*** Otra de las preocupaciones mencionadas por Platero es la posibilidad de que los niños nacidos en Estados Unidos de padres en situación irregular puedan ser dados en adopción si sus progenitores son expulsados.
La defensora de los Derechos Humanos en Honduras, Itsmania Platero, expresó su preocupación ante el impacto que podría tener para la comunidad migrante el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, advirtiendo sobre una política más estricta hacia las personas que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Platero recordó que, desde septiembre de 2019, durante una reunión entre el entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y Donald Trump, ambos países firmaron un acuerdo por el cual Honduras se comprometió a ser considerado un “tercer país seguro”.
Este convenio formaba parte de la cooperación para abordar las causas estructurales de la violencia en Centroamérica y conllevaba la responsabilidad compartida de acoger a migrantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, además de los hondureños.
Platero añadió que, si Arizona se suma a otros estados y se aplica la ley SB 314, el cruce ilegal de la frontera será considerado un delito federal. Según la defensora, esta normativa conlleva la captura y deportación inmediata de quienes sean encontrados en situación irregular, afectando incluso a núcleos familiares.
Un juez federal del estado de Texas anuló un programa del presidente Joe Biden que buscaba regularizar la situación de cerca de medio millón de indocumentados, cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Según el fallo, emitido anoche, el juez J. Campbell Barker encontró que el programa Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias) viola la ley de inmigración de EEUU y se pone del lado de Texas y más de una docena de otros estados liderados por republicanos, que interpusieron una demanda contra la norma.
La decisión del magistrado, nombrado por Donald Trump (2017-2021), representa una derrota para la Administración Biden y para los grupos proinmigrantes que habían alentado a los favorecidos a acogerse a la medida.
Lo más importante del programa es que permite a los beneficiados realizar el proceso para obtener una residencia permanente en EEUU por estar casado o ser hijastro de un ciudadano estadounidense sin tener que salir del país y exponerse a la sanción de 10 años.
Ante este escenario, alertó sobre las implicaciones para los cónyuges en estatus irregular, especialmente para las mujeres latinas casadas con ciudadanos estadounidenses que aún no han regularizado su situación migratoria. En caso de no hacerlo, advirtió, corren el riesgo de ser deportadas.
Otra de las preocupaciones mencionadas por Platero es la posibilidad de que los niños nacidos en Estados Unidos de padres en situación irregular puedan ser dados en adopción si sus progenitores son expulsados. Subrayó también el riesgo de que estas familias sean separadas, lo que supondría un impacto severo sobre los menores y sus derechos. OB/Hondudiario
