*** La ineptitud y la negligencia institucional no pueden seguir costando vidas, señalaron la Coalición Ambiental de Honduras (COAH), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Reportar sin miedo y la la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
La sociedad civil hondureña mantiene su condena total, luego del asesinato de Juan López, un activista ambiental, servidor eclesiástico y regidor en el municipio de Tocoa, Colón, por quien se pide justicia objetiva contra los perpetradores de este violento hecho.
La Coalición Ambiental de Honduras (COAH), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Reportar sin miedo y la la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) plantearon la urgencia que el Gobierno ordene una intervención al Mecanismo de Protección, adjunto a la Secretaría de Derechos Humanos, por haberle negado custodios y otras medidas a López.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas de protección a Juan López, por encontrarse vulnerable, de debido a su oposición contra la extracción de minerales en la Montaña de Botaderos, que generó impactos sobre el río y la comunidad de Guapinol.
“Urgimos la creación de una comisión independiente que investigue a fondo la operación del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y deduzca las responsabilidades administrativas que sean necesarias. La ineptitud y la negligencia institucional no pueden seguir costando vidas”, cita el escrito divulgado este martes.
Juan López, además de ser un destacado ambientalista, era un fiel servidor de la Iglesia Católica en Honduras. Su labor no sólo se enfocaba en la defensa del medio ambiente, sino también en promover los valores de justicia social y equidad, principios que compartía tanto con la Iglesia como con las organizaciones que hoy alzan su voz exigiendo justicia.
“No podemos permitir que la muerte de defensores continúe en la impunidad. Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva de este caso, con el fin de que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia. No aceptaremos que este crimen, como tantos otros, se diluya en la indiferencia y el olvido”, expresa el pronunciamiento firmado por ASJ, la COAH, el CAH y Reportar sin miedo
Para la sociedad civil es imperativo fortalecer urgentemente este mecanismo de protección, despolitizarlo y dotarlo de personal con experiencia en la defensa de los derechos humanos. “No más improvisación ni discursos vacíos: ya basta de palabras, es hora de pasar a la acción”.
Concluyeron que el Mecanismo de Protección debe operar con autonomía administrativa y presupuestaria, separado de la Secretaría de Derechos Humanos, que debido a su “mal manejo ha agravado la crisis” porque no tiene independencia y continuará como una herramienta ineficaz. (Hondudiario)
