Urge transformar la inercia o indiferencia en Honduras, en un proceso emprendedor de seguridad humana y desarrollo sostenible que supere situaciones de pobreza y sub -desarrollo nacional.
Roberto Herrera Cáceres
Las necesidades vitales de la población apremian su satisfacción, mediante el ordenado inicio de la transformación de Honduras, por medio de un proceso de superación de la pobreza y el subdesarrollo, con una perspectiva de emprendimiento de la seguridad humana y el desarrollo sostenible integral. Proceso que es necesidad prioritaria de orden público que requiere de un cívico y democrático acuerdo nacional, acompañado de un pertinente pacto fiscal, bajo el imperio efectivo de la Constitución de la República.
A propósito de la pobreza y desigualdad social reinante en su tiempo, desde 1824, el Sabio José Cecilio del Valle relató, para la posteridad, lo siguiente: “Recorriendo la historia de las sociedades, hemos hecho ver que muchas veces existe una diferencia grande entre los derechos que la ley reconoce en los ciudadanos y los derechos que gozan positivamente; entre la igualdad establecida por las instituciones políticas y la que existe entre los individuos…esta diferencia ha sido una de las causas principales de la destrucción de la libertad en las repúblicas antiguas, de las tempestades que las han turbado, de la debilidad que las ha entregado a tiranos extranjeros”.
En el 2022, aún persiste esa desigualdad social, resultante de la pobreza que es violación de la dignidad humana en Honduras, ahora con una población de alrededor de nueve millones y medio de habitantes, de los cuales más de seis millones se encuentran en condición de pobreza, incluyendo más de tres millones en pobreza extrema. Esa situación que coloca a las personas en situación social de vida indigna, de exclusión o discriminación, les priva de lo necesario para poder subsistir, por ejemplo, de: comida, trabajo, atención médica y medicamentos, ropa, vivienda, agua potable, energía eléctrica, acceso a la justicia; así como de oportunidades y posibilidades de desarrollarse humanamente, dentro de la sociedad y el Estado de Honduras.
La realidad muestra contundentemente las acciones y omisiones que, en continuidad histórica, han facilitado esa pobreza y exclusión social en la vida de la mayoría de las personas, transgrediendo o violando el Estado Constitucional de Derecho que protege la democracia y el goce y ejercicio de sus derechos humanos, por todas y todos los habitantes.
La pobreza y el subdesarrollo que la contextualiza, han sido y son claramente contrarios al contenido, espíritu, principios y objetivos de la democracia cristalizada normativamente en la Constitución de la República (1982), cuyo preámbulo y dispositivo señalan expresamente, al Estado y a la sociedad, el deber y responsabilidad de dignificar a todas las personas, asegurando una sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización de las mujeres y hombres, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia y el bien común.
A pesar de la injusticia social reflejada en la realidad nacional, seguimos viviendo bajo un Estado de Derecho, en el cual debe cumplirse inexcusablemente y hacerse progresivamente efectivo el disfrute de los derechos humanos; y sancionarse a los responsables de esa pobreza, con las reparaciones consiguientes a las personas víctimas de tales comportamientos y con las garantías de no repetición de tan graves ofensas a la humanidad. Muchos males públicos derivan o, como la corrupción, son parásitos de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que colocan en condición de vida indigna y vulnerabilidad a la mayoría de la gente, en Honduras. Por eso, urge de un proceso de erradicación de la pobreza y del subdesarrollo que pueda ir simultáneamente coadyuvando, directa y concurrentemente, a la cohesión social y a la confianza en la aplicación efectiva del Estado de Derecho y a la participación de toda la hondureñidad en el impulso al desarrollo sostenible; y, por esa vía, a disuadir desplazamientos forzados internos y migración forzada y a eliminar amenazas a la seguridad humana de la población, haciendo germinar la semilla de su bienestar, gracias al trabajo laborioso y a la participación de todos los hondureños (as), en el desarrollo local y nacional.
Acometer la pobreza y el subdesarrollo es así la más urgente y primera tarea de la transformación nacional, en este y sucesivos gobiernos, con apoyo de la sociedad. Tarea nacional a ser realizada, con carácter integral, de manera planificada sobre bases firmes, objetivos reales y verificables de inclusión social, igualdad de oportunidades y protección social, y en interrelación con los otros objetivos de desarrollo para el bienestar de toda la sociedad, como: el crecimiento económico sostenido e inclusivo; el empleo pleno y productivo y el trabajo decente; la protección del medio ambiente sano y la biodiversidad, la protección y prevención de los efectos negativos del cambio climático; el fomento de sociedades pacificas e inclusivas, conforme al Estado Constitucional de Derecho, con acceso a la justicia, y con institucionalidad gestionada con honestidad, eficiencia y eficacia, por servidores públicos íntegros que, de manera transparente, rindan cuentas de ello.
Para poner fin a las causas que generan la pobreza y el subdesarrollo se requiere de un acuerdo nacional y planificación previa, base de políticas y medidas viables y eficaces que coloquen a todas las personas en condiciones de ejercer sus derechos humanos, conforme a lo previsto en la Constitución de la República, la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, complementada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Para ello, en Honduras, hay talento humano con pericia en la materia y compenetrada de sus deberes cívicos y humanos, al respecto; así como disponemos también de prácticas útiles y experiencias valiosas que pueden contribuir a esa planificación, diseño de política y ejecución de esta prioridad vital para las personas, la sociedad y el Estado.
Es tiempo de la transformación de actitudes históricas de inercia o indiferencia, en un proceso constructivo y participativo, con fundamento en un acuerdo nacional para erradicar la pobreza y el subdesarrollo, y así emprender la creación constante de seguridad humana y desarrollo sostenible integral, con su respectivo pacto fiscal que respalde su cumplimiento y concrete el compromiso, de gobernantes y gobernados, de asumir efectivamente sus deberes correspondientes, participando activamente para lograr esos objetivos y los resultados de bienestar para la vida de toda la gente.
Por eso, se impone democráticamente un proceso transformador para el rescate impostergable de la dignidad humana, teniendo también presente que la actual coyuntura, nacional e internacional, está propiciando mayor pobreza en nuestra realidad social, por lo que políticas y medidas estructurales deben acompañarse de complementarias políticas y medidas coyunturales que controlen los efectos y prevengan el agravamiento de ese mal público en nuestra sociedad.
Nada debe volver al pasado. Todo tiene que ordenarse, renovarse e innovarse democráticamente por la seguridad humana y el desarrollo sostenible de la gente, con participación e inclusión ciudadana, en función del respeto a la dignidad humana. RHC/hondudiario
