***El gobernador de Texas emitió una orden ejecutiva en la que ordena a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la frontera y a los agentes del Departamento de Seguridad Pública, arrestar y enviar a la frontera a extranjeros que cruzan ilegalmente entre puertos fronterizos. La medida ignora el debido proceso de las autoridades federales.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el jueves que emitió una orden ejecutiva autorizando a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública “detener” a inmigrantes indocumentados que cruzan ilegalmente la frontera entre puestos fronterizos y “devolverlos”.
Abbott dijo en un comunicado que “la decisión de la Administración Biden de terminar con las expulsiones del Título 42 y la política de Permanecer en México (MPP) ha llevado a niveles históricos de cruces ilegales, con 5,000 migrantes detenidos durante el fin de semana del 4 de julio, creando una crisis fronteriza que ha invadido comunidades a lo largo de la frontera y al otro lado Texas”.
Pero el gobernador no dijo que el Titulo 42 permanece vigente por orden judicial y que, si bien el gobierno de Biden puede desmantelar el MPP tras un fallo favorable emitido por la Corte Suprema, este seguirá vigente por un tiempo hasta que se publique el reglamento respectivo tal como lo estipula la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
La orden no menciona a aquellos inmigrantes que se presentan en los puertos fronterizos o se entregan a las autoridades federales, piden asilo y sus casos son procesados dentro de Estados Unidos.
De qué se trata
El gobernador de Texas precisó en un comunicado publicado en su página web que había autorizado a tanto a la Guardia Nacional como al Departamento de Seguridad Pública de su estado “comenzar a devolver inmigrantes ilegales a la frontera para detener esta empresa criminal que pone en peligro a nuestras comunidades».
La nota de prensa tampoco explica que el asilo es un recurso legal disponible autorizado por el Congreso y que corresponde al gobierno federal de Estados Unidos ejecutar (enforzar) las leyes de inmigración.
“A medida que los desafíos en la frontera continúan aumentando, Texas continuará tomando medidas para abordar los desafíos causados por la Administración Biden”, apuntó.
La orden emitida por Abbott se enmarca en el Operativo Estrella Solitaria, un conjunto de medidas de seguridad lanzado en marzo del año pasado para detener la inmigración indocumentada y tomando como referencia la política de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump.
Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California, dijo que la orden emitida por Abbott “será desafiada por el gobierno en los tribunales en cualquier momento”.
Precedente jurídico
A mediados de enero Jan Soifer, jueza de distrito del condado de Travis, dictaminó que la operación lanzada por Abbott en la frontera viola la Constitución de Estados Unidos.
El fallo fue en respuesta a una demanda contra el arresto del inmigrante de origen ecuatoriano Jesús Guzmán Curipona, quien vino a Estados Unidos en busca de asilo, pero fue arrestado por las fuerzas de seguridad de Texas y acusado de haber violado propiedad privada.
La defensa del inmigrante argumentó que su detención violó la cláusula de la Constitución que estipula que la ley federal tienen supremacía sobre la ley estatal, y que los estados no pueden “obstruir o discriminar” con la aplicación de las leyes migratorias federales.
En agosto del año pasado otra corte de El Paso falló en contra de una orden de Abbott que impedía la transportación de inmigrantes indocumentados, por considerarlos propagadores del coronavirus.
La demanda, presentada por el Departamento de Justicia, sostuvo que la orden ejecutiva de Abbott “violó la Cláusula de Supremacía de la Constitución que dice que las leyes federales tienen precedencia sobre las leyes estatales”.
También argumentó que la orden estatal “causa daño a personas de las que Estados Unidos tiene el encargo de proteger y pone en peligro la salud y seguridad de no ciudadanos bajo custodia federal, arriesgando la seguridad de agentes federales y sus familias, y exacerbado la propagación de covid-19 en nuestras comunidades”.
Mensaje de campaña
En el comunicado Abbott también señala que mientras Biden “se niega a hacer su trabajo y hacer cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, el estado de Texas una vez más está dando un paso al frente y tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur”.
Biden se encuentra en plena campaña de reelección en los comicios que se celebrarán el primer martes de noviembre.
Lo que tampoco dijo Abbott es que de los más de 239,000 detenidos o hallados por las autoridades federales de inmigración en la frontera en mayo fueron procesados y la mayoría deportados aceleradamente bajo el Título 42 o el Título 8 de la Ley de Inmigración. Otro porcentaje fue regresado bajo el MPP a esperar en México la resolución de sus casos de asilo en tribunales de inmigración estadounidenses.
Otro dato no mencionado en el comunicado del gobernador es el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la ley de prevención de tráfico humano de 2008, que impiden la deportación acelerada de menores y ordena que sean los jueces de inmigración quienes decidan sus futuros en Estados Unidos.
Abbott tampoco mencionó datos respecto al cruce indocumentado exitoso, medición que podría dar luces respecto a la supuesta invasión de extranjeros que el gobernador denuncia desde hace meses para justificar su plan migratorio.
A finales de 2016 el DHS estimó el ingreso indocumentado exitoso en menos de 55,000 por año. Pero entre 2017 y 2018, los dos primeros años de Trump en la Casa Blanca, se registró un aumento de 11 puntos porcentuales cada año.
No hay datos en cuanto a las estimaciones de cruces ilegales exitosos durante los años fiscales 2019 al 2021 y lo que va del 2022. “Desafortunadamente no hay cifras”, dijo a Univision Noticias Roger Maier, especialista en Asuntos Públicos del CBP. Univisión/Hondudiario
