«DEMOCRACIA PLURALISTA POR LA DIGNIDAD Y EL BIEN COMUN DEL PUEBLO HONDUREÑO»

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DEMOCRACIA PLURALISTA POR LA DIGNIDAD Y EL BIEN COMUN DEL PUEBLO, CONFORME A LO QUE DISPONE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA.

Por: Roberto Herrera Cáceres

La propagación y pretendida justificación del odio nacional que incita a la discriminación, hostilidad o violencia y debilita la democracia y el Estado de Derecho, es una realidad actual en varios países, en todo el mundo. Desde la ONU se ha llamado tanto a  rechazar lo que ha sido identificado como “aritmética política perversa de dividir a la gente para multiplicar los votos”, como a cualquier planteamiento o posicionamiento que implique o haga posible violación de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas.

Honduras está entre esos países y quienes fomentan el odio social y posicionamientos contrarios a la dignidad humana son destinatarios del anterior llamado, por estar deliberadamente vulnerando la democracia pluralista constitucional, el derecho a la personalidad de cada hondureño y hondureña y su unidad como pueblo soberano, y el deber del Gobierno de conducirse por el cauce constitucional hacia el fomento de condiciones que, como población, nos acerquen, cada vez más, al disfrute de digno bienestar y progreso social para todos (as) los habitantes, sin discriminación.

En efecto, el vigente orden constitucional hondureño está centrado en la dignidad humana y bienestar de todos los (as) habitantes como objetivo supremo y responsabilidad principal del Estado y la sociedad, a alcanzarse como república democrática pluralista y participativa, por medio de la gestión gubernamental del Estado, en un ambiente de vida social en paz, libertad, desarrollo, justicia, seguridad y estabilidad.

Características que deben prevalecer, en nuestra sociedad, para garantizar el logro de ese objetivo supremo en la convivencia social constructiva, con diálogo, participación y contribución de  grupos con diferentes pensamientos, intereses, puntos de vista, estilos de vida y creencias que se manifiestan en la diversidad de toda la población hondureña y que vivifican la vida política en Honduras, con respeto mutuo, tolerancia entre las personas y libertad de expresión.

De ahí que, para el ejercicio de nuestra democracia pluralista, la misma Constitución ordene expresamente que: “El Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y de la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la Administración Pública, la estabilidad política y la paz social”.

Así, está visualizado o previsto constitucionalmente nuestro orden público, utilizando el instrumento de nuestra democracia pluralista, representativa y participativa para crear y dar permanente vigor a una sociedad política, económica y socialmente justa, cuya base perdurable se encuentre en un pueblo solidariamente unido en su firmeza y constancia en mejorar progresivamente su calidad de vida y de trabajo, en Honduras.

Por ello, el deber constitucional es que se respete nuestra libre determinación y superior posición constitucional como pueblo titular de la soberanía nacional que debe mantenerse solidariamente unido en ejercicio del derecho humano a la  personalidad y de la libertad y otros derechos humanos como personas, respetándonos mutuamente y contribuyendo con buenos gobiernos, con participación, contribución y dialogo, para lograr el objetivo de dignificación humana y bienestar de la población entera, en  democracia, libertad, paz, justicia, seguridad y estabilidad. Ello garantizará que el aseguramiento del ejercicio efectivo de la democracia pluralista hondureña fomente siempre el respeto  de la dignidad humana y el  logro del bienestar común del pueblo.

En consecuencia, la falta de ejercicio debido del sistema de gobierno democrático pluralista es lo que aumenta y ha continuado históricamente agravando los grandes males públicos cuya atención responsable se ha ignorado y, en cambio, se ha dado preferencia al  odio, la intolerancia, discriminación, exclusión, hostilidad, violencia, desinformación, corrupción y otros males que derivan, en gran parte, de la  polarización ideológica.

Entre esos grandes males, la pobreza y el subdesarrollo constituyen el problema principal real que, en lugar de aplicarse a resolverlo, se ha señalado constantemente con el fin de utilizarlo únicamente para dividir al pueblo, induciendo a posiciones irreconciliables y al conflicto con posicionamientos que posibilitan la violación de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas, incluyendo el derecho humano de toda persona al desarrollo.

