***Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi argumentan que la norma de la Administración de Biden para blindar la protección a los dreamers es «ilegal» porque sobrepasa el «alcance del poder ejecutivo».
Un grupo integrado por nueve estados gobernados por republicanos pidieron este martes a un juez federal del sur de Texas que anule una norma del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012 (DACA) que protege a poco más de 600,000 dreamers, inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de forma irregular antes de cumplir los 16 años.
Se trata de un nuevo desafío desde las filas republicanas a una política de la era Obama con el cual se pretende eliminar las protecciones que impiden la deportación y otorgan una autorización temporal de empleo que esos inmigrantes tienen que renovar cada dos años.
Aunque en la demanda los republicanos hablan de 800,000 dreamers, ese es el número que originalmente se acogió al programa, en 2012. Sin embargo, después de que muchos lo abandonaran por diversas causas, en la actualidad son unos 600,000, además de 82,000 solicitudes que no han sido procesadas.
El año pasado, el gobierno de Joe Biden anunció una norma conocida como Regla Final para «preservar y fortalecer» el programa DACA ante los continuos desafíos legales provenientes desde las filas republicanas. La norma, que según el gobierno corrige los defectos del plan original y deja sin efecto los argumentos de las demandas, entró en vigor el 31 de octubre pasado.
Los estados demandantes esta vez, Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi, argumentan que dicha norma es «ilegal» porque sobrepasa el «alcance del poder Ejecutivo».
«La regla final -como la última manifestación del programa DACA- es sustancialmente ilegal por las mismas razones que el Memorando DACA de 2021», alegan. «La Corte debe declararla ilegal e inconstitucional, anularla en su totalidad y prohibir permanentemente su implementación (con una transición prudente para los actuales beneficiarios de DACA)», señala el documento judicial.
Nuevamente ante un juez que declaró DACA ilegal
El caso ha sido llevado al tribunal del Distrito Sur de Texas, a cargo del juez Andrew Hanen, quien en julio de 2021 dictaminó que DACA era ilegal y prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes para el programa. La orden de Hanen, sin embargo, permitió que el programa continuara para los inscritos actuales mientras se litiga el caso.
A la fecha unas 82,000 solicitudes de nuevos inscritos al programa han sido recibidas por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), pero no pueden ser procesadas ni concedidas por orden del tribunal.
Hanen dijo entonces que el programa debería haber sido promulgado a través de una regulación federal abierta a comentarios públicos (Ley de Procedimiento Administrativo -APA-). Sin embargo, la regla final recibió 16,000 comentarios públicos y fue revisada y luego emitida una refla final (RFI) para evitar vacíos legales y corregir los fallos cometidos en el plan original de 2012.
En octubre pasado, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó en gran medida el fallo del tribunal del Distrito Sur, pero permitió que permaneciera en vigor para los beneficiarios de DACA existentes, ya que envió el caso de vuelta al tribunal inferior paraque el juez Hanen revisara la regla final.
DACA se ha mantenido en vigor desde 2012 a pesar de los litigios y los múltiples intentos del expresidente Trump de recortar el programa.
Aguardando en el limbo
A principios de enero Univision Noticias reportó que los poco más de 600,000 soñadores amparados bajo el programaaguardaban «en el limbo» una decisión de la corte de Hanen tras el fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que pidió revisar el nuevo DACA antes de tomar una decisión final. El juez celebró una primera audiencia en octubre y desde entonces los dreamers esperan una decisión, pero de acuerdo con el calendario de la corte el fallo demorará y faltan audiencias por llevarse a cabo.
En su dictamen de octubre, la Corte de apelaciones del quinto Circuito basada en Nueva Orleans determinó en su sentencia que «los demandados (el gobierno) no han demostrado que existe una probabilidad de que tengan éxito en los méritos». Además, también los jueces del panel de apelaciones reconocieron que «DACA ha tenido profunda importancia para los destinatarios y muchos otros en los diez años transcurridos desde su entrada en vigor» el 15 de junio de 2012”.
“Ahora esperamos la celebración de una segunda audiencia”, dice José Muñoz, director de comunicaciones de United We Dream (UWD). “Pero como le dije, estamos en un limbo, el programa permanece en un limbo jurídico y nadie sabe qué sucederá el día de mañana con nuestros futuros”, indicó.
En la segunda audiencia mencionada por Muñoz, los abogados de ambas partes entregarían más argumentos basados, esta vez. en el nuevo reglamento de DACA publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de 453 páginas.
“Confiamos en que, esta vez, desaparecerán las lagunas existentes en la regla original y el juez (Hanen) permita que el programa siga vivo”, agrega Muñoz. Pero los dreamers no dejan de lamentar que el Congreso en estos 10 años no hayan aprobado una ley bipartidista que les otorgue un estatus de permanencia temporal (green card).
El Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), al igual que UWD, aguarda la fecha y hora de celebración de una nueva audiencia en la corte de Brownville. La organización ha reiterado su apoyo a los dreamers y al programa, indicando que “continuará en los tribunales defendiendo” el beneficio migratorio.
Mientras la spera se extiende, el grupo de nueve estados republicanos se adelanta al proceso y le pide a Hanen que cancele de una vez por todas el programa, pero con un proceso de transición prudente para los poco más de 600,000 beneficirios.
El último intento legislativo
El último intento en el Congreso por legalizar de manera permanente la presencia de los dreamers se registró a finales de 2022, pero el intento murió por falta de apoyo bipartidista. Se trató de un plan migratorio demócrata y republicano encabezado por los senadores Kyrsten Zinema (independiente por Arizona, ex demócrata) y Thomas Tillis (republicano por Carolina del Norte).
La iniciativa de ley, que contaba con el respaldo del conservador sindicato de la Patrulla Fronteriza, propuso invertir en la contratación de nuevos agentes fronterizos, continuar con la construcción del muro iniciado durante el gobierno de Donald Trump, aumentar los salarios de los agentes actuales para evitar renuncias, aumentar la dotación de agentes de asilo del servicio de inmigración en la frontera, destinar nuevos fondos a la seguridad fronteriza y clarificar el proceso de asilo, entre otras medidas.
En cuanto al Título 42, activado en marzo de 2020 por la pandemia y que permite la deportación expedita de extranjeros (más de 2.7 millones en casi tres años), el plan recomendaba suspender la entrada de ciertas personas al país por un año e incentivar la presentación de casos de asilo en puertos de entrada, algo similar a lo realizado durante el gobierno anterior.
El proyecto de ley incluía, además, la aceleración de los procesos de asilo (incluyendo las entrevistas de miedo creíble) y desalentar la entrada indocumentada “utilizando procedimientos de expulsión acelerados”. Y agregaba inversiones en alternativas para “operaciones de detención y deportación para garantizar que los solicitantes de asilo comparezcan para su día en la corte”.
Al término de los capítulos relacionados con la seguridad fronteriza, el borrador incluía un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente 2 millones de dreamers, limitado a personas con presencia continua en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2018, tenían menos de 18 años cuando ingresaron al país y no tenían más de 38 años el 15 de junio de 2012.
Tras la llegada del nuevo liderazgo republicano a la Cámara de Representantes, la oposición advirtió que no respaldará ningún intento por aprobar beneficios migratorios a extranjeros indocumentados en el presente período legislativo que finaliza en enero de 2025. Univisión/Hondudiario
