Pueblos soberanos del mundo y reivindicación ciudadana ante la Cumbre del Futuro.
Por: Roberto Herrera Cáceres
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
Para el 22 y 23 de septiembre de 2024, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha convocado, a los Estados miembros, a la celebración de la Cumbre del Futuro en un contexto global de fragmentación internacional, de tensiones geopolíticas y de desconfianza e incertidumbre de la ciudadanía mundial ante la dirección y los resultados – en el ámbito nacional y el de sus relaciones internacionales – a los que están conduciendo muchos gobiernos a los Estados que representan.
Esa Cumbre busca acelerar el cumplimiento de los compromisos internacionales por los Estados y tomar medidas concretas para abordar los nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades emergentes en el presente y futuro; y será – para los pueblos – un instrumento de evaluación que permitirá valorar más la capacidad y legitimidad de sus gobiernos en la gestión actual de sus respectivos Estados democráticos de Derecho, en función de la superior meta u objetivo estatal de asegurar – a las generaciones presentes y futuras – la protección de su dignidad humana y la salvaguarda del Planeta que sustenta la vida de esas generaciones.
En el presente año de 2024, aún está vigente un sistema internacional – construido mediante la Carta de las Naciones Unidas para proteger a la humanidad como objetivo supremo, reafirmando la fe de todos los Estados miembros de la ONU en la dignidad, los derechos y el valor de la persona humana, mediante la creación de condiciones favorables para el desarrollo y progreso social, con la garantía del Estado de Derecho y la justicia
Durante casi ochenta años ese orden y sistema internacional ha brindado espacios de diálogo pluralista y de cooperación internacional a los gobiernos de los Estados, pero aún no han significativamente impactado en la protección de la humanidad que es su expresa meta general suprema. Es así que, a esta fecha, el balance muestra graves conflictos y amenazas provenientes de gobiernos de Estados que exponen a sus pueblos a la autocracia, las guerras, la violencia, el crecimiento incontenible del crimen organizado, la narcoactividad y el terrorismo, la corrupción, la desprotección del mundo en el que cohabitamos y otros males públicos que niegan también, a la humanidad sufriente, la posibilidad de salir de la pobreza y el subdesarrollo.
Ello evidencia, en ese período, el insuficiente nivel de cumplimiento de buena fe – por gran parte de los gobiernos de los Estados miembros – de los compromisos constitucionales y de la normativa jurídica internacional correspondiente. Por lo que debe corregirse ese peligroso rumbo y hacerse hincapié en la protección de la dignidad del ser humano y del planeta Tierra que lo sustenta, en su condición de meta general y objetivo superior, con renovada visión de su presente y futuro.
En verdad, ha llegado el tiempo de poner fin al fingimiento, la simulación o apariencia que ha prevalecido como “normal” al reiterarse siempre, por los gobiernos, los aspectos formales relativos al cumplimiento de obligaciones de los Estados con los pueblos soberanos, cuando – tal como lo evidencia la vida real en el mundo – por el contrario, la mayoría de los pueblos de las Naciones Unidas son víctimas del incumplimiento del contenido de esas obligaciones, tal como lo hace patente el generalizado sufrimiento y la injusticia sistemática ocasionada por sus gobiernos en sus propios Estados; quienes en sus relaciones internacionales también participan, con otros gobiernos, en decisiones y medidas de irrespeto a la dignidad de otros pueblos.
Ya no es de seguir esperando, ya es tiempo de buenas nuevas para el ser humano. Esperamos respuestas democráticas de fondo que lleguen al contenido de las obligaciones de los Estados con sus respectivos pueblos y en sus relaciones internacionales. Respuestas acompañadas de compromisos de los gobiernos de cumplirlas en los planos nacional, regional y mundial, sobre la base del vigente Estado de Derecho que incluya especialmente las normas imperativas del Derecho Internacional General y de su desarrollo progresivo.
Un mejor presente puede así forjarse y el futuro confiable asegurarse: si pueblos y gobiernos sabemos aprovechar esta coyuntura para evitar repetir o agravar los errores del pasado y las crisis que todavía experimentamos. Para lo cual debemos encontrar soluciones que conduzcan al permanente objetivo superior de la la defensa y protección de la dignidad humana, asegurando justicia social, bienestar general y progreso social a los pueblos, y protegiendo el planeta Tierra.
Por ello, es urgentemente necesaria la voluntad y participación ciudadana y solidaridad mundial, regional y nacional de los pueblos en la atención debida de su propia dignidad humana y vida en el planeta. Este es tiempo decisivo para rectificar el sistema caótico del orden mundial actual y estabilizarlo productivamente, en observancia y cumplimiento universal de la democracia pluralista y del respeto y la protección de la dignidad del ser humano y de la salvaguarda del planeta Tierra.
Reconstruyamos así sobre pilares seguros la confianza de los pueblos en los gobiernos – conforme al principio de la continuidad del Estado – por su legitimidad y lealtad estatal en su direccionamiento estratégico hacia el objetivo superior que es la meta general para cuyo logro los pueblos soberanos hemos creado los Estados; y reordenemos también bajo esa meta suprema el funcionamiento de las organizaciones internacionales, , como lo proclama la Carta de la ONU, en cuanto a su complementariedad cierta y eficaz para coadyuvar, por medio de la cooperación internacional, a lograr ese objetivo supremo, fomentando solidaridad mundial y relaciones de buena vecindad entre los Estados.
A ese efecto, es necesaria una arquitectura institucional más comprensiva y cada vez más efectiva y próxima a la condición humana y al entorno comunitario de las personas, mediante una sistemática complementariedad funcional entre los esfuerzos conducentes desde la realidad municipal o local, nacional y regional hasta la mundial, que posibilite robustecer continuamente la efectividad del sistema como unidad armónica de vida en sociedad democrática universal.
Es también necesario institucionalizar el debido funcionamiento de un sistema global de justicia internacional que garantice permanentemente el respeto, protección y tutela de la dignidad humana y la salvaguarda del planeta Tierra. Sistema global de Justicia que, en casos graves, deberá deducir también la responsabilidad imputable al individuo o personas que al gestionar o representar órganos del Gobierno de sus respectivos Estados los implicaron en la comisión de hechos o actos de incumplimiento de obligaciones internacionales, en cuanto al respeto y protección de humana la dignidad del ser humano y del sustento sano de la vida en el planeta.
Es de recordar que, a ese respecto, desde el 10 de diciembre 2023, compartimos con la ciudadanía mundial y dirigimos públicamente Instancia cívica al Sr. Secretario General de la ONU para que impulsase la proclamación de un reordenamiento internacional que afirme, sin ambages, el respeto, protección y promoción de la dignidad del ser humano, del bienestar general y progreso social de los pueblos, y de la salvaguarda del planeta Tierra.
Cumplo igualmente con el deber correspondiente de aportar esta solidaria contribución – de un miembro de los pueblos de las Naciones Unidas – al Pacto del Futuro con la expectativa de que: será ciertamente como se afirma, por la ONU: “un documento final de acción cuyo resultado será un mundo, y un sistema internacional, mejor preparado para enfrentar los desafíos actuales y futuros, en beneficio de toda la humanidad y las generaciones venideras”. https://unric.org/es/cumbre-del-futuro/
