Participación política de la Ciudadanía y opinión pública
Roberto Herrera Cáceres: Democracia y Estado Constitucional de Derecho, en Honduras.
Bajo el imperio del Estado Constitucional de Derecho, la soberanía nacional pertenece al pueblo quien es también el titular del derecho a la democracia, los cuales ejerce eligiendo, entre los miembros de la sociedad, a sus representantes en los poderes públicos y otras instituciones estatales, para asegurar la finalidad suprema del Estado de garantizar y promover la dignidad humana, supervivencia y medios de subsistencia de cada persona individual y del pueblo, en su conjunto.
La ciudadanía tiene también el deber de contribuir a que el Gobierno, en sus tres poderes e institucionalidad pública, cumpla su obligación de comportarse y actuar democráticamente conforme a lo que se dispone en la Constitución de la República, las normas internacionales vigentes y las leyes compatibles con dicha Constitución.
En consecuencia, los que desempeñan cargos públicos en el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y otras instituciones estatales, son ciudadanos y ciudadanas que gozan inicialmente de la confianza social para ejercer la forma democrática de gobierno por la cual hemos constitucionalmente optado para asegurar la dignidad, el bienestar común y la justicia social, del pueblo entero.
Mandato cuyo cumplimiento debe asimismo ser controlado por la ciudadanía. De ahí que, sin afectar su igualdad e independencia, esos poderes deban necesariamente, en democracia, saber complementarse debidamente entre ellos y con los gobiernos municipales (caso del gobierno central) hacia esa finalidad suprema, asegurando la efectividad y eficiencia de la acción estatal unitaria, local y nacional, por el bien común de la hondureñidad.
Así, con mayor razón en estos tiempos cambiantes, nuestros representantes son responsables de gestionar los asuntos públicos con visión integral de la interdependencia de Estado y sociedad; y con enfoque integral de la problemática y la solución nacional en perspectiva de dignidad humana, bienestar común, justicia social y protección del medio ambiente y la biodiversidad.
Para ello, en especial los representantes del pueblo en el Poder Ejecutivo y Legislativo, deben saber ocuparse, prioritaria y complementariamente, de los problemas más urgentes de las personas, de las comunidades locales y comunidad nacional, entre ellos, los de: empleo o trabajo decente y actividad empresarial innovadora; salud de los habitantes; seguridad alimentaria y energética; prevención, control y sanción de la violencia y delincuencia incluida la corrupción e impunidad; migración forzada y desplazamientos forzosos internos; protección del usuario y consumidor; adaptación al cambio climático y resguardo del medio ambiente y ecosistemas.
Es lo que la ciudadanía espera de parte de los representantes legítimos del pueblo, en todos los poderes e institucionalidad. En especial, de los diputados y diputadas como representantes que, en el Congreso Nacional, deben atender más responsablemente sus funciones, haciendo prevalecer la ética y la ejemplaridad democrática en sus actuaciones, con debates de altura que contribuyan a formar opinión pública, con procesos comunicativos amplios, con espacios abiertos a la más accesible participación política de la ciudadanía y con la creación o reforma legislativa compatible con el Estado Constitucional Democrático de Derecho, vigente en Honduras. En esa virtud, es de reiterar nuestro apoyo ciudadano al CNA, en lo concerniente a la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio de la función legislativa #Congresista129 y Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC).
