***La causa principal de las crisis en el país, es habernos desviado del camino que conduce constitucionalmente al cambio hacia una mejor realidad proyectada, porque se optó por seguir otros caminos de interés personal o de grupos, lo que ha mantenido a Honduras en la pobreza, el subdesarrollo, la exclusión y marginación social, corrupción, arbitrariedad, impunidad, violencia, odio, debilitamiento de la identidad nacional, falta de cohesión social y de respeto a la dignidad humana de cada habitante.
Ante la inminente crisis que se vive en el país, por la violación a la Constitución de la República, el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y consultor internacional, Roberto Herrera Cáceres, manifestó que «deberíamos hacer que Honduras vuelva a su cauce constitucional normal, corrigiendo la habitual y fraudulenta práctica política de abuso de poder que busca siempre obtener beneficios personales, familiares o de grupos políticos, económicos, sociales y de otra índole».
Entrevistado por hondudiario.com, el doctor Herrera Cáceres, sobre la situación actual que se vive en el país, ligado al abuso y el irrespeto a la Constitución de la República, que es la senda imperativa de los gobiernos y el fin supremo del Estado para asegurar la dignidad humana y el bienestar común, señaló que el abuso se origina porque se ha desviado «la gestión del gobierno o gobiernos sucesivos de la senda constitucional; Abuso o desviación de poder que configura un sistema de corrupción estructural que, a lo largo de la historia, ha impedido a las personas el disfrute real y efectivo de los derechos humanos».
Asimismo señaló que a pesar de la situación de multicrísis en la que nos encontramos por acumulación hasta el presente, «la Constitución de la República está y seguirá vigente como imperativa norma fundamental suprema, tal como lo dispone expresamente en el capítulo sobre su inviolabilidad. En fin, la solución está en el inmediato debido cumplimiento y aplicación eficaz de la Constitución vigente en la unidad plena de todas las normas que la conforman incluyendo su preámbulo, tratados, principios, prácticas y sentencias internacionales y las leyes complementarias compatibles».
Agregó que para hacerlo debidamente, «debemos estar conscientes de que nuestro Estado Constitucional de Derecho ha evolucionado y que, en el presente siglo XXI, reviste también las calidad de estado convencional, es decir que: además de lo dispuesto en nuestra Constitución y leyes, en cuanto al derecho de participación, veeduría social, transparencia y rendición de cuentas por los servidores públicos así como la defensa de la ciudadanía recurriendo al control de constitucionalidad: Ahora, desde el presente siglo, por la vía del control simultáneo de convencionalidad, debe verificarse complementariamente las normas y prácticas hondureñas relacionadas con la aplicación concreta de la garantía del respeto y promoción de la dignidad humana en nuestro país, para determinar su correspondencia obligatoria con las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa aplicación y cumplimiento, por parte de quienes laboran en el servicio público del pueblo en el gobierno del Estado democrático Constitucional vigente, necesita ser acompañada de una real y efectiva lucha anticorrupción con enfoque de dignidad humana,
La apreciación del Ombudsman hondureño sobre las múltiples crisis nacionales que afectan negativamente a la población y el incumplimiento de lo que establece la Constitución de la República de Honduras, señaló que ésta «es la máxima expresión de la autodeterminación soberana del pueblo o sociedad para vivir dignamente disfrutando, en libertad e igualdad, de sus derechos humanos y libertades y de bienestar, disponiendo de servicios públicos funcionales y de los recursos, riquezas y medios de subsistencia y de desarrollo para toda la sociedad y previniendo y erradicando las amenazas a la seguridad humana».
Estimó que para lograrlo se ha organizado y pone en funcionamiento el Estado por medio de su gestión por el Gobierno que se encarga a ciudadanos (as) que deben actuar temporalmente, «en representación y como servidores de nosotros la sociedad o pueblo, para impulsar la continuidad en el funcionamiento del Estado en asegurar el disfrute progresivo de la dignidad humana y el bienestar común, en Honduras».
Por todo ello, la Constitución de la República es la Ley Fundamental y tiene la posición de Ley Suprema que determina democráticamente el plan obligatorio de transformación de la sociedad hondureña para que los ciudadanos (as) que resulten legítimamente electos por el pueblo o en segundo grado como servidores públicos en los tres poderes e instituciones públicas, ejerzan sus funciones y competencias en dirección exclusiva del propósito superior del Estado democrático que es promover y respetar la dignidad humana de los (as) habitantes y garantizar su bienestar común.
«Recuérdese que el Estado y quienes dirigen los sucesivos gobiernos no tienen intereses ni fines propios, solo tienen funciones y competencias para gestionar el Estado hacia los fines que el pueblo ha acordado y reflejado expresamente, en la Constitución, en el propio y exclusivo beneficio de la sociedad entera. Por lo que la impartición de justicia. humanista debe saberse asegurar igualmente en la tutela judicial efectiva de los derechos humanos resolviendo cada caso particular de modo humanizado, así como previniendo y erradicando la corrupción, el crimen organizado, la violencia y otros males que amenazan la seguridad humana del pueblo», señaló.
Recordó que «está a la vista que después de cuarenta y un años de vigencia de la Constitución de 1982 no se le ha debidamente respetado ni se ha cumplido con lo previsto en la normativa constitucional que proclama la existencia de Honduras como Estado soberano de Derecho constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar una pluralista sociedad hondureña política, social, cultural y económicamente justa,, en la que todos (as) los habitantes debemos disfrutar, en libertad e igualdad, nuestra dignidad humana y del bienestar común. en condiciones de paz, libertad, igualdad y desarrollo con justicia social».
Indicó que a pesar de lo ordenado imperativamente por la Constitución de la República, es muy poco lo que hemos avanzado en la aplicación de ese obligatorio plan de vida en sociedad democrática. En efecto, lo que tenemos es lo opuesto a nuestra organización como Estado democrático de Derecho con el superior fin social de dignidad humana y bienestar común».
Agregó además que la causa principal de la violación a la Constitución de la República, «es habernos desviado del camino que conduce constitucionalmente al cambio hacia una mejor realidad proyectada constitucionalmente porque, en general, se optó, por acción u omisión de quienes han integrado la administración o gestión de los gobiernos, por seguir otros caminos de interés personal o de grupos, lo que ha mantenido a Honduras en la pobreza, el subdesarrollo, la exclusión y marginación social, corrupción, arbitrariedad, impunidad, violencia, odio, debilitamiento de la identidad nacional y falta de cohesión social y de respeto a la dignidad humana de cada habitante de Honduras». Marino Ortariz/hondudiario.
