*** Para el ombudsman hondureño, el tema de la migración en Centroamérica, es obligación principal de ineludible cumplimiento de los Estados miembros del SICA, donde los gobiernos deben asegurar soluciones eficaces e integrales a la problemática en los países de tránsito y de destino, buscar respuestas pragmáticas ante las realidades locales y nacionales que generan las causas estructurales de la migración forzada e irregular.
El jurista y humanista internacional Roberto Herrera Cáceres, sobre la amenaza extraoficial de deportaciones masivas de migrantes de Estados Unidos, por el presidente electo Donald Trump, recomendó al Gobierno Hondureño dedicarse a proteger más sus nacionales en movilidad migratoria, promover una “Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para adoptar una iniciativa democrática de preparar un proyecto y llamar a negociar un tratado internacional – con México y USA – con el objetivo de concertar la solución dialogada e integral de las causas estructurales y de la situación de las personas migrantes centroamericanas, en todo el ciclo migratorio, incluyendo TPS y remesas conforme al orden internacional, democrático y de Derecho, en vigor”.
Lo anterior es una de las recomendaciones del doctor Herrera Cáceres, entrevistado por el primero periódico digital de Honduras, hondudiario.com, sobre esas amenazas extraoficiales sobre migrantes centroamericanos y reacciones oficiales acordes con las obligaciones y responsabilidades principales de los gobiernos, ante la repentina y extraoficiales amenazas – sin preparación, ni estudio, ni aprobación oficial del gobierno actual en funciones de los Estados Unidos de América – de adoptar medidas oficiales, a partir del 20 de enero, de expulsión masiva de personas migrantes.
“El Estado de Honduras – por medio de su gobierno debe, en todo caso, estar realmente dedicado a proteger más sus nacionales en movilidad migratoria, en su situación actual en fronteras de países de tránsito y en el territorio del país de destino (USA); y promover asimismo – ante la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) – la adopción de la iniciativa democrática de preparar un proyecto y llamar a negociar un tratado internacional – con México y USA – con el objetivo de concertar la solución dialogada e integral de las causas estructurales y de la situación de las personas migrantes centroamericanas, en todo el ciclo migratorio, incluyendo TPS y remesas – conforme al orden internacional, democrático y de Derecho, en vigor”.
Sobre el trato humano a las personas migrantes y fortalecimiento de la solidaridad entre los pueblos por los gobiernos de los Estados miembros del SICA, Herrera Cáceres dijo que “el trato a las personas migrantes por parte de las autoridades de los Estados involucrados en las formas diversas de migración, tiene – en general – el denominador común de falta de correspondencia con la dignidad humana de cada persona migrante y a la cual se trata más como objeto que como sujeto de derechos. En otras palabras, se atenta contra la dignidad del ser humano y se vulnera derechos humanos específicos que son de universal vigencia y de cumplimiento obligatorio por todos los Estados de la comunidad internacional”.
“Hasta la fecha, en general, ha habido una ausencia notoria de reacción y solidaridad centroamericana de parte de los gobiernos de los Estados miembros del SICA – en momentos de crisis que afectan la vida y seguridad de personas migrantes de nuestra región – ante gobiernos de Estados de tránsito y de destino que atentan contra la dignidad humana y vulneran derechos humanos; y ha sido notoria la falta de unidad fehaciente que, entre gobiernos, se manifieste y apoye concreta y sistemáticamente a los pueblos centroamericanos en el universalismo de la aplicación de sus derechos humanos, del derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica internacional de todas las personas migrantes; y posibilite la evolución, sobre la base del estado de Derecho, a una fase más humana en el trato a las personas migrantes y en la atención y solución eficaz de las causas estructurales de la migración forzada e irregular”.
“En Centroamérica, es obligación principal de ineludible cumplimiento de los Estados miembros del SICA, que ello se haga – a la brevedad y con la participación principal de los Estados centroamericanos de origen y demás miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) – para asegurar soluciones eficaces e integrales a la problemática en los países de tránsito y de destino; y con respuestas pragmáticas ante las realidades locales y nacionales que generan las causas estructurales de la migración forzada e irregular y la superación– en los Estados de origen – de esas causas que son amenazas a la seguridad humana de vida en sociedad democrática y en estado de Derecho”.
Sobre una solución de la problemática de la migración forzada e irregular en países de destino, tránsito y origen, el ombudsman hondureño, indicó que la situación actual de la generación y movilidad de personas migrantes forzadas requiere el trato digno de las personas migrantes y el respeto y cumplimiento de sus derechos humanos, en los Estados de origen, tránsito y destino; y previamente de la planificación, organización y ejecución diligente de estrategias para el logro de resultados esperados con recursos presupuestarios correspondientes. Todo lo cual debe realizarse bajo la supervisión de las instituciones nacionales de derechos humanos respectivas y de pluralistas organizaciones de sociedad civil; y con rendición de cuentas al pueblo.
