduras y que es urgente abolir (varios de esos decretos están a la espera de un tercer y último debate).
También es imperativo que, junto a las reformas legales en el Congreso, el Poder Ejecutivo realice los esfuerzos pertinentes para abrir espacios a organizaciones de la sociedad civil y a ciudadanos deseosos de participar en un proceso que es de interés general.
“El momento histórico es ahora. Desde el CESPAD así lo entendemos y por ello ponemos a disposición el presente informe, en un intento de incentivar esfuerzos en la lucha anticorrupción, con la esperanza de generar mejores escenarios para los hondureños”, dijo en el informe.
Instalación CICIH
En el período que comprende este informe, la elección de la Corte Suprema de Justicia para el septenio 2023-2030 protagonizó y ocupó la agenda del Congreso Nacional, ente que, finalmente, eligió a ocho mujeres y siete hombres como magistrados, entre ellos el primer afrodescendiente en ocupar ese cargo.
Si bien estos dos últimos aspectos, relacionados con el cumplimiento de la equidad de género y la inclusión del representante de un sector históricamente excluido, han sido parte de lo positivo y destacable del proceso, en la elección de la nueva Corte las cuotas partidarias primaron sobre los criterios de la meritocracia y se confirmó la ruptura de la alianza triunfadora en las elecciones de noviembre de 2021, así como la configuración de nuevos alineamientos políticos dentro del Poder Legislativo.
No obstante, es de reconocer también que se logró una integración distinta a la Corte saliente, con una combinación de méritos y pertenencia partidaria. La diferencia entre los nuevos magistrados y magistradas con sus predecesores dependerá de su propio accionar.
La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia reviste de una enorme importancia para el país, particularmente en el marco del proceso para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), el que tuvo un avance significativo con la firma del Memorándum de Entendimiento, pero que no es la suscripción del esperado acuerdo, que depende de una serie de elementos, entre estos la derogación de los decretos aprobados en el régimen anterior para obstaculizar el combate de la corrupción y blindar a las élites corruptas ante la justicia, conocidos comúnmente como “pactos de impunidad”.
Por eso, la sociedad hondureña continúa demandando que la Junta Directiva del Congreso Nacional priorice en la agenda de sesiones, la derogación de los decretos que constituyen el bloqueo a la persecución de la corrupción en Honduras.
En ese sentido, es imperativo retomar un paso se suma importancia, que solo será posible si se abrogan decretos como el 57-2020 que impide al Ministerio Público el comiso y secuestro de documentos de personas involucradas en casos de corrupción; el Decreto 130-2017: Código Penal, que da paso a una reforma que reduce significativamente las condenas asociadas a los actos de corrupción comprendidos en los tipos penales que corresponden a los delitos contra la Administración Pública; el Decreto 110-2014: Reforma a la Ley del Ministerio Público, que prohíbe a los servidores y funcionarios del MP “divulgar información sobre los asuntos que estén conociendo, salvo cuando la misma sea solicitada por alguien del mando jerárquico o tenga para ello la debida autorización del Fiscal General de la República.
También se enlista el Decreto 117-2019, mediante el cual se adiciona el artículo 10-A, al Decreto 363-2013, que contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que incorpora inmunidad a la función parlamentaria, disponiendo que “cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa”.
Es importante citar que esta reforma surge en el marco de la acusación presentada (24 de mayo de 2018), por el Ministerio Público, por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y delito contra la forma de gobierno contra los diputados José Tomás Zambrano Molina y Román Villeda Aguilar, al incorporar contenido no leído, ni discutido ni aprobado en la sesión del Pleno del Congreso Nacional, en relación con el Decreto 141-2017.
De igual forma se citan los decretos 93-2021, que contiene reformas a la Ley Especial sobre el Lavado de Activos, el 110-2014, que impide a los servidores y funcionarios del ente acusador del Estado divulgar información sobre los asuntos que estén conociendo, y el 130-2017, que limita los tipos penales aplicables a delitos relacionados con prácticas de corrupción y reduce las penas.
Entre otros, finalmente, se cita el Decreto 116-2019: Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, la que introdujo la obligación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), de la realización de una auditoría especial de los fondos destinados a programas sociales, dando a este órgano tres años para realizarla.
El panorama indica de forma muy clara que las reformas o derogaciones de los decretos antes señalados son indispensables para la instalación de la CICIH.
Pero ese paso todavía está lejos de cumplirse en el Congreso Nacional, de allí la trascendencia de que se prioricen en la agenda legislativa porque no hacerlo es dejar vigente el modelo de corrupción que se heredó del régimen anterior, y que limitaría la instalación y funcionamiento de una misión internacional como la CICIH, en el país.
La elección de la Corte Suprema significó un avance en el proceso de transición en que se encuentra el país, sometido durante doce años a un sistema de justicia que respondía más a los intereses de largo régimen autoritario instalado en el 2009 que a los de la sociedad en general, pero es apenas un paso en el camino que falta por recorrer.
Otros procesos que se avecinan y que son de sumo interés para garantizar a la CICIH un escenario integral de lucha contra la corrupción y la impunidad, es la elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto, así como la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas.
El Congreso Nacional tiene, en ese sentido, el reto y la oportunidad de poner en práctica mejores criterios que los que imperaron en la elección de la Corte Suprema de Justicia y mostrar su voluntad política para fortalecer la institucionalidad y crear el estamento jurídico necesario para la lucha contra la corrupción y la impunidad. GO/Hondudiario
Lea aquí el informe completo: Tercer-Informe-Legislativo-WEB-1
