***Más de 16,000 abogados y profesores universitarios piden al Congreso y la Administración Biden tomar medidas inmediatas no solo con el propósito de revisar la situación y garantizar un proceso de asilo humano y ordenado para quienes llegan en busca de protección, sino para mejorar la totalidad de un sistema que se encuentra roto.
La Asociación Americana de Abogados de inmigración (AILA) envió una carta al subcomité de inmigración del Comité Judicial de la Cámara de Representantes donde muestra su alarma por la crítica situación migratoria que se vive en la frontera con México, sumado a los gigantescos atascos en la Corte de inmigración (EOIR) y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), más los retrasos causados por el cierre de fronteras o dependencias debido a la pandemia del covid-19 entre 2020 y 2022.
Los más de 16,000 miembros, entre ellos cientos de profesores universitarios, solicitaron la convocatoria de una audiencia “para abordar la frontera sur”, al tiempo que instaron al Congreso y al gobierno de Joe Biden a tomar medidas inmediatas no solo con el propósito de revisar la situación y garantizar un proceso de asilo humano y ordenado para quienes llegan en busca de protección, “sino para mejorar la totalidad del sistema de inmigración”.
El clamor tampoco es nuevo. En las últimas dos décadas, sobre todo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando el Congreso estuvo a punto de aprobar una reforma migratoria con un camino de legalización para más de 2 millones de trabajadores agrícolas, principalmente mexicanos, políticos, religiosos, abogados, universidades, organizaciones, sindicatos y defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que el sistema migratorio necesita ser modernizado con urgencia.
Sistema colapsado
“Cuando la migración se gestiona con eficacia, los inmigrantes pueden desempeñar un papel fundamental en el avance de la prosperidad de la nación”, se lee en la misiva. Y agrega que el país se ha “beneficiado directamente de la inmigración” durante la recuperación en curso debido a la pandemia del coronavirus y la recesión, “cuando los inmigrantes han servido en roles clave tales como profesionales médicos y otros trabajadores de primera línea en industrias esenciales (de la cadena alimenticia)”.
Pero el sistema de inmigración no funciona y no ha respondido a las exigencias que plantea la inmigración actual, tanto dentro del país como en las fronteras, donde la situación en los últimos años se ha convertido en un dolor de cabeza para la Casa Blanca de Biden.
“Para abordar directamente los patrones cambiantes de migración en la frontera sur, AILA recomienda la implementación de una amplia gama de soluciones”, indica la carta. Entre ellas cita un reciente informe elaborado por la entidad que incluye estrategias para gestionar la migración y, al mismo tiempo, “mantener las protecciones establecidas en el derecho de asilo y humanitario de Estados Unidos”.
El documento agrega que el gobierno debe “modernizar” el procesamiento de extranjeros en la frontera mediante el uso de un «enfoque que implique a todo el gobierno», y de esa manera aprovechar la capacidad de múltiples agencias para aliviar la presión en la frontera sur.
Ampliar el centro de mando
La principal recomendación de AILA señala que el gobierno debería crear una Oficina de Protección de Migrantes encargada de “coordinar el trabajo entre las distintas agencias relacionadas con la inmigración”. Y precisa que el Ejecutivo “debe establecer políticas uniformes para compartir información entre las distintas agencias que operan en la frontera”.
Recomienda además un mejor acercamiento entre las dependencias que operan en la frontera “identificando y procesando a los migrantes” y las unidades u oficinas que operan en el interior, “como los tribunales de inmigración”, que a la fecha tienen más de 2 millones de casos acumulados y en promedio la resolución de los casos promedia casi 4 años.
“Se necesitan mayores inversiones para mejorar la infraestructura, incluida la contratación de nuevos agentes de aduanas y protección fronteriza (CBP) en los puertos de entrada para inspeccionar vehículos y peatones, así como más oficiales (agentes) de asilo de la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para entrevistar personas que llegan en busca de asilo y temen ser perseguidas si son regresadas regresan a sus países de origen”, añaden las recomendaciones.
