Cambio pacífico en Honduras por autodeterminación electoral y participación de la ciudadanía soberana.
Por: Roberto Herrera Cáceres
A pesar del reconocimiento de la soberanía y libre determinación del pueblo – desde la independencia 1821- y de lo ordenado en nuestras constituciones y lo advertido y recomendado por nuestros próceres José Cecilio del Valle y Francisco Morazán: no se ha hecho caso de esa soberanía y libre determinación del pueblo, ignorándolas en su aplicación en la realidad – en repetidas situaciones – y atentando así contra la esencia de la democracia, los derechos humanos, la libertad y la igualdad de las personas en Honduras.
Grupos fácticos antidemocráticos constituyen la causa de nuestra pobreza y subdesarrollo. La historia evidencia que la casi totalidad de elecciones en Honduras han – a lo largo del tiempo – encubierto u ocultado contiendas entre grupos fácticos que buscan usurpar o apropiarse del uso exclusivo del poder del Estado para sus personales y grupales fines particulares.
Hacia ese fin, han contribuido generalmente a la celebración de elecciones por parte del pueblo sólo para así legitimar gobiernos por intermedio de personas que les hagan posible el control y acceso a los recursos y riquezas nacionales; así como para utilizar la institucionalidad del Estado – por esos grupos – para desviar el ejercicio de los poderes públicos hacia fines incompatibles con el bien común de la sociedad hondureña y del país que – en virtud de nuestra propia determinación constitucional – debemos construir solidariamente unidos, de acuerdo a lo constitucionalmente previsto, leyes compatibles y tratados internacionales.
Por nuestras propias vidas y la dignidad de nuestras familias, comunidades y de la sociedad hondureña: es vitalmente necesario que tomemos consciencia de esa situación y razón principal que explica todos los males históricos y los nuevos que han surgido y provocado el injusto presente de condiciones indignas de vida para la mayoría de la población hondureña.
Ese abusivo e ilícito comportamiento de esos grupos y poderes fácticos ha impedido y frustrado – hasta ahora – la constitucionalmente visualizada sociedad justa que debe afirmar la nacionalidad y propiciar las condiciones de bienestar general y progreso social para todos (as) los habitantes de Honduras; y para que cada uno (a) de lo habitantes pueda crecer personalmente y alcanzar lícitamente sus propósitos y esperanzas, lograr el éxito y construir una vida feliz con plena realización individual, familiar y social, contribuyendo con el desarrollo sostenible local y nacional.
De ahí la enorme pobreza y exclusión social de la mayoría de la población hondureña, la falta de eficacia de los servicios públicos, la inseguridad humana, la desprotección de los consumidores y usuarios, el alza abusiva e inhumana de los precios y la pérdida de calidad de los productos; la corrupción, el crimen organizado y narcoactividad, la impunidad y la migración forzosa de personas, entre otros males públicos que agobian a la sociedad hondureña.
Ello es lo que está impidiendo – a nuestro Estado – avanzar hacia su democrático fin social supremo de proteger la dignidad humana de todos (as) los habitantes de Honduras y asegurar el disfrute de todos sus derechos humanos, en un país en el cual todos los habitantes podamos realmente disfrutar de bienestar económico, social, cultural, político y medio ambiental; y en el cual – cada hondureña y hondureño – podamos realizarnos plenamente en un marco de democracia, pluralismo, libertad, justicia, seguridad, paz, desarrollo, solidaridad y estado de Derecho.
El cambio necesario para superar los males públicos y hacer prevalecer el bien de la hondureñidad. Hacer cesar ese estado inconstitucional y antidemocrático de cosas: sólo depende de la voluntad y acción solidaria de la ciudadanía soberana, asegurando que cada ciudadano (a) se ocupe de su voto consciente y responsable, conforme a lo antes expuesto; y vigorizando y respetando la soberanía nacional del pueblo, la democracia pluralista, la participación política y el estado de Derecho.
En efecto, Honduras, como Estado y República democrática creada constitucionalmente por autodeterminación del pueblo soberano: llama periódicamente a elecciones en la que el pueblo soberano debe decidir quienes integrarán los poderes públicos que gestionarán el Estado para guiarlo siempre hacia el antes mencionado fin social supremo de favorecer permanentemente el bien común de la sociedad hondureña, impulsándonos hacia una sociedad justa para todo el pueblo hondureño.
