*** La magistrada reiteró la importancia de respetar las decisiones tomadas en el pleno.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
La magistrada Odalis Nájera expuso la situación actual del Poder Judicial, ante la “crisis” por el orden de precedencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La declaración de la magistrada Odalis Nájera es en respuesta a una solicitud de redistribución de la presidencia de las salas, especialmente la Sala Constitucional, la cual debe ser objeto de discusión y decisión en el Pleno. Como respuesta a esta solicitud, se ha enviado una nota a la abogada Rebeca Raquel Obando.
El objetivo la solicitud es asegurar que la redistribución de la presidencia sea decidida de manera colegiada por los 15 magistrados, y no una decisión unilateral.
Durante el primer pleno, aunque en un principio se había designado al magistrado Luis Fernando Padilla como presidente, por unanimidad se optó por ceder el cargo a la magistrada Sonia Marlina Dubon. Este acto resalta la cohesión y unidad entre los 15 magistrados, según recordó.
En cuanto a la presidencia de la Sala Constitucional, Nájera enfatizó que legalmente corresponde a Luis Padilla, quien fue elegido en pleno durante la primera sesión de la nueva Corte. Además, expresó su respaldo a Padilla y reconoció que, en circunstancias similares, ella misma estaría ejerciendo la presidencia de la sala constitucional.
La magistrada reiteró la importancia de respetar las decisiones tomadas en el pleno de los magistrados y abogó por un enfoque colegiado y conforme a derecho en cualquier modificación que se pueda plantear.
“Particularmente yo le he dicho a Luis que él firmaba por ley cuando la presidenta Sonia Marlina no estaba y se le eligió en pleno (…), de hecho y en derecho Luis Padilla es el presidente, yo le digo a él que sí yo fuera la que estuviera en sus zapatos, estuviera ejerciendo la presidencia de la Sala Constitucional porque de hecho y de derecho usted es el presidente”, declaró.
Nájera enfatizó que las decisiones adoptadas durante ese pleno poseen un carácter irrevocable. Argumentó que, conforme al principio fundamental del derecho, las resoluciones jurídicas se deshacen de la misma manera en que se elaboran. Por lo tanto, cualquier alteración o modificación a las decisiones adoptadas en el pleno debe ser debatida y resuelta nuevamente en dicho espacio.
Finalmente, la magistrada concluyó resaltando que las decisiones tomadas por ella misma y otros colegas magistrados carecen de motivaciones políticas, estando fundamentadas exclusivamente en consideraciones de índole jurídica. OB/Hondudiario
