“Operación Sting”, el plan de Biden para frenar las caravanas de migrantes

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***Se mantuvo en secreto hasta el 10 de junio cuando la Casa Blanca lo dio a conocer al término de la Cumbre de las Américas. Participan unos 1,300 agentes federales, y también policías y tropas de México, centro y Sudamérica. Hasta ahora más de 2,000 ‘coyotes’ han sido detenidos y solo es el comienzo.

Tegucigalpa, Honduras

La primera vez que su nombre se mencionó fue el pasado 10 de junio, al término de la Cumbre de Las Américas celebrada en Los Ángeles, California. Un documento de la Casa Blanca reveló que Estados Unidos anunciará una operación encubierta multilateral para interrumpir las redes de contrabando de personas en todo el hemisferio.

Se trata, según el documento, de la primera campaña de este tipo, “sin precedentes en escala, para interrumpir y desmantelar las redes de contrabando humano en América”. Lo que nadie sabía hasta ese momento era que la operación había iniciado al menos ocho semanas antes (dos meses) en total, secreto.

La operación, bautizada con el nombre de ‘Sting’ (aguijón o picadura), está liderada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la integran 1,300 personas (entre agentes, empleados y oficiales) en toda la región. Y se han invertido hasta el momento “más de $50 millones para apoyar estas actividades”, revela la nota de prensa.

Primeros resultados de ‘Operación sting’: arrestos, procesamiento, incautaciones

El gobierno asegura que hasta fines de mayo los esfuerzos han producido aproximadamente 20,000 acciones de interrupción total que incluyen: arrestos y enjuiciamientos, incautaciones de propiedades como casas y vehículos utilizados para esconder y contrabandear personas e investigaciones criminales.

Según analistas del DHS, estas acciones han llevado “a que 900 migrantes menos lleguen a la frontera suroeste (Estados Unidos-México) cada día”.

La Casa Blanca sostiene que “apenas estamos comenzando” y señala que “Estados Unidos buscará ampliar los esfuerzos con otros gobiernos de la región para mejorar el intercambio de información, desarrollar capacidades y avanzar en las investigaciones criminales”.

Ya vieron a agentes caminando con la última caravana

La última caravana de migrantes que salió de Tapachula el 6 de junio y estuvo en carretera cinco días hasta que se desintegró en las cercanías de Huixtla, en el estado de Chiapas, fue testigo de las operaciones encubiertas y secretas lideradas por agentes federales estadounidenses.

“Los vimos. Caminaron todo el tiempo junto a nosotros, haciéndose notar, hablando con la gente, infundiendo temor en las personas que marchaban”, dice Luis García Villagrán, director de la Organización por la Dignificación Humana, uno de los organizadores de la caminata que esta vez logró reunir a más de 10,000 migrantes, la mayoría de ellos de origen venezolano.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México habla de poco más de 7,000 y asegura que todos ellos recibieron un permiso migratorio por 30 días que les permite circular por México y regularizar sus estadías, ya sea por medio del asilo o una visa humanitaria.

García reitera que la forma migratoria “solo se trató de un gesto para que se vayan al norte y busquen asilo en Estados Unidos”.

Organizador de caravana afirma que se hace un «manejo perverso» con los inmigrantes

A la pregunta cómo supo que se trataba de agentes federales estadounidenses quienes marchaban con la caravana, García explicó que “durante todo el trayecto de unos 40 kilómetros desde el Parque Bicentenario de Tapachula hasta las afueras de Huixtla, donde de desarticuló la caravana, “ellos mismos nos dijeron quiénes eran. Primerio pensábamos que se trataba de periodistas porque nos fotografiaban, pero después supinos de quiénes se trataba”.

“Uno de ellos incluso me dijo que estaban muy pendientes de lo que estaba haciendo y que el gobierno de México tenía cinco carpetas abiertas (investigaciones) en mi contra, una de ellas por agresiones a la Guardia Nacional y otra por enriquecimiento ilícito”, señaló el activista.

Precisó además que “todo esto se trata de un manejo muy perverso” de la realidad de estas personas que llegan a México con la finalidad de seguir viaje al norte para pedir asilo en Estados Unidos. Esta gente sufre, necesita ayuda, no tienen nada, lo dejaron todo atrás y no les están respetando sus derechos más elementales”.

