Desplazamiento forzado afecta a miembros de los pueblos indígenas y afrohondureños

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*** El riesgo o desplazamiento forzado de personas indígenas y afrohondureñas estuvo asociada a causas como las amenazas, asesinatos, extorsión y el despojo de tierras.

Tegucigalpa, Honduras

En los últimos ocho años, el desplazamiento forzado por violencia afectó a miembros de los pueblos indígenas y afro-hondureños, reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ente estatal que, entre el 2016 y el 2023, atendió alrededor de 180 quejas de personas víctimas de esa modalidad violatoria.

Solo en el 2023, el CONADEH atendió 42 casos de personas indígenas y afrohondureños en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado, en su mayoría por defender su derecho a la tierra, al territorio y al ambiente.

En el 57 por ciento de los casos, las personas denunciaron estar en riesgo mientras que, el 43 por ciento restante que fueron víctimas de desplazamiento forzado.

Entre los hallazgos, el informe establece que, los pueblos indígenas y afrodescendientes más afectados fueron los Miskitus con un 76 por ciento, los Garífunas con un 17 por ciento, seguidos por los Lencas con un 5 por ciento y los Negros de Habla Inglesa con un 2 por ciento.

Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Valle, fueron los departamentos con la mayor concentración de las quejas de personas indígenas y afro hondureñas, en riesgo o víctimas del desplazamiento forzado.

El coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro hondureños, Frank Cruz explicó que, en el 2023, al menos 23 hombres y 19 mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendientes denunciaron ser víctimas de esa modalidad violatorio de los derechos humanos.

El riesgo o desplazamiento forzado de personas indígenas y afrohondureñas estuvo asociada a causas como las amenazas, asesinatos, extorsión y el despojo de tierras.

Entre los responsables de poner en riesgo la integridad física y la vida de miembros de los pueblos indígenas y afrohondureños figuran personas vinculadas a bandas criminales, pandillas y al crimen organizado.

Blanca Izaguirre, titular del CONADEH declaró que las poblaciones indígenas y afrohondureñas, además de ser parte de las poblaciones y comunidades en situación de vulnerabilidad, enfrentan grandes barreras estructurales históricas, que se traducen en discriminación y en afectaciones a sus derechos individuales y colectivos, que contribuyen a su exclusión social.

“Es urgente que el Estado hondureño tome las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos de personas de pueblos indígenas y afrohondureños”, recomendó.

De 138 quejas atendidas, por el CONADEH, de este sector vulnerable de la población, en el 2023, alrededor de 30 están relacionadas con amenazas a muerte, el resto con la falta de acceso a la justicia y el debido proceso legal, abusos a la propiedad privada, omisión de respuesta a peticiones, ejercicio indebido del servidor público, entre otras.

Entre las instituciones más denunciadas por las personas indígenas y afrohondureñas  figuran la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Policía Nacional Preventiva (PNP), los juzgados de paz, de letras, las  alcaldías municipales y las Fuerzas Armadas.

Honduras cuenta con la presencia  de 9 pueblos indígenas y afro hondureños, los tolupanes, lencas, garífunas, Maya-Chorti, Tawahkas, Pech, Miskitus, Náhuatl y negros de habla inglesa o Creoles , que continúan siendo víctimas de patrones de violencia institucional o sistemática por parte del Estado de Honduras. Hondudiario

 

 

 

 

 

 

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