CPTRT condena aprobación de decreto que encomienda a militares gestión penitenciaria

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***Asimismo, al menos 54 personas perdieron la vida y múltiples han resultado con lesiones corporales en este periodo.

Tegucigalpa, Honduras

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), condenó la aprobación por parte del del Congreso Nacional (CN), de prorrogar la gestión penitenciaria encomendada a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) desde el mes de diciembre (16) del 2019.

Mediante un comunicado calificó  a los diputados como “irresponsables por no haber considerado que el Estado de Honduras tiene compromisos internacionales relacionados con el traspaso del Sistema Penitenciario ha autoridades civiles”.

Según el  CPTRT, las prórrogas acordadas han sido consideradas como una acción extremadamente grave por  los organismos internacionales, pues la gestión militar ha sido incapaz de crear valor en beneficio de la población privada de libertad.

Aun no se ha dado una reducción real de la población y del hacinamiento.

Para ejemplificar, detalló que   en la Penitenciaria de Tamara la sobrepoblación es del 98 por ciento. El 54 por ciento de la población privada de libertad continúa bajo el régimen de prisión preventiva, la alimentación es insuficiente y de poco valor nutricional, no han logrado resolver el precario acceso al agua, las acciones en salud no son suficientes, solo 5 centros cuentan con el cuadro básico de medicina.

Asimismo, al menos 54 personas perdieron la vida y múltiples han resultado con lesiones corporales en este periodo. En torturar es en lo único que tiene pericia y prueba de ello es que “el Director de la Penitenciaria Marco Aurelio Soto atacó a un privado de libertad causándole severas fracturas en su cuerpo”.

Por tal sentido, solicitó que “esperamos que el nuevo CN integrado por personas respetuosas de la Ley y del cumplimiento de los acuerdos, convenciones, tratados y reglas existentes para el tratamiento de las personas privadas de libertad anulen este decreto”.

Igualmente procedan a identificar un equipo de expertos que organice y ejecute el Plan de Traslado a la gestión civil. Los militares bajo ninguna circunstancia en un gobierno democrático como se espera que sea el que presida Xiomara Castro se les deben encomendar la gestión de una institución para la cual no tienen absolutamente ninguna formación.

Finalmente ,pidió  que “resulta de alta prioridad que se le someta a una auditoria institucional que permita que el pueblo conozca si han cometido o no actos de corrupción en su gestión. hondudiario/AB

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