*** Dirigentes de los pueblos lenca y chortí exigieron a las autoridades que brinde una respuesta efectiva, ante las violaciones que enfrentan los defensores de derechos humanos.
Las comunidades indígenas, en particular los lenca y chortí, señalaron que hay pocos avances contra la marginación y exclusión que han enfrentado históricamente, además de persistir un acceso limitado de recursos y servicios básicos, por lo que este miércoles demandan nuevamente mayor atención al Estado de Honduras durante el Foro «Fortaleciendo la Voz y los Derechos de los Pueblos Indígenas», donde no hubo presencia del sector oficial.
Los problemas más comunes incluyen deficiencias en educación, salud, seguridad, empleo y la pérdida de cultura y tradiciones. Las mujeres y los jóvenes son particularmente vulnerables, enfrentando discriminación de género y limitadas oportunidades de participación cívica y empleo, dijeron dirigentes del Consejo Nacional Indígena Chortí de Honduras (CONICHH).
Este foro tuvo como objetivo principal promover el respeto de los derechos de los pueblos indígenas mediante el cumplimiento de leyes, tratados y convenios nacionales e internacionales, con énfasis en mujeres y jóvenes. Los objetivos específicos incluyen, informaron el Centro de Desarrollo Humano (CDH) y el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH).
Durante las ponencias, líderes de la comunidad lenca y chortí, reiteraron que se debe respetar su derecho a las consultas previas, libres e informadas; además pidieron al Congreso Nacional que se ratifique el Acuerdo de Escazú, que es un instrumento internacional para garantizar el acceso a la información y la justicia para los defensores del territorio y ambiente.
PRONUNCIAMIENTO:
El Foro Nacional, organizado por jóvenes y mujeres Lencas y Chortí, en el marco del proyecto “Mujeres y Jóvenes Indígenas en Acción por la Paz” con intervención en los departamentos de La Paz, Intibucá y Copán, es un espacio que nos permite expresar y reafirmar nuestras perspectivas, opiniones y necesidades frente a representantes del gobierno, otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. El propósito es influir en las decisiones políticas, exigir el respeto y cumplimiento de los derechos de toda la población indígena, especialmente de las mujeres y jóvenes Lenca y Chortí, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT y otros tratados internacionales destinados a proteger nuestros derechos, promover la participación activa y garantizar el respeto a nuestras tradiciones ancestrales.
Las comunidades indígenas en Honduras, especialmente Lenca y Chortí, enfrentamos una historia de marginación y exclusión, resultando en un acceso limitado a recursos y servicios básicos. Los principales problemas que enfrentamos son:
Educación: Escasez de material didáctico, infraestructura deficiente, largas distancias para acceder a centros educativos, politización de plazas y becas limitadas.
Salud: Sistemas de salud ineficaces, mala atención al paciente, escasez de medicamentos, infraestructura en mal estado y falta de personal (psicólogos, médicos, enfermeras y promotores de salud).
Política: Politización en el sector gubernamental, falta de coordinación entre entidades gubernamentales, recortes presupuestarios, falta de apoyo a comunidades indígenas, exclusión de empresas asociativas campesinas y discriminación por parte de las autoridades.
Seguridad: Inseguridad en las vías de acceso a las comunidades, con frecuentes delitos.
Cultura: Pérdida de la lengua materna y tradiciones, aculturación, y pérdida de celebraciones tradicionales.
Empleo: Limitado desarrollo económico, escasez de oportunidades de empleo, trabajo informal y precario, y falta de emprendimientos debido a la falta de recursos. Las mujeres enfrentan una discriminación exacerbada por machismo, clasismo y patriarcado, con alta incidencia de violencia doméstica. Los jóvenes, en particular, enfrentamos limitadas oportunidades de estudio y empleo, y estamos en gran medida excluidos de los procesos de toma de decisiones, a pesar del papel crucial en las luchas territoriales. Las propuestas para establecer consejos juveniles indígenas han sido ignoradas por las organizaciones indígenas nacionales, que consideran que los jóvenes aún no tenemos la sabiduría necesaria para participar en decisiones comunitarias. Además, muchos jóvenes muestran poco interés en las estructuras tradicionales debido a la influencia de culturas externas y la falta de valoración de las tradiciones ancestrales.
Por tanto,
Exigimos que se brinde una respuesta efectiva por parte de las autoridades ante las violaciones que enfrentan los defensores de derechos humanos.
Solicitamos la priorización de la mesa interinstitucional promovida por la Secretaría de Derechos Humanos para resolver conflictos en los territorios indígenas.
Urgimos la reglamentación de la Consulta Libre Previa e Informada en los 298 municipios del país para asegurar la participación de los pueblos originarios en la toma de decisiones.
Pedimos que el gobierno reconozca y honre la deuda histórica con el pueblo maya Chortí, cumpliendo los compromisos asumidos desde 1997 de proporcionar al menos 14,700 hectáreas de tierra para la recuperación de territorios ancestrales.
Compra y Titulación de Tierras: Exigimos la compra y titulación inmediata de las ofertas de venta de tierras presentadas por las etnias Lenca y Chortí y que se extienda el título correspondiente a los pueblos originarios.
Agilización de Títulos Pendientes: Pedimos la agilización de los trámites para la titulación de tierras pagadas desde 2008 a favor de la comunidad indígena Lenca Chortí.
Instamos a incorporar a los pueblos maya Chortí y Lenca en los proyectos y programas destinados a mejorar la calidad de vida en las comunidades indígenas, garantizando el derecho a la consulta, participación y desarrollo con identidad, en coordinación con las federaciones representativas.
Demandamos la implementación de mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos, asegurando su acompañamiento en los procesos.
Enfatizamos la importancia de adoptar el Acuerdo de Escazú para establecer un marco legal robusto que promueva la participación comunitaria en la gestión ambiental, garantizando que las comunidades locales tengan un papel activo en las decisiones que afectan sus territorios y protegiendo sus derechos. (Hondudiario/ JQ)