En la democracia pluralista de Honduras – prevista en la Constitución – está consignado que el Estado debe funcionar democráticamente para ello, por medio del Gobierno de la República sobre la base de los principios de la soberanía popular, la autodeterminación del pueblo y la democracia participativa que determinan obligatoriamente la integración nacional con la participación de todos los sectores políticos en la administración Pública, la estabilidad política y la paz social.
Esa sociedad justa es la construcción visualizada o que se hace visible en la Constitución en correspondencia con el fin supremo del Estado y de la sociedad o el pueblo de Honduras que es a quienes corresponde lograr ese fin. Para ello, debe haber conciencia del ejercicio de la soberanía de la cual derivan los poderes del Gobierno que desempeñan los poderes públicos y que ciertos ciudadanos (as) electos ejercen por representación de esa misma sociedad o mismo pueblo, al cual deben servir, sin discriminación, rindiéndoles cuentas de ello y asegurando la participación política de ese mismo pueblo o sociedad en el control y discusión de la política pública del Gobierno.
Ciudadanos (as) auténticos para el ejercicio de las funciones públicas. Hasta ahora los diversos integrantes de la mayoría de los gobiernos no se han integrado al servicio público como ciudadanos conscientes de sus deberes y responsabilidades en el funcionamiento constitucional del Estado. La historia testimonia como han violado sus propios deberes cívicos y su papel como representantes y servidores del pueblo. Igual actitud y comportamiento ilícito han evidenciado ante el mandato constitucional de asegurar el debido funcionamiento del Estado, ejerciendo democracia pluralista orientada a lograr el fin social supremo del Estado y la sociedad hondureña.
Todos esos grupos y cómplices del ejercicio de poderes fácticos dentro del Gobierno del Estado han llevado tanto a un distorsionado funcionamiento de la institucionalidad pública y privada que debe corregirse inmediatamente; como a una correspondiente falta de autenticidad de las elecciones internas, primarias y generales, ante cuya periódica ocurrencia o realización estamos – en el 2025 – y que llaman a la ciudadanía soberana y democrática a unirse solidariamente para reivindicar la soberanía del pueblo y su autodeterminación real – en todas esas elecciones – para el logro progresivo del respeto, protección y promoción de su dignidad, del disfrute de sus derechos humanos, con la salvaguarda y utilización racional de los recursos, riquezas y potencialidades de nuestro territorio que posibiliten el desarrollo y bienestar nacional..
Decisión democrática para recuperar la soberanía nacional y libre determinación. Todos esos factores o circunstancias nos colocan ante una situación que hace impostergable resolver – con firme decisión soberana de la ciudadanía – optando por la vida con dignidad, en democracia, libertad y estado de Derecho. Lo que significa retomar el camino constitucional hacia la sociedad democrática justa antes indicada, reafirmando nuestra posición – como ciudadanía titular de la soberanía del Estado de Honduras – con el poder del voto mayoritario y eliminando esos grandes y graves abusos derivados de acciones u omisiones de personas confabuladas con los males públicos anteriormente señalados.
Como ciudadano hondureño insto a mis compatriotas a no resignarse a vivir en la antidemocracia, el desorden público y la complicidad con los opresores, autores y cómplices de los males públicos; y a que juntos – mujeres y hombres – optemos, en adelante, por nuestra dignidad humana, la democracia auténtica y el efectivo estado de Derecho para recuperar el camino constitucional hacia una sociedad justa de bienestar general, progreso social e igualdad de oportunidades y para la realización individual de las personas en sus legítimas aspiraciones.
Sólo la participación responsable de la ciudadanía soberana puede liberarla de los males públicos actuales y futuros e iniciar la construcción constitucional de esa sociedad justa que la Constitución proclama. Lograrlo es posible votando por personas cuyo pasado y presente testimonien de su honradez, integridad, conocimiento del funcionamiento del Estado democrático de Honduras para cumplir su constitucional fin supremo con la gestión de un buen gobierno de democracia pluralista con explicita finalidad social antes descrita. eligiendo gobiernos en Honduras que retomen debidamente el camino constitucional.
