CADA PERSONA Y PUEBLO ENTERO: TIENE SU DERECHO A LA DIGNIDAD Y AL BIENESTAR
(Llamamiento a solidaridad con los (as) pobres y al diálogo Sociedad – Gobierno)
Por: Roberto Herrera Cáceres
En la actualidad, todos (as) sufrimos los efectos de una crisis interna compleja y englobada dentro de otra internacional y excepcional que tiene impacto negativo mayor sobre la calidad de vida y de trabajo de la gran mayoría del pueblo hondureño que menos dispone de recursos para atender sus necesidades de subsistencia o que carece de ellos. Esa mayoría de personas, con necesidades vitales mínimas todavía insatisfechas, son víctimas de una inhumana y prolongada crisis humanitaria interna que les agobia en su vida cotidiana de pobreza relativa y, en especial, de pobreza extrema.
Situación que pone de manifiesto, en el ámbito nacional, la falta de respuesta estatal que se requiere urgente y prioritariamente, para atender a alrededor de siete millones de personas que viven en la pobreza y entre ellos más de tres millones en la pobreza extrema. Compatriotas que carecen de recursos para vivir su dignidad de personas humanas y son también víctimas de desigualdad, exclusión, inseguridad alimentaria, falta de oportunidades de trabajo o empleo decente, de salud, de educación; y que viven amenazadas por violencia, corrupción e impunidad; desastres naturales, efectos del cambio climático, y migración forzada. Situación que, en comparación con otros Estados, determina la posición deplorable de Honduras, en el ámbito internacional, como uno de los países más pobres, desiguales y con índices de desarrollo más bajos del hemisferio occidental.
Esa situación de pobreza y subdesarrollo es amenaza directa a una sociedad democrática al poner en peligro la seguridad humana de los (as) habitantes y la vigencia efectiva del Estado Constitucional de Derecho; y al incumplirse lo que la Constitución de Honduras ordena imperativamente, a gobiernos y administración pública, en cuanto a servir al Estado, respetando, protegiendo y promoviendo la dignidad de la persona humana e implementando una estrategia propia de desarrollo que aseguren progresivo bienestar común y vida digna a la población o pueblo, a cuya consecución se dirige la intención y los medios de todo el derecho y la acción del Estado.
El orden constitucional hondureño reconoce y garantiza así la efectividad de los derechos humanos de cada persona y todo el pueblo. Derechos entre los cuales se encuentra el derecho fundamental de cada persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados; a una mejora continua de las condiciones de existencia; y además, a participar en el desarrollo nacional, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de sus frutos comunes. Por lo que es deber solidario, como sociedad democrática, lograr que las personas pobres se integren en el proceso democrático y participen, en condiciones de dignidad, con las demás, en el desarrollo sostenible y el bienestar nacional.
A ese respecto, en la Declaración Universal Sobre la Democracia, se afirma que: “Los procesos democráticos se ven impulsados por un entorno económico favorable; por consiguiente, en su esfuerzo general de desarrollo, la sociedad debe comprometerse a satisfacer las necesidades económicas fundamentales de los más desfavorecidos, logrando así su plena integración en el proceso democrático”.
De ahí que sea urgente y necesario aplicarse a la solución de los problemas estructurales de subdesarrollo y pobreza en Honduras que sólo podrá lograrse con desarrollo nacional sostenible y solidaridad social con las personas pobres, aplicando efectivamente el vigente Estado Constitucional de Derecho para disfrutar verdaderamente, en la vida real, del derecho a un nivel de vida adecuado para nosotros y nuestras familias, y a disponer de la planificación estratégica del desarrollo nacional y local para la mejora de las condiciones de existencia, teniendo presente que todos (as) estamos facultados para participar y contribuir al desarrollo sostenible y para disfrutar equitativamente de sus frutos.
Ante esa urgente prioridad, el Estado debe actuar, por medio de quienes tienen encomendado el Gobierno y una competente Administración Pública, para cumplir legítimamente con la obligación de asegurar la satisfacción de, por lo menos, niveles esenciales de subsistencia digna para dichos sectores de compatriotas en situación de pobreza y pobreza extrema, haciendo efectivo un plan de medidas concretas que, más allá de compensación social, sea semilla de trabajo decente o empleo digno para la gente.
De proceder así, el Estado democrático de Honduras estaría diligentemente servido por un buen gobierno y una eficaz administración pública, con participación y aportes de ciudadanía, dando solidaria y prioritaria respuesta urgente a la situación inhumana de muchos de nuestros compatriotas, mujeres y hombres, que sobreviven sin contar aún con oportunidades de vida digna y de bienestar.