Pero para lograr esto, indica AILA, “el Congreso debe hacer las inversiones necesarias en el sistema mediante la financiación adecuada de USCIS, la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración -EOIR-) y el Departamento de Estado (DOS), instancias que participan en el proceso y que revisan miles de solicitudes de visas y otros casos de inmigración anualmente”.
“Estas dependencias y/o agencias requieren apoyo urgente para reducir el grave atasco en el sistema, y atender y acelerar los tiempos de procesamiento que retrasan casi todo tipo de solicitud de inmigración por meses, incluso años”, escribieron.
Medidas innecesarias
En cuanto al uso de medidas de carácter punitivo para castigar a los inmigrantes irregulares, AILA dijo que se opone al uso de este tipo acciones tal como “la detención, el bloqueo o la expulsión acelerada (expedita) de las personas que llegan a la frontera”, la mayoría de ellas tras huir de sus países en busca de asilo en Estados Unidos.
En la actualidad la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene unas 33,000 camas diarias en centros de detención ubicados a lo largo y ancho del país y administra más de 330,000 inmigrantes bajo el Programa alternativo de Detención (ATD). A su vez, las autoridades federales migratorias han expulsado de manera expedita a unos 3 millones de extranjeros en la frontera bajo el Título 42 por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia.
“Las administraciones actuales y pasadas han intentado tales métodos solo para descubrir que son ineficaces, injustos y ponen en grave riesgo la vida de las personas por violencia, incluso la muerte”, precisa AILA. Por ejemplo, apunta, “la política del Título 42 no ha logrado reducir el número de personas llegando a la frontera sur mientras los atrapaba en condiciones inseguras y peligrosas en México”.
AILA también dijo que la manera de reparar el sistema migratorio actual, “el Congreso debe apoyar los esfuerzos de la Administración Biden para asociarse con otras naciones para navegar por patrones de cambio de migración que afectan a todo el hemisferio occidental”.
Problema que crece
En cuando al tamaño de la crisis, AILA indicó que, de acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “muchos países de las Américas están viendo un aumento en el número de personas que buscan asilo”, un asunto que para ser tratado se debe actuar en conjunto “a través de una inversión en esfuerzos multilaterales para mejorar los programas humanitarios, incluidos aquellos que apoyan el desarrollo económico y estabilidad política en la región”.
“Se deben crear y ampliar nuevas vías legales para facilitar la llegada de inmigrantes a Estados Unidos. El Congreso debe aprobar reformas que proporcionen la necesaria protección temporal y visas de inmigrantes permanentes para familiares, trabajadores extranjeros y aquellos que buscan protección de la persecución”, recomendó.
En caso de ausencia de legislación sobre el tema, los abogados dijeron que “la Administración Biden debería continuar Implementando programas dentro de su autoridad legal (Ejecutiva), como expandir el programa de refugiados, eliminando retrasos para garantizar el uso completo de visas aprobadas y programas de libertad condicional como el recientemente anunciado para cubanos, haitianos y nicaragüenses, quienes fueron agregados a una lista que desde octubre del año pasado integra Venezuela.
“Han transcurrido décadas durante las cuales el Congreso no ha podido promulgar una reforma al sistema migratorio. El legislativo debe redoblar sus esfuerzos para aprobar legislación porque los desafíos en la frontera sur solo se abordarán con éxito con soluciones a largo plazo”, finaliza la carta.
El programa de libertad condicional citado en la misiva fue anunciado por Biden el 5 de enero. Otorga hasta 30,000 visas mensuales a ciudadanos de los cuatro países mencionados, quienes entran a Estados Unidos con el respaldo de un patrocinador y con un permiso humanitario por dos años. Al término de ese plazo deben marcharse, a menos que hayan legalizado sus permanencias por medio de otra vía legal disponible, indica el reglamento.
