*** Según Amador, fueron los empleados quienes hicieron la solicitud de permiso para marchar a las autoridades y fue aprobada por la actual alcaldía municipal de Choluteca.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), Javier Amador, aseguró que “nadie financió las marchas” del pasado 9 de mayo para protestar en contra de la Ley de Justicia Tributaria, tras conocer el vituperio que pronunció el Gobierno en las últimas horas.
“Nadie financió las marchas, definitivamente fue una marcha voluntaria, lógicamente hay gente que organiza para que no haya un desastre, justamente la marcha fue muy pacífica, no hubo ni un insulto ni paredes rayadas, ni quemamos llantas ni se hizo nada que fuera en contra de la seguridad de la población”, declaró el líder empresarial.
Según Amador, fueron los empleados quienes hicieron la solicitud de permiso para marchar a las autoridades y fue aprobada por la actual alcaldía municipal de Choluteca.
“Si esto lo ven como una amenaza, como una anarquía y como un atentado contra la seguridad del Estado, estamos en una situación extremadamente contradictoria”, consideró.
El empresario recordó que los centros de salud de la capital estuvieron tomados por colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) durante más de dos semanas, “con eso sí se atentó contra la seguridad y con la salud del Estado y nadie hizo nada por desalojarlos, simplemente negociaron”.
“Esa si es anarquía la que hizo la gente que se tomó los centros de salud”, señaló.
Al dejar sin atención médica a miles de capitalinos, no hubo ningún tipo de acción ni de interpretación de anarquía, la marcha de los empleados de empresas camaroneras, meloneras y azucareras de la zona sur, “que fue una marcha pacífica que no dañamos a nadie, lo toman como anarquía, completamente contradictorio, lastimosamente”, insistió.
El director ejecutivo de la Andah refirió que, si van a capturar a los responsables, “van a tener que venir a buscar al alcalde que fue quien autorizó la marcha, a Quintín Soriano, van a venir a acusarlo a él, a judicializar a él, porque él fue quien dio el permiso”.
También el Gobierno tendría que perseguir a las asociaciones de empleados, ya que ellos hicieron la solicitud para marchar de manera ordenada, en el marco de la ley, según comentó.
“Si es un delito, pues van a judicializar a todos los empleados porque es una asociación de empleados y al alcalde con toda la corporación”, reiteró. OB/Hondudiario