Honduras dispone, por un lado, con normas constitucionales y legislación derivada, así como con experiencias propias y prácticas útiles que puede sistematizar y utilizar para estructurar una respuesta eficiente y eficaz, desde el ámbito municipal. Entre esas experiencias y prácticas, puedo referirme, por mi participación directa en el movimiento social que generamos internamente por la dignidad humana y bienestar común, entre el 2016 y el 2020, con el nombre de “Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar Solidario”. Estrategia que fomentó el empoderamiento progresivo dirigido a un millón doscientas cincuenta mil personas habitantes de 36 municipios, en los 18 departamentos de Honduras, con la expectativa de ayuda solidaria de dichos (as) habitantes a los de otros municipios que decidiesen posteriormente participar en ese movimiento social hondureño.
La estrategia se orientó, en esencia, a que la autoridad local gobernase democráticamente, oyendo siempre a los habitantes de su comunidad con atención especial a los más desfavorecidos, atendiendo a la protección y respeto de la dignidad humana e impulsando el avance permanente hacia el logro de iguales oportunidades y posibilidades de mejorar, cada vez más, las condiciones de vida de todas las personas, las familias y la comunidad. Ello con la conciencia de que los responsables principales de esa construcción y de su avance esperado, son el pueblo mismo y su Gobierno Municipal, con el apoyo subsidiario principal del Gobierno Central y otras instituciones del Estado y de la sociedad, y la cooperación internacional complementaria.
Dicha Estrategia estableció un proceso flexible y dinámico que fue diseñado e implementado por medio de Sistemas Locales de Protección y Promoción de los derechos Humanos; Redes Multisectoriales de Grupos vulnerables; Sistemas comunitarios de Educación continua no formal e informal de Educación en Cultura Democrática y Derechos Humanos; Prácticas de Veeduría Social; y planificadas unidades móviles de acompañamiento (Ombudsmóviles) del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) que supervisaron, orientaron y contribuyeron con “Municipios de Bienestar Solidario” en la afirmación de la garantía democrática de respeto y protección a la dignidad humana, en Estado democrático de Derecho.
A fines del 2018, los poderes públicos y las instituciones contraloras nacionales reconocieron, a nivel estatal, dicha estrategia local y se comprometieron, a título de obligación del Estado con la ciudadanía, a facilitar su aplicación en los restantes municipios de Honduras, tal como consta en el IV Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018 -2020, en donde caracterizan la Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible y su empoderamiento, como “Compromiso de Integridad en la Gestión Pública”, consistente en: “Actualizar con participación ciudadana de los municipios y socializar el documento Municipios de Bienestar Solidario, acompañado de instrumentos y metodología que coadyuven al empoderamiento y debido cumplimiento del proceso”. Compromiso que vincularon expresamente con el Objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU relativo a construir sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, con instituciones efectivas y transparentes que rindan cuentas y con acceso a la justicia para todos.
En el 2020, la “Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar Solidario” fue caracterizada, por observadores internacionales, como ejemplo único de democracia desde Abajo. Esa Estrategia gozó del reconocimiento internacional del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, Universidad de Alcalá – Madrid España; de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH – REDESCA); del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos (CCPDH) y del Instituto Danés de Derechos Humanos.
Asimismo, por otra parte ya hay también, en Honduras, iniciativas positivas y pertinentes en algunos sectores que, entre otras, ameritan destacarse, como la de organizaciones de trabajadores que impulsan una Mesa Anticrisis y pacto social para generación de empleos o trabajo decente y productivo y sostenibilidad de los mismos, en un entorno más favorable a un mayor crecimiento económico inclusivo y mejor productividad y competitividad de Honduras; y el Plan de Respuesta Humanitaria ONU – Honduras (2023) que asocia la tradicional asistencia humanitaria para proteger y salvar vidas humanas, con soluciones sostenibles que contribuyan a la inclusión y participación de las personas pobres en el desarrollo sostenible nacional de corto, mediano y largo plazo y en el acceso a la distribución equitativa de los beneficios resultantes.
Por todo lo anterior, por una parte, es de reiterar el llamamiento cívico a cumplir con Estado Constitucional de Derecho, asegurando la satisfacción de, por lo menos, niveles esenciales de subsistencia digna para dichos sectores de compatriotas en situación de pobreza y pobreza extrema, haciendo efectivo un plan de medidas concretas que, más allá de compensación social, sea semilla de trabajo decente o empleo digno para la gente; y, por otra parte, a convocar al democrático diálogo inclusivo, responsable y constructivo entre Sociedad y Gobierno, con amplia y pluralista participación social, para transformar a Honduras, impulsando la efectividad de la planificación e implementación del desarrollo sostenible integral, local y nacional, con frutos reales sobre el mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo a que tiene derecho toda la hondureñidad, en igualdad de oportunidades de participación y provecho para todas las personas y el pueblo; y fortaleciendo así también el orden democrático constitucional en Honduras.
Ya disponemos de legislación, recursos, experiencias, prácticas útiles, avances e iniciativas y talento humano hondureño, para ello.