Indicó que la solución de las causas de la migración forzada y el paso a una migración ordenada, regular, segura y responsable requiere de un giro integral hacia el desarrollo integral sostenible – desde la raíz – con el cumplimiento de las obligaciones locales y nacionales y de la participación principal del Estado de origen en la determinación de necesidades, el aporte nacional de recursos y la búsqueda de los complementarios que se requerirán y obtendrían de la cooperación internacional. “Todo ello, previa acreditación de su necesidad y la justificación de su finalidad seguida de rendición de cuentas sobre su eficiencia y eficacia en la solución real y durable de esa situación inhumana de expulsión forzada de personas”.
Indicó que las personas migrantes deben tener una participación en esta amenaza, donde los gobiernos de los Estados de origen deben facilitar la participación directa de personas que se han visto forzadas a migrar y de sociedad civil especializada en migración, en el cumplimiento de la obligación principal de disponer de un efectivo plan especial para la reintegración y concienciación de las personas migrantes en la perspectiva de la visión de país y de participación del pueblo en su desarrollo sostenible.
“La solución pragmática prevista para las causas estructurales de la migración forzada e irregular debe tener presente su interrelación e interacción con la solución de todos los demás males públicos que influyen en la determinación de migrar. Para ello, es necesario el enfoque integral debido que haga posible el avance progresivo hacia la superior meta final de proteger al ser humano en su dignidad y derechos humanos como norma imperativa superior o meta superior hacia la cual deben dirigirse los Estados y organizaciones internacionales”, señaló.
En relación a las obligaciones, responsabilidades y acciones complementarias de los Estados y organizaciones internacionales, sobre los migrantes, Herrera Cáceres señaló que “los Estados de origen, tránsito y destino, así como la comunidad regional e internacional: deben velar por la protección y el respeto de la dignidad humana de las personas migrantes en contexto actual de migración y los que se encuentren ya en países de destino. Deben asegurar asimismo la protección especial de los migrantes forzados o refugiados y la atención debida a sus solicitudes de asilo”.
Indicó que “en caso de retornos de migrantes, éstos deberán ser individualizados, informados y realizados con respeto a la dignidad de las personas concernidas y sus familias. Todos los Estados de origen deberán tener habilitados medios y condiciones apropiadas para la reincorporación digna y segura de las personas migrantes retornadas y sus familias, con especial atención a los niños no acompañados, unidades familiares y otras personas vulnerables”.
“A ese respecto, los gobiernos de los Estados de origen deben cumplir con la obligación de asegurar – a esas personas migrantes que retornan – el disfrute inmediato del derecho que tienen a un nivel de vida adecuado para ellas y su familia, incluso alimentación, vivienda, educación, salud y a condiciones favorables para una mejora continua de las condiciones de existencia”, recomendó.
Asimismo, agregó, “esto último, por medio del desarrollo sostenible y con cooperación internacional oportuna y respetuosa de los Estados más desarrollados de tránsito y de destino, así como de la comunidad internacional, como expresión de deberes de cooperación en materia de derechos humanos y de respeto a la vida en sociedades democráticas y la efectividad del estado internacional de Derecho, en vigor. contribuyendo con la seguridad humana y el desarrollo sostenible que permitirán, asimismo- en el porvenir – organizar y gestionar flujos migratorios regulares, ordenados, seguros y responsables en el planeta”.
“La cooperación internacional debe respetar objetivamente, apreciar y cooperar solidariamente con el esfuerzo interno y el cumplimiento soberano de las obligaciones principales por el gobierno central y los gobiernos de las comunidades locales del Estado de origen; así como desalentar prácticas viciosas o corruptas que vulneran el estado de democracia y el estado de Derecho”, advirtió el jurista internacional.
Considerando la existencia de prácticas viciosas que afectan los derechos de los migrantes, en los diferentes gobiernos de los Estados, indicó que “en suma, es de exhortar a una ruptura de la continuidad histórica de pasividad, indolencia y de tolerancia de prácticas corruptas de los servidores de los gobiernos de los Estados; y a una reacción y previsión constante de transformación, con la participación de ciudadanía nacional, regional y mundial hacia el porvenir, en forma congruente con compromisos jurídicos nacionales, regionales y mundiales, reflejados tanto en la Constitución como en el Derecho Comunitario Centroamericano, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los Refugiados; y en la aceptación mundialmente generalizada del entendimiento común sobre la seguridad humana y el desarrollo sostenible”. MO/Hondudiario
