*** “En Honduras, el Estado democrático de Derecho ordena imperativamente, a los poderes e institucionalidad pública, respetar y garantizar esos derechos y libertades, aplicando directamente las normas de la Constitución, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales”, sostiene el doctor Herrera Cáceres.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
“Las libertades de pensamiento y opinión, de expresión y de acceso a la información son derechos humanos fundamentales de todas las personas, incluyendo a quienes laboran, dirigen o son propietarios de los medios de comunicación masiva, por lo tanto, las amenazas o atentados contra el ejercicio de esas libertades son actos ilícitos que vulneran la dignidad humana y afectan elementos esenciales de la democracia”, expresó el ex ombudsman hondureño el Roberto Herrera Cáceres.
El doctor y experto en la defensa de Derechos Humanos, entrevistado por el primer periódico digital de Honduras, sobre las amenazas o atentados contra las libertades de acceso a la información, de opinión y de expresión, promovidas por varios sectores y desde el Congreso Nacional que nombró una comisión para investigar el quehacer de los medios de comunicación y periodistas en general, agregó que esto impiden a las personas, defender y fortalecer su capacidad para decidir y llevar a cabo sus actividades en sociedad democrática, así como contribuir a la formación de la opinión pública; a su participación en las decisiones políticas, y en veedurías de control social y rendición de cuentas sobre la gestión del Estado.
Al respecto, señaló que “en Honduras, el Estado democrático de Derecho ordena imperativamente, a los poderes e institucionalidad pública, respetar y garantizar esos derechos y libertades, aplicando directamente las normas de la Constitución, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales”.
“Ningún poder u otra institucionalidad pública, grupos o pueden hacer interpretaciones del texto constitucional y de los tratados internacionales aplicables con el propósito de realizar actos encaminados a la destrucción de esas libertades o a limitarlas en mayor medida que en la prevista expresamente en esos instrumentos jurídicos fundamentales”, agregó.
Asimismo, refirió qué, en el caso de amenazas o vulneraciones o interpretaciones arbitrarias, los afectados pueden interponer recursos contra esas actuaciones ante autoridades administrativas correspondientes o el Poder Judicial hondureño; y, “en su momento, presentar peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con eventual sometimiento del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Sobre la actual situación que se vive en el país, del perjuicio de la mayoría de la población de todas las edades y que se frustra por las constantes violaciones a los derechos humanos, provocando que por la vía de la migración forzada, miles de hondureños son expulsados de nuestro territorio nacional, Herrera Cáceres, indicó que “la realidad actual de Honduras es principalmente de subdesarrollo y creciente pobreza, desempleo, hambre o desnutrición, falta de salud básica y de educación de calidad y, en general, de falta de oportunidades suficientes para vida digna de la mayoría de las personas”.
Una situación que se experimenta por “las amenazas o males públicos a nuestra sociedad nacional o pueblo entero y al Estado democrático con finalidad social, cuya construcción nos determinamos y comprometimos constitucionalmente a levantar, pero que aún no hemos logrado por el incesante fraude a la Constitución y la corrupción, la débil participación ciudadana y la falta de unidad solidaria del pueblo o la sociedad”.
Sobre esa situación, se le preguntó, ¿Cuál es y ha sido el papel de la llamada “clase política” en el Estado y en la calidad de gestión pública por sucesivos gobiernos; y cual podría ser el inicio de una solución para hacer realidad la constitucional democracia humanista y un más efectivo Estado Constitucional de Derecho que garanticen vida digna y bienestar para todas y todos los habitantes?
El ombudsman indicó que “los actuales problemas y crisis que afectan la dignidad humana de la mayoría de los hondureños y hondureñas siguen existiendo y complicándose por la conducta de ciudadanos que utilizan la política para atender sus intereses propios, los de sus familias o grupos de interés”.
“Esos ciudadanos se consideran miembros de la clase política y que son quienes han formado o integrado los sucesivos gobiernos, sin seguir el orden jurídico – político constitucional del Gobierno de nuestra república democrática hacía del fin supremo del Estado y la sociedad; y han preferido desviarse de ese fin supremo y orientarse al logro de beneficios personales, de su familia o de sus grupos de interés, actuando arbitrariamente como verdaderas dictaduras”.
Recordó que desde la tercera década del siglo XIX, nuestro sabio José Cecilio del Valle se ocupó de esa clase de ciudadanos que han asumido y continúan asumiendo el papel de políticos y de dirigentes partidos, quienes se caracterizan por sus comportamientos y objetivos socialmente dañinos, al hacer de la política su medio personal de vida para lograr sus ilimitadas ambiciones, las de su familia y allegados, sin importarles la dignidad humana ni el bien común del pueblo que dicen querer beneficiar o, en su caso, representar.
“El sabio Valle nos hizo también un llamado a tomar las precauciones del caso en nuestra relación con esas personas y resaltó inclusive que el espíritu de familia en la gestión de los gobiernos de los Estados no es característica ni título justo de un gobierno de un Estado democrático instituido para bien universal de todas y todos los habitantes. Recordemos que en nuestras primeras Constituciones de 1825 y 1839 se proclamó normativamente que el Estado de Honduras es independiente de toda potencia o gobierno extranjero, y no será jamás patrimonio de ninguna familia ni persona”.
Muchos años después, en el siglo XX y en este siglo XXI, constitucionalistas y ciudadanos hondureños hemos estudiado y hemos abordado esa situación en libros, artículos y otros, coincidiendo en que esa “clase política” se ha mantenido conformada por políticos con las características ya señaladas y con los mismos fines, sin que – como pueblo entero o sociedad – hayamos reaccionado en ejercicio de nuestra soberanía para reivindicar la legitimidad del funcionamiento y logro de resultados sociales efectivos de la gestión pública por los sucesivos gobiernos de nuestro constitucional Estado democrático.
