Hondureños emigraron en 2023 por violencia, pobreza e impunidad: Amnistía Internacional

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*** El informé de la Amnistía Internacional señala las consecuencias por las que muchos hondureños emigran a otro país.

Tegucigalpa, Honduras
Migrantes saliendo de SPS. Foto Twitter

La Amnistía Internacional (AI), señaló mediante un informe anual publicado en las últimas horas, que miles de hondureños se vieron obligados a huir del país en 2023 a causa de los altos índices de violencia, impunidad, desigualdad y pobreza, cuyas consecuencias se vieron agravadas por el cambio climático.

“Al concluir el año, el estado de excepción que permitía la militarización y la restricción de derechos en más de la mitad de los municipios del país llevaba vigente más de 12 meses”, expuso el informe.

Por otro lado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró más de 360 denuncias contra las fuerzas de seguridad y cuestionó la necesidad y proporcionalidad de esa dilatada medida, añade el informe

Además, señaló que, tras varias semanas de estancamiento, el Congreso Nacional nombró en noviembre un fiscal general interino, lo que fue objeto de muchas críticas, y que el proceso de establecer una Comisión Internacional contra la Impunidad con apoyo de las Naciones Unidas estaba en marcha, pero seguía pendiente al concluir el año.

La llegada al país de una misión contra la corrupción y la impunidad es una promesa de campaña de la presidenta del país, Xiomara de Zelaya.

El informe añade que en junio de 2023 el Gobierno desplegó a la Policía Militar del Orden Público para que controlara las prisiones después de un enfrentamiento que se había saldado con la muerte de 46 reclusas en una prisión de mujeres, cercana a Tegucigalpa.

También destaca que, según Global Witness, Honduras presentaba en relación con su población la cifra más alta del mundo de personas defensoras de los derechos ambientales y de la tierra asesinadas.

El informe también añadió que, además, la elaboración de un protocolo para investigar los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018, seguía pendiente. Al concluir el año, Honduras no había firmado el Acuerdo de Escazú.

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