*** La próxima elección de los integrantes de la CSJ, por el Congreso Nacional, debe ajustarse al Estado constitucional de Derecho, en particular a la democracia pluralista, a la forma de Gobierno, al fin supremo del Estado y la sociedad y a la responsabilidad de los servidores del Estado de Honduras, señaló Herrera Cáceres.
El ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, sobre la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manifestó que en un Estado de Derecho, la Constitución de la República es la norma fundamental jurídico – política suprema a la que deben someterse todos los poderes públicos y la sociedad. Es nulo y acarrea responsabilidad todo acuerdo entre servidores públicos u otros sectores y personas que busquen evadir la imperatividad constitucional o suplantarla.
Agregó que la Constitución de la República reconoce el pluralismo y establece nuestra Forma de Gobierno, mediante normas que son aplicables a todos los servidores públicos de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
«El propósito es que estos poderes, actuando separadamente y de manera independiente en el ejercicio de sus competencias, se complementen como un sólo poder constitucional, integrado participativamente con pluralismo político, para asegurar, a los habitantes, el logro del fin del Estado y de la sociedad que es el disfrute de la dignidad humana, la justicia, la libertad y el bienestar común de los habitantes de Honduras en nuestra republicana, democrática, representativa y participativa forma constitucional de Gobierno: la Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial cuya potestad de impartir justicia trae su origen y deriva de la soberanía del pueblo, por lo que la elección de sus integrantes debe dar objetivamente fe de su integridad, idoneidad, independencia e imparcialidad, conforme al orden público establecido y resguardado jurídicamente, por Honduras, para alcanzar el fin constitucional supremo de la sociedad y del Estado».
El ex ómbudsman Herrera Cáceres, en declaraciones a hondudiario.com, sobre los diferentes escenarios mediáticos, desde el proceso de selección de la Junta Nominadora, para elegir a los magistrados de la CSJ, explicó que las «negociaciones y arreglos políticos lícitos en la elección de magistradas y magistrados de la Corte suprema de Justicia, es de reiterar que dependen de su legitimidad, es decir que deben ser actuaciones caracterizadas totalmente por el respeto y la aplicación fehaciente de lo que disponen expresamente las normas de la Constitución de la República, en particular las que garantizan el respeto y la protección de la dignidad humana, la soberanía del pueblo, la Forma de Gobierno de la República y su debido sustento, las relaciones entre poderes públicos, su separación, complementariedad e independencia, incluyendo las disposiciones especialmente aplicables al Poder Judicial».
«En consecuencia, se debe tener presente que según nuestro Estado constitucional de Derecho – cuya vigencia e imperatividad requieren hacerse efectivos ciertamente en la vida cotidiana – llama al deber ciudadano de alertar tempranamente en cuanto a que, esa elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, deberá asegurar (como obligación y bajo la responsabilidad de los diputados y diputadas del Congreso Nacional y, de los magistrados y magistradas próximamente en funciones) que las personas así electas, no la hayan sido por compromisos políticos u otros contraídos a pesar de que afectarían el independiente e imparcial ejercicio de la función jurisdiccional».
Según el ex comisionado de DDHH, «esos compromisos con personas representantes de otros poderes del Estado, de grupos privados o de familias, constituirían otro atentado contra la democracia, la forma constitucional de Gobierno y el Estado de derecho de Honduras. A ese respecto, se resalta que la Constitución de la República prohíbe expresamente también a los partidos políticos atentar contra el sistema republicano, democrático y representativo de Gobierno».
En efecto, toda condicionalidad del voto favorable a la exigibilidad de posteriores compromisos de servidores públicos electos, conduciría a la autocracia, es decir a colocar el poder en una sola persona, familia o grupo de personas para que gobierne arbitrariamente, sin someterse a ningún tipo de limitación, con la facultad de promulgar y modificar leyes a su antojo, así como también de influir en la toma de decisiones judiciales definitivas con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de quienes habitamos en Honduras.
Advirtió que «en suma, ello llama a una alerta temprana ciudadana y de nuestros legítimos representantes en el Congreso Nacional, velando por la efectividad del Estado constitucional de Derecho para evitar toda acción u omisión contra los elementos esenciales de la democracia pluralista y los componentes fundamentales de su ejercicio en Honduras; tal como se desprende de la Carta Democrática Interamericana». MO/hondudiario
