***Redondo enfatizó que, de no entregar la información requerida, podrían incurrir en responsabilidad penal.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, aseguró que las autoridades están en la obligación de brindar información sobre la tasa de seguridad, luego de derogarse la Ley de Secretos.
Después de la derogación del decreto que daba vida a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, también llamada Ley de Secretos, no existen impedimentos para que el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad (CTF) brinde información.
En ese sentido, en primera instancia a través de Twitter aclaró que los ciudadanos que solicitaron información de la Tasa de Seguridad antes de la derogación, solo deben volver a pedir la misma.
“A todas aquellas personas que hayan hecho solicitudes de información de la tasa de seguridad antes de la derogación de la ley de secretos”, expresó.
“Lo único que tienen que hacer es volver a solicitarla después de la derogación, porque a partir de ese momento es que ya no existe la ley de secretos, por lo tanto no existe ningún impedimento o prohibición para dar información de la tasa de seguridad”, explicó.
Redondo enfatizó que, de no entregar la información requerida, podrían incurrir en responsabilidad penal.
“Cualquier autoridad incurre en responsabilidad penal o comete delitos si deniega información pública, propia de su institución, como ser sobre los fondos de la tasa de seguridad”, señaló.
“Frente a esta denegatoria cualquier ciudadano afectado puede interponer las denuncias al Ministerio Público, quien es la autoridad competente para investigar y enjuiciar a estas personas que deniegan la información”, concretó.
Cabe señalar que, la Ley de Secretos se aprobó el 24 de enero de 2014 y autorizaba al presidente de la República y jefes de instituciones centralizadas y descentralizadas a clasificar información oficial en un periodo de 5, 10, 15 o 25 años, dependiendo si era catalogada como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, respectivamente.
No obstante, el pasado 2 de marzo el Congreso Nacional voto a favor de su derogatoria, misma que después fue sancionada por la presidenta, Xiomara Castro.
Dicho decreto entró en vigencia el 23 de marzo de 2022 luego de ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, permitiendo que se desclasificara la información pública y sea obtenible mediante el IAIP. GO/Hondudiario
