*** La Comisión trabajará con doble horario en dos semanas para socializar la normativa.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, aseveró que hay confianza de que se aprobará la Ley de Justicia Tributaria, pero igual es necesaria una socialización de la normativa con todos los sectores del país y que iniciará este lunes.
Ayala, quien integra la Comisión Especial de dictamen del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, adelantó que las audiencias públicas comenzarán con el Colegio Hondureño de Economistas, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), organizaciones no gubernamentales relacionadas con la temática económica y fiscal.
En ese sentido, están enlistados el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación de Maquiladores, las Cámaras de Comercio y la Micro y Pequeña Empresa del país.
La Comisión trabajará con doble horario en dos semanas para socializar la normativa y después iniciar con la elaboración del dictamen para presentarlo y discutirlo en el pleno hemiciclo legislativo.
También se conoció que los agroexportadores igual han solicitado una comparecencia a la Comisión Especial Legislativa para saber más de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo. Lo mismo pidió el sector agropecuario y las representaciones populares organizados de Honduras.
“Tenemos listos los 50 votos de Libre y estamos seguros de que, al finalizar el proceso de socialización y dictamen, no solo contaremos con los (65 votos mayoría simple), sino con más”, dijo Ayala.
Según comentó, el apoyo vendrá luego de que el Sistema de Administración de Rentas (SAR), la Secretaría de Finanzas y la Administración Aduanera den a conocer el impacto de las exoneraciones fiscales, las consecuencias de que Honduras sea declarada como “paraíso fiscal” y la enorme disparidad de que los que menos ingresos son lo que sostienen la mayor parte de la recaudación tributaria.
La diputada recordó que ya se dejó claro que las remesas familiares no serán gravadas con impuestos.
Además, aclaró que no existe ninguna justificación para que haya despidos de empleados o se incremente el precio de los productos de la canasta básica, porque las empresas acogidas a los 18 regímenes fiscales existentes finalizarán su periodo para el cual se acogieron sin pagar impuestos al Estado.
Por otro lado, a la Comisión se le explicó sobre la regularización de todo el sistema de exoneraciones, pero eso no quiere decir que no habrá incentivos para el sector privado invierta en el país.
Con la ley se crearán dos regímenes especiales con condiciones preferentes para algunos sectores los cuales serán monitoreados.
La cuestionada ley
El 8 de marzo de 2023, el Poder Ejecutivo hizo público el contenido del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria con el propósito de “promover las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo como mecanismo de erradicación de la pobreza y contención de la migración”.
De acuerdo con la información disponible, la adopción de las reformas a la Ley de Justicia Tributaria implicaría reconocer a nivel Constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir, que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana. Adicionalmente, se limita el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años.
Además, se estarían derogando los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias.
También crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer la inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales.
Otro aspecto está encaminado a cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Así mismo, eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario.
Hasta ahora, algunos sectores como la empresa privada se manifestaron en contra, por lo cual se ha generado un debate entre diversos actores sobre las posibles consecuencias que se puedan suscitar en cuanto a un impacto en la economía del país, en particular sobre los grupos en condición o situación de vulnerabilidad. OB/Hondudiario
