*** El CONADEH urgió al Estado hondureño tomar las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos de personas que forman parte de los pueblos indígenas
Al menos 135 personas indígenas y afrohondureñas denunciaron, entre el 2016 y el 2022, estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado, informó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
El ente estatal detalló que, durante estos siete años, 83 casos, que representan el 61 por ciento, se encontraban en riesgo mientras que 52 (39 por ciento) se habían desplazado forzadamente por violencia.
Entre los pueblos más afectados figuran los garífunas, Lencas, los miskitos, tolupanes, pech y en menos grado los Tawanka y los Maya Chortís.
La mayor concentración de las quejas de personas indígenas y afrohondureñas, en riesgo o víctimas del desplazamiento forzado, se presentaron en 6 de los 18 departamentos del país, Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Valle.
El Riesgo o el desplazamiento forzado de las víctimas estuvo asociado a causas como el despojo de tierras, extorsión, amenazas, tentativas de homicidios, usurpación de propiedad y asesinatos.
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre expresó su preocupación ya que los pueblos indígenas y las comunidades garífunas enfrentan riesgos individuales y colectivos debido a la violencia, en particular por defender el territorio y las tierras ancestrales.
Agregó que, los pueblos indígenas de Honduras siguen siendo víctimas del racismo, la discriminación y de la desigualdad en el acceso a derechos como la salud y la educación. Además, enfrentan niveles de pobreza desproporcionadamente mayores y una menor esperanza de vida.
Uno de los desafíos que enfrentan es la falta de protección sobre el derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales, que constituyen los pilares centrales de sus medios de vida e identidad cultural.
La defensora de los derechos humanos urgió al Estado hondureño tomar las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos de personas que forman parte de los pueblos indígenas, que experimentan una dependencia especial de su tierra.
Los vacíos de protección legal en amparo para las personas indígenas y afro-hondureñas deriva en situaciones de violencia como homicidios en contra de líderes y defensores de los derechos humanos.
Entre el 2021 y lo que va del 2023, alrededor de 40 defensores de los derechos humanos han muerto bajo esa circunstancia, la mayoría de ellos dedicados a la defensa de los pueblos aborígenes, la tierra, los territorios, así como defensores del ambiente.
De esta radiografía de la inseguridad para los defensores de los derechos humanos en Honduras, 11 perdieron la vida en el 2021, un año después 18 y, en lo que va del 2023, alrededor de una docena.
De acuerdo con los testimonios de los peticionarios, las situaciones de riesgo o desplazamiento forzado de personas pertenecientes a pueblos indígenas se presentan en un contexto de lucha por la tierra y territorios, asimismo, por las actividades del crimen organizado que despoja de la propiedad a los habitantes de pequeñas comunidades.
Al CONADEH le preocupa que el Estado hondureño no realice las acciones suficientes para garantizar la protección y goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afro-hondureños, en especial, los relacionados con los territorios y recursos naturales y, la violencia e impunidad que sufre esta población.
Ha quedado de manifiesto que los pobladores, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, que luchan por sus derechos, en ocasiones, son criminalizados, al grado, de ser objeto de persecución, hostigamiento, amenazas a muerte, lesiones y otra serie de flagrantes violaciones a sus derechos humanos.
Se estima que la población de pueblos indígenas y afro-hondureños representa el 8 por ciento de los 9.6 millones de habitantes con que cuenta este país centroamericano.
Entre los pueblos originarios de Honduras figuran los Miskitos, Tawahka, Maya Chortí, Nahua, Pech, Lenca y Tolupán; y personas afrohondureñas integradas por garífunas y negros de habla inglesa.
En agosto del 2016, el CONADEH con la asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) activó la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), con el objeto de monitorear de manera permanente el fenómeno de desplazamiento forzado interno, a nivel nacional, por medio de análisis principalmente cualitativos. Hondudiario