En efecto, desde nuestra independencia, en el siglo XIX, nuestro Sabio Valle nos advirtió, a todas las generaciones de hondureños (as), la importancia que debíamos dar a la situación entre personas pobres y personas ricas; y la necesidad de hacerlo, con razón y justicia, por medio del desarrollo, tal como lo expresó en el siguiente llamamiento: “ Oídlo… puede pensarse en aumentar los poderes de las clases débiles sin ofender la razón y disminuir los de los fuertes sin agraviar la justicia, puede… y debe  hacerse lo que inspira la razón y dicta la justicia, y la razón jamás aprobará y la justicia nunca permitirá que se hunda en la nada algunas clases y se eleve a otras a lo más alto del poder. Dar a las primeras lo que necesiten para ser o tener existencia y poner límites en las segundas a tanta sobreabundancia de poder, es restablecer las cosas al orden de la razón y justicia, impedir crímenes y multiplicar virtudes, quitar lo más horrible y sustituirlo por lo más bello que puede adornar a los Estados”.

 Es imperativo resolver ese prolongado problema fundamental de pobreza, discriminación y ausencia de desarrollo sostenible que produzca bienestar para todos (as) como se requiere  para la productiva y segura vida en sociedad. Solución que debe ser conforme a nuestro Estado Constitucional de Derecho que garantiza la organización de Honduras como República democrática e independiente cuyo sistema de gobierno pluralista, representativo y participativo, debe ejercerse legítimamente para producir la solución propia hondureña que marque el comienzo del fin de ese estado de cosas inconstitucional, respetando y promoviendo los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin discriminación alguna.

Esa necesidad  nacional se reconoce también en Centroamérica, a finales del siglo XX, en el período 1991 – 1995, en instrumentos subregionales vigentes actualmente, en los cuales se caracteriza, como base de la seguridad democrática regional, al pluralismo político, la superación de la pobreza, la promoción del desarrollo sostenible y la protección del consumidor, entre otros bienes públicos que deben fomentarse y salvaguardarse nacional y regionalmente. (Protocolo de Tegucigalpa que constituye el Sistema de la Integración Centroamericana, 1991; Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, 1994; Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, 1994; y Tratado de  la Integración Social Centroamericana, 1995).

En el orden internacional, el Derecho internacional de los Derechos Humanos refleja la evolución progresiva en materia de derechos humanos y su aplicación a las personas en situación de pobreza por medio del desarrollo, en igualdad de posibilidades y sin discriminación. En especial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, proclama que: “… todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él…Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste”.

Inclusive la Declaración Universal Sobre la Democracia señala, entre los elementos y el ejercicio del gobierno democrático pluralista, que: “Los procesos democráticos se ven impulsados por un entorno económico favorable; por consiguiente, en su esfuerzo general de desarrollo, la sociedad debe comprometerse a satisfacer las necesidades económicas fundamentales de los más desfavorecidos, logrando así su plena integración en el proceso democrático”.

En el 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Honduras, hicieron un llamamiento a la acción para cambiar nuestro mundo, afirmando y resolviendo “construir un futuro mejor para todos, incluidos los millones de personas que se han visto privadas de la oportunidad de llevar una vida decente, digna y plena y de realizar todo su potencial humano. Tal vez seamos la primera generación que consiga poner fin a la pobreza…”.  Ese llamamiento lo hicieron en ocasión del anuncio del acuerdo para la acción mundial  que es la  vigente Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se consigna, con carácter integrado e indivisible, diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos los siguientes: poner fin a la pobreza y al hambre y garantizar la inclusión social con igualdad de oportunidades; una vida sana y disponibilidad del agua, educación inclusiva y equitativa y oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas; así como el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos(as) y la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible

En esa Agenda se destacó, por los representantes de los Estados miembros de la ONU, que son los pueblos quienes emprenden esta transformación de nuestro mundo y que serán acompañados “por los gobiernos, así como los parlamentos, el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, las autoridades locales, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las empresas y el sector privado, la comunidad científica y académica y toda la población”. Así se espera que deba serlo.

En conclusión, nuestra constitucional República democrática pluralista, por medio de sus sucesivos gobiernos legítimos, tiene el deber supremo de respetar y fortalecer nuestro Estado constitucional de Derecho con un eficaz sistema de gobierno pluralista, representativo y participativo, en diálogo constructivo con toda la población debidamente representada, para asegurar la superación de las causas y efectos de la pobreza y promover el desarrollo sostenible planificado hacia la dignificación y el bienestar común de la población,. Esa es la transformación, el cambio innovador, la nueva y diferente normalidad debida y necesitada, en Honduras, para disfrutar de vida digna para todos (as) en sociedad justa que afirme la nacionalidad y propicie condiciones para la plena realización de todos los (as) habitantes.

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