Juez Castel registra orden CIPA para resumir información clasificada en juicio de JOH  

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*** La CIPA tiene como objetivo proteger la información clasificada de la divulgación no autorizada. 

Tegucigalpa, Honduras

El juez Kevin Castel, quien atiende el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, registró una orden de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), por sus siglas en inglés), la cual permite a Estados Unidos resumir información clasificada, según se conoció este miércoles.  

La información la reveló el abogado y periodista Oscar Estrada.  Bajo esta orden, el fiscal puede presentar resúmenes o versiones redactadas de la información clasificada que está solicitando la defensa del caso, en lugar de revelar los detalles completos, explicó.  

Lo anterior, ayuda a proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y los secretos de estado, mientras se asegura de que el proceso legal pueda proceder con información relevante, aunque limitada, amplió.  

La información disponible detalla que la decisión del juez Castel indica que cierta información que el gobierno considera clasificada no necesita ser divulgada en su totalidad en el contexto de un caso legal, pero se permite su resumen o versión modificada para propósitos judiciales. 

Expresidente Hernández el día que fue extraditado

 La Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA) es una ley federal de los Estados Unidos que establece los procedimientos para el manejo de información clasificada en los tribunales civiles y penales. La ley fue aprobada en 1980 y se modificó por última vez en 2010. 

La CIPA tiene como objetivo proteger la información clasificada de la divulgación no autorizada.  

Además, establece que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger la información clasificada que se divulga en un caso judicial. En este caso, se solicitó al tribunal una orden de protección para evitar la divulgación no autorizada de información clasificada. 

La CIPA también establece los derechos de los acusados en casos penales en los que se involucra información clasificada. Los acusados tienen derecho a tener acceso a la información clasificada que se les imputa, pero el gobierno puede solicitar al tribunal que redacte la información para proteger su sensibilidad. OB/Hondudiario 

 

 

 

 

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