*** El informe fue presentado ante la ministra hondureña de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, y la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos (Acnudh) indicó este martes que en Honduras “los ataques dirigidos a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación continuaron siendo una práctica recurrente en 2024”.
En su ‘Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras’ correspondiente a 2024, la Oficina del Acnudh en Tegucigalpa, presentado por su oficial a cargo y representante adjunto, Bardia Jebeli, señaló que “a pesar de la voluntad del Estado para generar espacios de diálogo con la sociedad civil, persisten los obstáculos a la defensa de los derechos humanos”.
Esa situación se evidencia “a través de limitaciones indebidas a los derechos a la libertad de expresión, el acceso a la información, la reunión y asociación pacífica, así como otros obstáculos a participar en asuntos públicos”, añade.
Subraya además que al 31 de diciembre de 2024 el Acnudh “registró 284 ataques contra 319 víctimas, tanto individuos como organizaciones, de las cuales 219 (68,65 por ciento) se dedican a la defensa de los derechos humanos y 100 (31,35 por ciento) al periodismo y la comunicación social”.
Jebeli dijo a EFE que ha habido un 48 por ciento de incremento de los ataques dirigidos a desprestigiar la labor de los defensores de organizaciones de derechos humanos y que la Oficina que dirige ha documentado en el año 2024 ocho asesinatos, incluso el del ambientalista Juan López, el pasado 14 de septiembre.
López, además, era miembro del Comité Municipal de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, departamento de Colón, una conflictiva región en el Caribe por reclamos de tierras que hacen campesinos y la explotación minera a cielo abierto que venía haciendo una compañía, a lo que se oponía el ambientalista asesinado.
El informe fue presentado ante la ministra hondureña de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, y la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
Jebeli también expresó la “preocupación” del Acnudh por la práctica de “algunos funcionarios de alto nivel” del Gobierno de Honduras “de estigmatizar en redes sociales y medios de comunicación a quienes expresan opiniones críticas sobre la administración pública o sobre poderes del Estado”.
“Eso para nosotros es muy preocupante y alarmante”, recalcó el oficial a cargo y representante del Acnudh en Tegucigalpa.
El informe recoge los principales avances y desafíos en la promoción de los derechos humanos, además de recomendaciones al Estado, reconociendo a la vez, entre otras cosas, que en 2024 hubo una reducción del 9 por ciento de la tasa de homicidios con respecto a 2023.
El alto funcionario de las Naciones Unidas dijo que en 2024 hubo un avance importante con la entrega, por parte del Estado, de títulos definitivos de propiedad de tierra a 27 comunidades misquitas y garífunas en el departamento de Gracias a Dios.
También recordó que sigue pendiente el establecimiento de una comisión derivada de los acuerdos suscritos en 2022 entre el Gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán, departamento de Colón, por los conflictos de tierras.
“Preocupante” estado de excepción desde 2022
El estudio también señala violaciones de derechos a grupos étnicos, campesinos, personas de la comunidad LGBTI, lo mismo que la violencia contra las mujeres, detenciones arbitrarias de defensores, desalojos forzosos, corrupción e impunidad; deficiencias en el sistema nacional penitenciario, a cargo de una Policía Militar de Orden Público, y un estado de excepción parcial que rige desde 2022.
Sobre el estado de excepción, Jebeli dijo que aunque es una atribución legal del Parlamento, de las múltiples veces que ha sido prorrogado, solamente en tres ocasiones fue ratificado por ese poder del Estado.
La mayoría de las veces ha sido aprobado en reuniones del Consejo de Ministros encabezados por la presidenta del país, Xiomara Castro.
“Eso es preocupante”, enfatizó Jebeli, al explicar que, aunque los Estados tienen la facultad de decretar estados de excepción, el Derecho Internacional de Derechos Humanos es muy claro y establece que deben ser “medidas excepcionales, temporales proporcionales, no discriminatorias y sujetas a control judicial y legislativo”.
“El estado de excepción, como su nombre también lo explica, tiene que ser una excepción, no la regla”, recalcó. EFE