A lo anterior se agregó que, entre el 2020 y el 2024, ciudadanos miembros de diferentes partidos políticos han reconocido expresamente, en declaraciones y entrevistas de prensa, la falta de democracia en sus respectivos partidos; y que, en el Gobierno, los políticos en lugar de actuar en representación del pueblo actúan a favor de sí mismos, de las personas allegadas y poderes fácticos y de algunos particulares o de la “clase política”.
Entre los más recientes testimonios está la declaración de un alto dirigente político y diputado quien declaró públicamente que: el Poder Legislativo o Congreso Nacional no ha jugado el papel que le corresponde porque nunca ha sido del pueblo, sino que de unos cuantos y que, en el Congreso, sólo se resuelve los problemas de los partidos políticos, de los diputados y diputadas y de algunas clases privilegiadas que de una u otra manera financian los partidos políticos que son, de hecho, otro poder del Estado.
Todo ello ha ocurrido porque nosotros los ciudadanos (as) de diferentes épocas y generaciones no hemos atendido las advertencias que, desde el siglo XIX hasta el presente, se nos han venido haciendo como pueblo para que evitemos el daño, a la democracia y al bienestar del pueblo, por esa “clase política”. Testimonios y declaraciones que, además se corroboran día a día, con las evidentes indignas situaciones de vida de la mayoría del pueblo, como resultado del daño cívico, político, jurídico y social que la “clase política” ha venido causando a la constitucional República democrática con finalidad social de Honduras.
Por lo que es decisivo e imperiosamente debido corregir esa lamentable omisión y no trasladarla irresponsablemente a las generaciones futuras como lo hicieron las generaciones pasadas, porque sería mantener y contribuir a las prácticas viciosas tendientes a deslegitimar el poder y valor del Estado Constitucional de Derecho y del sistema democrático, en Honduras.
“En otros términos, se continuaría incumpliendo el principio de la universalidad de los derechos humanos; y, en particular, de nuestros deberes ciudadanos, expresando falta de cultura democrática y patriotismo constitucional por continuidad del incumplimiento del imperativamente obligatorio fin supremo del Estado y la sociedad de Honduras que es proteger la dignidad humana individual, de nuestras familias y de nuestro pueblo o sociedad (incluyendo a las personas que residan o se encuentren transitoriamente en nuestro territorio)”.
Ante esa realidad y nuestros propios deberes cívicos actuales: todas las personas que convivimos actualmente, necesitamos y debemos compartir y ampliar la base de nuestra cultura democrática y el respeto al Estado nacional e internacional de Derecho, así como tomar medidas necesarias e inmediatas para complementar especialmente a la juventud actual en su voluntad de empoderamiento cívico en cuanto al pluralismo político, el Gobierno democrático de integración nacional, el fin supremo del Estado democrático, el desarrollo sostenible planificado y la participación política.
En suma, poner en acción debida la participación cívica y la gestión ciudadana de gobiernos legítimos que conduzcan debidamente a Honduras como verdadero Estado democrático con finalidad social, ejerciendo los poderes públicos hacia el fin supremo del Estado y la sociedad de asegurar el respeto y protección de la dignidad humana, por medio del desarrollo sostenible planificado de nuestra Patria Honduras, en interés del bienestar común de todas y todos los habitantes; protegiendo nuestro territorio nacional y sus recursos, riquezas y potencialidades, haciendo su explotación racional y asegurando, siempre y en todo caso, la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad o pueblo.
Hacerlo significaría independencia real y cambio verdadero, en Honduras, para que el Estado fomente el desarrollo sostenible integral y la sociedad mantenga su complementariedad en el fortalecimiento de los medios apropiados para ello y en la capacidad de disminuir la condición de pobreza de la mayoría de nuestros compatriotas, generando la inclusión de esa mayoría con oportunidades reales de participar y beneficiarse también del impulso conjunto del desarrollo; y, al mismo tiempo, que el Estado, con apoyo de la sociedad, pueda controlar y superar la corrupción, desprotección del consumidor y usuario; violencia y odio, delincuencia organizada y narcoactividad, tráfico de armas y de personas, impunidad; degradación del medio ambiente, de la diversidad biológica y de los ecosistemas, y los efectos del cambio climático.
En democracia, los pueblos o sociedades pueden equivocarse en la elección de los integrantes de sus gobiernos que no han comprendido ni sabido gestionar el Estado hacia su suprema finalidad social, pero tienen el deber de corregir esos errores y el de ver cada acto de elecciones aisladamente de los demás. Debemos verlos en su conjunto y en perspectiva del fin supremo del Estado y la sociedad; y comenzar a prepararnos ya, en el orden nacional, porque en Honduras, en este año 2024 se realizarán elecciones internas en los partidos políticos; y en el 2025, se verificarán elecciones primarias y elecciones generales.
En el orden internacional, debemos abogar suplementariamente por nuestro derecho de participar en el cambio mundial en curso para que se haga con enfoque en el fin supremo de los Estados democráticos y pueblos que es el de asegurar el respeto de la dignidad humana y el bienestar común de las personas, así como la protección del planeta Tierra. A ese respecto, exhortaremos próximamente a la ciudadanía nacional, regional y mundial; y a gobiernos y organizaciones internacionales; precisando, motivando más y reiterando nuestra instancia de ciudadanía mundial, de 10 de diciembre 2023, al Secretario General de la ONU. MO/hondudiario
