*** La amenaza ambiental mantiene en lucha a pobladores de la comunidad Santa Marta, San Isidro en el departamento de Cabañas y San Sebastián y de la organización ADES, quienes «sonaron las alarmas» porque el gobierno inició procesos encaminados a reactivar la explotación minera metálica, al crear la «dirección de energía, minas e hidrocarburos y la incorporación al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible».
El gobierno salvadoreño que lidera Nayib Bukele, está promoviendo o «reviviendo» la explotación minera metálica a favor de expresas extranjeras, denunciaron pobladores aglutinados en la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) de la comunidad de Santa Marta, municipio de Victoria, departamento de Cabañas, donde varios líderes ambientales fueron capturados y están presos por oponerse a la iniciativa gubernamental.
En este caso, las comunidades de Santa Marta y San Sebastián, están ubicadas en zonas de abundantes minerales que por décadas son el interés de expresas extranjeras, pero el año 2008, el gobierno salvadoreño de turno, aprobó la suspensión minera metálica, después de luchas comunales y convencidos de los daños ambientales y humanos, que eran y son un atentado a la salud de los habitantes de ese país.
El Salvador se volvió el primer país en el mundo en prohibir todos los tipos de minería, un logro sin precedentes en un país donde la lucha anti minera significo mártires, encarcelamientos y amenazas a comunidades.
El país sentó un precedente mundial para frenar los severos riesgos para el ambiente, poner el peligro bosques, suelos y recursos hídricos, por evitar el drenaje ácido, metales pesados y desechos altamente tóxicos, al crear una legislación que prohibía la explotación minera, sino también derrotar a la empresa transnacional, Oceana Gold, de capital australiano que había comprado el proyecto minero iniciado por la empresa basada en Vancouver, Pacific Rim.
Aunque los pobladores de la comunidad San Sebastián, el el departamento de San Vicente, nunca han dejado realizar la explotación minera artesanal, el Estado no cumplió su parte en garantizar fuentes alternas de trabajo a los cientos de trabajadores que se dedican bajo condiciones informales a minar oro. A la fecha, en esta misma comunidad, sigue corriendo el río que por décadas ha mantenido un color rojizo y un olor toxico, lleno de metales pesados y poniendo en riesgo a todos sus habitantes.
Empero, la amenaza ambiental que está reviviendo el presidente Nayib Bukele, alertó y mantiene en lucha a la comunidad Santa Marta y a la organización ADES (Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta), quienes sonaron alarmas cuando el gobierno empezó a tomar pasos con intereses en la explotación minera, «como la creación de la dirección de energía, minas e hidrocarburos y la incorporación al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible; además del alquiler de los viejos terrenos de la canadiense Pacific Rim por parte de agentes extranjeros quienes presuntamente buscan una reactivación de la industria minera».
En tal sentido, oponerse a las disposiciones o iniciativas del Gobierno, varios líderes de esta comunidad de Santa Marta, en Victoria, departamento de Morazán, terminaron detenidos el 11 de enero del 2023, bajo cargos por «crímenes de guerra» un acusación ilegítima que violenta los derechos humanos, según los defensores de estos líderes, considerando además que los pobladores aseguran su detención «no es más que un evidente caso de persecución política», por oponerse.
Al respecto, el primer periódico digital de Honduras, tuvo acceso a un documental, titulado La Maldición Del Oro, donde se resume la historia, testimonios y las condiciones actuales que viven los pobladores de estas comunidades «anti mineras», que han denunciado que el gobierno de Nayib Bukele, esta promoviendo reactivar la industria minera, empujado por empresas de China, Canadá y hasta México.
En un vídeo de 13 minutos, se detalla cómo El Salvador, después de convertirse en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica, un logro sin precedentes en un país donde la lucha anti minera significó mártires, encarcelamientos y amenazas a comunidades, pero ahora pretenden reactivarlas y a quienes se oponen están siendo amenazados y encarcelados, según los denunciantes.
Actualmente, lo dirigentes y líderes comunales contra la minería metálica en El Salvador, en los territorios de comunidades San Sebastian, Santa Marta y también en San Isidro en el departamento de Cabañas;»están siendo acechados por agentes extranjeros con presuntos intereses en la explotación minera».
El gobierno salvadoreño, según los denunciantes, está promoviendo volver a la explotación minera, luego de crear de la Dirección de energía, minas e hidrocarburos y la incorporación al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible; además de promover el alquiler de los viejos terrenos de la canadiense Pacific Rim por parte de agentes extranjeros quienes presuntamente buscan una reactivación de la industria minera. MO/Hondudiario
