*** La coalición de varias organizaciones lamente la ambivalencia y la falta de voluntad “de su máxima autoridad” en la CSJ.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) señaló este lunes que el conflicto por la rotación en las Salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solo evidencia otra vez la falta de voluntad y ambivalencia de la clase política hondureña en perjuicio de la democracia, el Estado de Derecho y la confianza ciudadana.
Un Oficio firmado por la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, confirma “golpe” a la Sala Constitucional del Poder Judicial, tras designarse al magistrado Wagner Vallecillo en la presidencia de la Sala, sin respetar el orden de precedencia, lo mismo se da en la Sala de lo Civil con la magistrada Bustillo Martínez (rechazó el puesto).
Ráquel Obando igual confirmó la rotación de las salas, pero explicó que existió una reforma al Artículo 16 del Reglamento Interior de la CSJ para decretar la presidencia y coordinación de las cuatro Salas.
Por lo anterior y ante los diversos cuestionamientos, la RDD observa con preocupación el constante debilitamiento al estado de Estado de Derecho en Honduras, viendo en el que el país se mantiene bajo “polarización” por el accionar de la clase política y se distancia de garantizar que el imperio de la Ley sobrepase acuerdos e intereses partidarios y personales.
“La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia”, consideró la RDD en un pronunciamiento.
“La interferencia política en la selección de los miembros de la Corte Suprema pone en riesgo esta independencia y debilita la confianza en las instituciones democráticas. La politización del sistema judicial es un fenómeno alarmante que afecta la imparcialidad y la independencia de las decisiones judiciales, lo cual representa una amenaza para la estabilidad democrática y el funcionamiento del sistema de justicia en Honduras”, subrayó.
La coalición de varias organizaciones lamente la ambivalencia y la falta de voluntad “de su máxima autoridad”. “Es penoso que desde la CSJ se desprendan estas acciones, ya que dicho poder del Estado está llamado a ser el último bastión en la defensa de la democracia y establecer pesos y contrapesos en el sistema democrático. Estas acciones evidencian que las decisiones adoptadas (más que jurídicas) son políticas, lo que debilita el Estado de Derecho y el acceso a la justicia”, alertó.
Estas “imposiciones”, que irrespetan lo establecido en reglamentos y leyes hondureñas en lugar de optar por fortalecer los mecanismos de democracia interna del Poder Judicial, “alimentan de manera negativa las evaluaciones internacionales como el Índice de Democracia, el cual en su edición 2023 puntúa a Honduras con 4.98 de 10 y lo ubica en la posición 95 de 167 como un país bajo un “régimen híbrido”, que no logra ser una democracia sólida y madura. A nivel centroamericano, el único país peor calificado es Nicaragua, calificado como “régimen autoritario”, zanjó.
“Es crucial que se respeten y se mantengan los principios del Estado de derecho, incluido el respeto a los precedentes y las normativas establecidas para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el sistema judicial hondureño”, reiteró. OB/Hondudiario