“Imagínese, resulta que ahora pertenecer a una caravana resulta ser más peligroso que se un terrorista. Aquí hay un manejo peligroso de todo esto, están propagando información que los inmigrantes son malos y eso siembra odio”, aseguró.

A la pregunta cuándo saldrá la próxima caravana, García Villagrán dijo que “ya es suficiente. Ahora tengo miedo de lo que puedan hacerme. Estoy enfermo. Ya hice mi labor y he ayudado a muchos. Soy un defensor de los derechos humanos y lo seguiré siendo, pero ya no vuelvo a encabezar una caravana. Tengo que preocuparte de las carpetas (investigaciones) que abrieron en mi contra”.

Denuncian que militares participan en el ‘Operativo sting’

El diario mexicano La Jornada dijo en su página digital que en la ‘Operación Sting’ participan militares y que uno de sus principales objetivos es frenar las caravanas que salen de Tapachula.

En esta ciudad fronteriza con Guatemala hay miles de migrantes provenientes de no solo de centro y Sudamérica, dino también del este de Europa, África, el Caribe y Asia, un verdadero éxodo de personas que huyen de sus países y se dirigen a Estados Unidos en busca de asilo o ingresar de forma indocumentada exitosamente.

Si bien el gobierno de México viene operando como un tapón de contención, cada poco tiempo miles de agrupan y burlan todos los sistemas de seguridad para emprender una caminata hacia el norte. Los inmigrantes argumentan que el gobierno mexicano no les resuelve la estadía migratoria y que las caravanas, por lo menos, garantiza que obtendrán algún tipo de permiso para movilizarse y tratar de llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Pero a partir del documento emitido al término de la Cumbre de las Américas se sabe que el gobierno de Biden está desplegando (o desplegará) cientos de agentes federales en América Latina para ubicar y desarmar las redes de contrabando de personas hacia el sur de México.

Mayorkas confirma la escala y el alcance de la operación

El 11 de junio, un día después del comunicado enviado por la Casa Blanca donde reconoce la operación, el jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, concedió una entrevista a la cadena CNN en la que dijo que “hemos llevado a cabo un esfuerzo de todo el gobierno para atacar a las organizaciones de contrabando. No se trata solo de investigaciones del DHS, no se trata solo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Se trata también de agencias dentro del Departamento de Justicia (DOJ) y, por supuesto, nuestros socios en México”.

Mayorkas dijo además que “la escala y el alcance” de la operación “no tiene precedentes”, y que en los dos meses previo a la cumbre en que han actuado en secreto han arrestado a unos 2,000 traficantes (coyotes) “lo que marca un aumento del 600% en las acciones policiales tomadas contra dichos actores en comparación con los esfuerzos de años anteriores”.

El DHS, por su parte, explicó que en abril lanzó un esfuerzo único en su tipo, “de una escala sin precedentes, para interrumpir y desmantelar estas redes de contrabando de personas”, y que había comprometido “más de $50 millones y aumentado en más de 1,300 personas en América Latina y a lo largo de la frontera suroeste” para frenar el contrabando humano y detener el cruce indocumentado a Estados Unidos.

La semana pasada la CBP reportó que los arrestos de inmigrantes en la frontera con México fue de 239,416, un incremento del 2% respecto al registrado en abril. De ellos, dijo la Patrulla fronteriza, “el 25% involucró a personas que tuvieron al menos un encuentro previo en los 12 meses anteriores, en comparación con una tasa promedio de reencuentro de un año del 15% para el año fiscal 2014-2019”.

La agencia federal dijo además que las restricciones actuales en la frontera sur “no han cambiado” y que los adultos solteros y las familias que son hallados sin autorización de entrada o permanencia en el país “seguirán siendo expulsados según corresponda”, principalmente bajo el Título 42 (expulsiones aceleradas) y el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA), que permite deportaciones expeditas.

El Título 42, una política de sanidad sanitaria que data de 1944 y que fue activada en marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus, fue eliminada por el gobierno de Joe Biden. Pero tras una demanda entablada por estados gobernados por publicanos la medida permanece vigente.

El Título 42, una política de sanidad sanitaria que data de 1944 y que fue activada en marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus, fue eliminada por el gobierno de Joe Biden. Pero tras una demanda entablada por estados gobernados por publicanos la medida permanece vigente. Univisión/Hondudiario

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